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El Senado de Estados Unidos, controlado por los demócratas, desestimó este miércoles el procedimiento de destitución abierto por los republicanos contra el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, por la crisis migratoria en la frontera con México.
Bastaron unas horas para que la cámara alta del Congreso declarara infundados los cargos contra el ministro.
Los republicanos acusan a Mayorkas, de 64 años, de haber provocado una crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México y han iniciado un procedimiento de destitución contra él.
A mediados de febrero, el ministro fue inculpado en la Cámara de Representantes, donde los conservadores tienen mayoría.
Fue la primera vez en 150 años que se abrió un juicio político a un alto cargo de un gabinete. Solo ocurrió en 1876 con el Secretario de Guerra William Belknap, acusado de corrupción, pero este dimitió antes de que finalizara el procedimiento, denominado “impeachment” en inglés.
El martes, la acusación contra Mayorkas fue enviada oficialmente al Senado, que debía, como exige la Constitución, juzgar al ministro.
El procedimiento comenzó formalmente por la tarde, pero los demócratas consideran que los republicanos utilizan al ministro como chivo expiatorio y lo desestimaron, como prometió su líder en el Senado, Chuck Schumer.
“En nombre de la integridad del Senado, y para preservar el procedimiento de impeachment para los raros casos en los que sea realmente necesario, los senadores deberían rechazar las acusaciones presentadas hoy”, declaró Schumer en el hemiciclo.
La Constitución establece que el Congreso puede acusar al presidente, a un ministro o a los jueces federales en caso de traición, corrupción u otros crímenes y delitos graves.
Pérdida de tiempo
Alejandro Mayorkas ha rechazado reiteradamente las acusaciones de los republicanos y les acusó de “desperdiciar un tiempo preciado y el dinero de los contribuyentes”.
La situación sigue siendo un quebradero de cabeza para Joe Biden, a menos de siete meses de las elecciones presidenciales.
Los republicanos, muchos de ellos cercanos al expresidente Trump y cuya retórica es muy contraria a la inmigración, acusan al gobernante demócrata de haber permitido una “invasión”.
Ponen como ejemplo el número récord de diciembre, cuando la patrulla fronteriza estadounidense interceptó 302.000 veces a migrantes o solicitantes de asilo que cruzaron la frontera sin visa ni permisos migratorios.
Trump acusa a migrantes que entraron de forma ilegal en el país de haber cometido crímenes y delitos abyectos.
El magnate republicano amenaza con expulsar masivamente a los migrantes si gana las elecciones de noviembre. “Envenenan” la sangre del país y “están matando” a Estados Unidos, repite en sus mítines.
Pero ni las estadísticas policiales disponibles de las grandes ciudades estadounidenses ni los estudios realizados por expertos muestran que eso sea cierto.
Entre tanto, la Casa Blanca acusa a los conservadores de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución a la crisis migratoria.
Y es que la Cámara de Representantes se niega incluso a votar un texto que incluye restricciones que ellos mismos han pedido, por considerarlo demasiado laxo.
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