Una vez más el gobierno de Nicolás Maduro se ha aferrado a las tesis negacionistas del fenómeno migratorio venezolano o, al menos, busca reducirlo a su mínima expresión, quitándole importancia, poniendo en duda su magnitud, deslegitimando el esfuerzo que realizan diversos gobiernos y agencias de cooperación internacionales para abordar esta crisis que ya ha afectado a 7,1 millones de ciudadanos del vecino país y, finalmente, construyendo relatos que se alejan, sin vergüenza, de la realidad.
En esta oportunidad lo ha hecho a través de un comunicado de su Cancillería fechado el 14 de marzo de 2023, emitido con ocasión de la celebración el 16 y 17 de ese mes en Bruselas de la Conferencia Internacional en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida, mesa de donantes donde se han venido recogiendo fondos destinados a financiar los esfuerzos que desarrollan los países de acogida para atender a la migración venezolana.
El documento del gobierno de Caracas comienza señalando que “rechaza la convocatoria y realización” del evento realizado esta vez en la capital belga y los descalifica apuntando que se trata de un acto “hostil” hacia el país que “solo sirve a los intereses mercantiles” de algunos de sus convocantes. Y remata con una grave acusación al señalar que éstos “en convocatorias similares han administrado los recursos de manera opaca y sin ninguna rendición efectiva ante la opinión pública que intentan manipular”.
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Los convocantes de la reunión objeto de semejante denuncia son nada más y nada menos que Canadá, la Unión Europea, así como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los dos primeros están entre los principales donantes, junto a Estados Unidos, de recursos para atender a los migrantes. Se trata de países del mundo desarrollado, naciones democráticas y altamente institucionalizadas de América del Norte y Europa, donde resulta poco creíble que anden en plan de “rebuscar ingentes cantidades de dinero” y menos de manejarlas sin control y con fines inconfesables.
En el caso de ACNUR y OIM, hablamos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no solo tienen a su cargo la asistencia a los migrantes venezolanos que ya llegan a 7,1 millones, sino de otros grandes fenómenos contemporáneos de refugiados y migrantes, como son los casos de Siria, Irak, Afganistán, América Central, Etiopía, Sudán, Ucrania o la cuestión de los rohinya en Birmania, por solo citar algunos. Estamos hablando de situaciones muy diversas que no dan lugar a las inventivas del régimen venezolano respecto a “la politización de los organismos internacionales responsables de la migración”. Más allá de las críticas que podamos hacerles a estas instancias de la ONU, qué sería del manejo de todas estas crisis si no contáramos con la experiencia, la infraestructura, la logística y el personal de estas instituciones internacionales en un mundo cruzado por guerras, genocidios, hambrunas y, en el caso venezolano, por una emergencia humanitaria compleja.
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El comunicado de la Cancillería venezolana afirma, sin rubor alguno, para dar a entender que no hay razones que justifiquen la migración, que Venezuela “ha sabido encontrar el camino de la recuperación económica” y habla de un “poderoso mecanismo” gubernamental para garantizar el “retorno asistido y ordenado de decenas de miles de compatriotas, que son recibidos con amor y atendidos por el sistema de protección social bolivariano”. Las autoridades venezolanas deben estar entendiendo que un sueldo mínimo equivalente a 5,28 dólares mensuales es una demostración de este polo de atracción en que se habría convertido el país, especialmente tras las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros que recientemente indicó que los venezolanos necesitan 91,3 salarios mínimos para acceder a la cesta alimentaria familiar calculada para cinco personas, cuyo valor en febrero fue de 482,26 dólares.
La afirmación que hacen las autoridades venezolanas de que “cientos de miles de venezolanos de manera voluntaria están regresando a nuestro país, creando un flujo positivo de retorno en los últimos años” es muy fácilmente rebatible no solo con la creciente migración venezolana a nivel mundial, sino con las cifras de Migración Colombia que señalan que, con corte a octubre de 2022, en Colombia hay 2.894.593 venezolanos, un aumento del 64% respecto a agosto de 2021.
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En medio de esta posición del gobierno de Nicolás Maduro llaman la atención las declaraciones dadas el día previo a la reunión de Bruselas por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, quien señaló en relación a la mesa de donantes que “es una política unilateral de enemigos de Venezuela para meter la mano en la migración”, en una muestra de alineamiento con el régimen venezolano. El canciller Leyva también habló de hacer un “censo real” de migrantes, con participación de Venezuela, desconociendo así las cifras que tiene el propio Estado colombiano, colocándose igualmente en sintonía con las afirmaciones negacionistas del comunicado del vecino país donde se señala “el desvergonzado desapego al rigor científico en el manejo de las cifras de migrantes”. Finalmente se refirió a la necesidad de reformular la política migratoria colombiana.
* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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