Se debilitan la gestión e integración migratoria en el gobierno del cambio
En esta administración ha sido notorio un cambio de perspectiva bajo las premisas de “desvenezolanizar” la gestión migratoria. Sin embargo, esto deja muchas preguntas abiertas, mientras varias políticas, como la publicación de estadísticas, pierden agilidad y transparencia.
María Clara Robayo*
Tras un año de la posesión de Gustavo Petro y la instalación de su gobierno, la ruta hacia la integración de los migrantes parece complicarse en Colombia. A diferencia de las dos administraciones anteriores, el tema no ha estado presente en la agenda gubernamental y las escasas decisiones de política pública adelantadas hasta el momento han dejado más preguntas que respuestas.
Entre las acciones adelantadas, ha sido notorio un cambio de perspectiva bajo las premisas de “desvenezolanizar” la gestión migratoria y velar por un abordaje regional. Estrategias que han resultado bastante difusas y han generado múltiples cuestionamientos, tomando en cuenta que la migración venezolana es la de mayor presencia en Colombia y que, durante los últimos cinco años, no ha habido grandes avances con los países de la región.
La zozobra aumenta al ver cómo se complejiza el panorama de movilidad humana año tras año. Entre mayo de 2022 y marzo de 2023, la migración venezolana pasó de 6,1 millones de personas a 7,3 millones, y Colombia, como su principal destino, ha recibido a más de 2,9 millones de migrantes con vocación de permanencia. En cuanto a la movilidad en la zona fronteriza, la pendularidad de la población no solo se mantiene, sino que se ha intensificado con la reapertura formal de la frontera.
Además, durante la pandemia y pospandemia se han presentado flujos de migrantes venezolanos que, por motivos de agotamiento, discriminación, imposibilidad de acceso al trabajo y deportación, han retornado con alto grado de desprotección desde Colombia y otros destinos a Venezuela. Estadísticamente, cabe señalar que el retorno es poco comparado con el número de migrantes que ingresan a Colombia.
De igual modo, en los últimos años el incremento de migrantes irregulares que transitan por la selva del Darién evidencia una fuerte crisis humanitaria en la frontera con Panamá. Según cifras de la entidad migratoria del vecino país, en lo corrido de 2023 han cruzado cerca de 250.000 personas y se espera para fin de año que la cifra llegue a 400.000; con el agravante de que el 16 % corresponde a niños y niñas. Los migrantes con nacionalidad venezolana representan el 55 % del total de estos flujos, seguidos por ecuatorianos (14 %), haitianos (14 %), colombianos (3,5 %) y cerca de 40 nacionalidades más.
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La nueva perspectiva
Desde esta nueva perspectiva adoptada por el Gobierno, se ha priorizado la situación migratoria en la región del Darién y el aumento de los flujos hacia Norteamérica. Esto ha generado diálogos entre Colombia, Panamá y Estados Unidos para definir compromisos referentes a combatir redes de tráfico y trata de personas, establecer nuevas vías de regularización para migrantes, implementar planes de reducción de pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos y crear empleos en la zona fronteriza a través de alianzas entre instituciones financieras, sociedad civil y sector privado. Es preciso decir que dichas directrices están por materializarse y aún no muestran un avance concreto en política pública.
Se destacan también las peticiones al Gobierno norteamericano del embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, sobre la eliminación del requisito de visado a los colombianos que desean ingresar a Estados Unidos en calidad de turistas y la ampliación de la oferta de visas de trabajo temporales para nuestros connacionales. Por ahora, una mesa técnica liderada por la Cancillería colombiana es la responsable de discutir la extensa lista de requerimientos que impone el Gobierno estadounidense para estudiar tales solicitudes.
En contraparte, la potencia del norte instalará en Colombia y otros países de la región puntos del programa Movilidad Segura con el objeto de identificar, registrar e identificar los motivos de la migración irregular de origen venezolano, haitiano y cubano, y dirigir a los migrantes, que hayan logrado obtener el permiso humanitario o el reconocimiento de refugio, por rutas oficiales de ingreso a Estados Unidos a través del Programa de Admisiones de Refugiados (USRA) impulsado por Joe Biden.
Pero esta medida será insuficiente ante la gravedad de la crisis humanitaria que se vive en el Darién. El principal objetivo de los centros de procesamiento de migrantes será la contención migratoria y la externalización del control fronterizo por parte de Estados Unidos en la región, lo que puede generar represamientos de personas y aumentar la presión migratoria en los países de Sur y Centroamérica, especialmente en Colombia. Máxime cuando un gran número de los migrantes no tienen pasaporte y les será difícil conseguir a alguien que viva en Estados Unidos y patrocine su permanencia, como lo dicta la reciente política estadounidense.
Es necesario entender que este paquete de anuncios se enmarca en los compromisos pactados en la Cumbre de los Ángeles celebrada en junio del año pasado como una nueva respuesta ante los desafíos regionales que impone la migración irregular, un enfoque con una mayor carga segurizadora que fortalece el control fronterizo y contempla las expulsiones masivas de migrantes indocumentados.
Este viraje en el manejo migratorio toma distancia del Pacto Global para una Migración Segura Ordenada y Regular de Naciones Unidas, un acuerdo intergubernamental, adoptado por Colombia en 2018, que abordaba la migración desde una visión holística de desarrollo y se centraba en los derechos humanos de los migrantes sin importar su estatus migratorio, promoviendo así la integración.
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La integración, ¿un asunto del pasado?
Ante el continuo incremento de migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia en condición irregular, la alta vulnerabilidad de sus derechos humanos y los grandes desafíos que este flujo ha implicado para la institucionalidad en materia de control y gestión, desde 2021, el país optó por implementar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), una política de regularización migratoria de alto impacto que ofrece regularidad migratoria por 10 años a partir de la entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT), hoy un documento válido de identidad en territorio nacional.
Este mecanismo ha sido reconocido internacionalmente como un ejemplo de buenas prácticas en la región al facilitar la integración socioeconómica y productiva de los migrantes; y aunque con instrumentos de menor protección y cobertura, los gobiernos de Ecuador y República Dominicana, en 2022, y de Perú y Panamá, en 2023, también han apostado por los efectos positivos que políticas de esta naturaleza pueden generar.
A pesar de sus bondades, el ETPV es una política ambiciosa que aún se encuentra en una fase inicial de implementación. Por lo tanto, requiere que este y al menos los dos próximos gobiernos garanticen su continuidad y fortalecimiento para asegurar que genere bienestar en la población migrante y en la sociedad de acogida.
En este sentido, el presidente Petro, desde antes de posesionarse, manifestó su intención de dar continuidad al ETPV y, conforme a esto, en el último año se pasó de 1’511.003 PPT aprobados por Migración Colombia a 1’902.743. Sin embargo, el proceso de regularización e integración ha disminuido su ritmo. El estudio, la expedición y entrega de los documentos avanzan lentamente, mientras que las expulsiones de migrantes y la negación de PPT se han incrementado respecto a años anteriores.
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Por otra parte, con la eliminación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante se perdió capacidad institucional de coordinación y articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios para impulsar e implementar estrategias dirigidas a la integración socioeconómica y productiva de los migrantes. Una tarea ineludible para el fortalecimiento del ETPV y el acompañamiento de la población migrante en Colombia. Si bien la Presidencia delegó dicha función a una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta ha perdido liderazgo y se diluye entre los otros muchos temas que maneja la entidad.
Las pocas esperanzas recaen entonces en el futuro Ministerio de la Igualdad, que vía decreto establece la Dirección para Población Migrante como una de las dependencias que harían parte de uno de los seis despachos que estructuran tal institución cuando empiece a operar. Lo cual no será, al menos, en el corto plazo.
La publicación periódica de reportes con las cifras de migrantes venezolanos en condición regular e irregular y su distribución municipal es otra de las políticas que han perdido agilidad y transparencia en el último año. La cifra oficial actualmente disponible es de febrero de 2022, que aproximaba a esta población a 2’477.500; luego, en febrero de 2023, Migración Colombia publicó un nuevo reporte a corte de octubre de 2022 en donde la cifra alcanzaba los 2’894.593 migrantes venezolanos con vocación de permanencia. No obstante, al poco tiempo la entidad migratoria eliminó el documento de su plataforma y el discurso oficial regresó a los 2,4 millones de migrantes sin explicación alguna.
La desvenezolanización del abordaje migratorio como nuevo enfoque de gobierno coincide con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y puede restarles tensión a los diálogos entre ambos gobiernos y a los avances de la nueva agenda conjunta, que por ahora ha decidido soslayar el tema de la movilidad humana.
Sin embargo, esto va en contravía de la visión que requiere el Estado colombiano para afrontar su principal reto migratorio: la gestión y el control de los casi 2,9 millones de venezolanos que residen en el país. Algo que solo podrá cumplirse con políticas de integración como la mejor estrategia de manejo migratorio en términos económicos y humanitarios para los Estados.
Esto no significa descuidar ámbitos como el Darién o la situación de los colombianos retornados o en el exterior. El desafío del presidente Gustavo Petro y su gobierno en asuntos migratorios es enorme y de alta complejidad al comprometer el futuro de millones de personas. No definir una agenda integral y eficaz que conlleve a resultados acordes a las necesidades del país afecta a la sociedad en su conjunto y genera la fuga de recursos y asistencia técnica por parte de agencias de cooperación internacional, que ya empiezan a instalarse en otros destinos.
* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Tras un año de la posesión de Gustavo Petro y la instalación de su gobierno, la ruta hacia la integración de los migrantes parece complicarse en Colombia. A diferencia de las dos administraciones anteriores, el tema no ha estado presente en la agenda gubernamental y las escasas decisiones de política pública adelantadas hasta el momento han dejado más preguntas que respuestas.
Entre las acciones adelantadas, ha sido notorio un cambio de perspectiva bajo las premisas de “desvenezolanizar” la gestión migratoria y velar por un abordaje regional. Estrategias que han resultado bastante difusas y han generado múltiples cuestionamientos, tomando en cuenta que la migración venezolana es la de mayor presencia en Colombia y que, durante los últimos cinco años, no ha habido grandes avances con los países de la región.
La zozobra aumenta al ver cómo se complejiza el panorama de movilidad humana año tras año. Entre mayo de 2022 y marzo de 2023, la migración venezolana pasó de 6,1 millones de personas a 7,3 millones, y Colombia, como su principal destino, ha recibido a más de 2,9 millones de migrantes con vocación de permanencia. En cuanto a la movilidad en la zona fronteriza, la pendularidad de la población no solo se mantiene, sino que se ha intensificado con la reapertura formal de la frontera.
Además, durante la pandemia y pospandemia se han presentado flujos de migrantes venezolanos que, por motivos de agotamiento, discriminación, imposibilidad de acceso al trabajo y deportación, han retornado con alto grado de desprotección desde Colombia y otros destinos a Venezuela. Estadísticamente, cabe señalar que el retorno es poco comparado con el número de migrantes que ingresan a Colombia.
De igual modo, en los últimos años el incremento de migrantes irregulares que transitan por la selva del Darién evidencia una fuerte crisis humanitaria en la frontera con Panamá. Según cifras de la entidad migratoria del vecino país, en lo corrido de 2023 han cruzado cerca de 250.000 personas y se espera para fin de año que la cifra llegue a 400.000; con el agravante de que el 16 % corresponde a niños y niñas. Los migrantes con nacionalidad venezolana representan el 55 % del total de estos flujos, seguidos por ecuatorianos (14 %), haitianos (14 %), colombianos (3,5 %) y cerca de 40 nacionalidades más.
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La nueva perspectiva
Desde esta nueva perspectiva adoptada por el Gobierno, se ha priorizado la situación migratoria en la región del Darién y el aumento de los flujos hacia Norteamérica. Esto ha generado diálogos entre Colombia, Panamá y Estados Unidos para definir compromisos referentes a combatir redes de tráfico y trata de personas, establecer nuevas vías de regularización para migrantes, implementar planes de reducción de pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos y crear empleos en la zona fronteriza a través de alianzas entre instituciones financieras, sociedad civil y sector privado. Es preciso decir que dichas directrices están por materializarse y aún no muestran un avance concreto en política pública.
Se destacan también las peticiones al Gobierno norteamericano del embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, sobre la eliminación del requisito de visado a los colombianos que desean ingresar a Estados Unidos en calidad de turistas y la ampliación de la oferta de visas de trabajo temporales para nuestros connacionales. Por ahora, una mesa técnica liderada por la Cancillería colombiana es la responsable de discutir la extensa lista de requerimientos que impone el Gobierno estadounidense para estudiar tales solicitudes.
En contraparte, la potencia del norte instalará en Colombia y otros países de la región puntos del programa Movilidad Segura con el objeto de identificar, registrar e identificar los motivos de la migración irregular de origen venezolano, haitiano y cubano, y dirigir a los migrantes, que hayan logrado obtener el permiso humanitario o el reconocimiento de refugio, por rutas oficiales de ingreso a Estados Unidos a través del Programa de Admisiones de Refugiados (USRA) impulsado por Joe Biden.
Pero esta medida será insuficiente ante la gravedad de la crisis humanitaria que se vive en el Darién. El principal objetivo de los centros de procesamiento de migrantes será la contención migratoria y la externalización del control fronterizo por parte de Estados Unidos en la región, lo que puede generar represamientos de personas y aumentar la presión migratoria en los países de Sur y Centroamérica, especialmente en Colombia. Máxime cuando un gran número de los migrantes no tienen pasaporte y les será difícil conseguir a alguien que viva en Estados Unidos y patrocine su permanencia, como lo dicta la reciente política estadounidense.
Es necesario entender que este paquete de anuncios se enmarca en los compromisos pactados en la Cumbre de los Ángeles celebrada en junio del año pasado como una nueva respuesta ante los desafíos regionales que impone la migración irregular, un enfoque con una mayor carga segurizadora que fortalece el control fronterizo y contempla las expulsiones masivas de migrantes indocumentados.
Este viraje en el manejo migratorio toma distancia del Pacto Global para una Migración Segura Ordenada y Regular de Naciones Unidas, un acuerdo intergubernamental, adoptado por Colombia en 2018, que abordaba la migración desde una visión holística de desarrollo y se centraba en los derechos humanos de los migrantes sin importar su estatus migratorio, promoviendo así la integración.
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Ante el continuo incremento de migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia en condición irregular, la alta vulnerabilidad de sus derechos humanos y los grandes desafíos que este flujo ha implicado para la institucionalidad en materia de control y gestión, desde 2021, el país optó por implementar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), una política de regularización migratoria de alto impacto que ofrece regularidad migratoria por 10 años a partir de la entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT), hoy un documento válido de identidad en territorio nacional.
Este mecanismo ha sido reconocido internacionalmente como un ejemplo de buenas prácticas en la región al facilitar la integración socioeconómica y productiva de los migrantes; y aunque con instrumentos de menor protección y cobertura, los gobiernos de Ecuador y República Dominicana, en 2022, y de Perú y Panamá, en 2023, también han apostado por los efectos positivos que políticas de esta naturaleza pueden generar.
A pesar de sus bondades, el ETPV es una política ambiciosa que aún se encuentra en una fase inicial de implementación. Por lo tanto, requiere que este y al menos los dos próximos gobiernos garanticen su continuidad y fortalecimiento para asegurar que genere bienestar en la población migrante y en la sociedad de acogida.
En este sentido, el presidente Petro, desde antes de posesionarse, manifestó su intención de dar continuidad al ETPV y, conforme a esto, en el último año se pasó de 1’511.003 PPT aprobados por Migración Colombia a 1’902.743. Sin embargo, el proceso de regularización e integración ha disminuido su ritmo. El estudio, la expedición y entrega de los documentos avanzan lentamente, mientras que las expulsiones de migrantes y la negación de PPT se han incrementado respecto a años anteriores.
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Por otra parte, con la eliminación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante se perdió capacidad institucional de coordinación y articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios para impulsar e implementar estrategias dirigidas a la integración socioeconómica y productiva de los migrantes. Una tarea ineludible para el fortalecimiento del ETPV y el acompañamiento de la población migrante en Colombia. Si bien la Presidencia delegó dicha función a una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta ha perdido liderazgo y se diluye entre los otros muchos temas que maneja la entidad.
Las pocas esperanzas recaen entonces en el futuro Ministerio de la Igualdad, que vía decreto establece la Dirección para Población Migrante como una de las dependencias que harían parte de uno de los seis despachos que estructuran tal institución cuando empiece a operar. Lo cual no será, al menos, en el corto plazo.
La publicación periódica de reportes con las cifras de migrantes venezolanos en condición regular e irregular y su distribución municipal es otra de las políticas que han perdido agilidad y transparencia en el último año. La cifra oficial actualmente disponible es de febrero de 2022, que aproximaba a esta población a 2’477.500; luego, en febrero de 2023, Migración Colombia publicó un nuevo reporte a corte de octubre de 2022 en donde la cifra alcanzaba los 2’894.593 migrantes venezolanos con vocación de permanencia. No obstante, al poco tiempo la entidad migratoria eliminó el documento de su plataforma y el discurso oficial regresó a los 2,4 millones de migrantes sin explicación alguna.
La desvenezolanización del abordaje migratorio como nuevo enfoque de gobierno coincide con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y puede restarles tensión a los diálogos entre ambos gobiernos y a los avances de la nueva agenda conjunta, que por ahora ha decidido soslayar el tema de la movilidad humana.
Sin embargo, esto va en contravía de la visión que requiere el Estado colombiano para afrontar su principal reto migratorio: la gestión y el control de los casi 2,9 millones de venezolanos que residen en el país. Algo que solo podrá cumplirse con políticas de integración como la mejor estrategia de manejo migratorio en términos económicos y humanitarios para los Estados.
Esto no significa descuidar ámbitos como el Darién o la situación de los colombianos retornados o en el exterior. El desafío del presidente Gustavo Petro y su gobierno en asuntos migratorios es enorme y de alta complejidad al comprometer el futuro de millones de personas. No definir una agenda integral y eficaz que conlleve a resultados acordes a las necesidades del país afecta a la sociedad en su conjunto y genera la fuga de recursos y asistencia técnica por parte de agencias de cooperación internacional, que ya empiezan a instalarse en otros destinos.
* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.