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La actividad económica entre Colombia y Venezuela ha sido histórica por su vecindad y amplia frontera. Sin embargo, fue entre 2004 y 2009 cuando el comercio alcanzó su fase más dinámica, especialmente en 2008, cuando el intercambio fue el equivalente a US$7.223 millones, representados en US$6.071 millones en exportaciones desde Colombia hacia Venezuela y US$1.152 millones de importaciones a Colombia desde Venezuela, según la Cámara Colombo Venezolana. Entonces, las políticas implementadas por Chávez llevaron a la sobreexplotación productiva de Venezuela y la bonanza del país ya ampliamente conocida.
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Las cifras del comercio bilateral bajaron desde 2012, llegando a uno de los puntos más bajos en el año 2019 con US$238 millones, cuando las relaciones se rompieron completamente con la administración de Iván Duque. En adición, reventó la debacle económica en Venezuela por la escasez, la baja en los precios internacionales del petróleo, el control cambiario del gobierno, la inflación, el desempleo y el aumento descontrolado de la deuda externa, entre muchas otras circunstancias que llevaron a que el distanciamiento comercial afectara más el producto interno bruto (PIB) de Venezuela que el de Colombia.
Por otra parte, el enfoque de Petro en la relación bilateral es diametralmente opuesto al de Duque. En política exterior, quiere convertir a Colombia en un líder que congregue en un gran bloque a la izquierda en América Latina, lo que incluye a los presidentes Fernández (de Argentina), López Obrador (de México), Lula (de Brasil), Boric (de Chile) y, por supuesto, a Maduro. Eso fundamenta, en parte, las intenciones de Petro de aproximarse a Venezuela.
Ese acercamiento ha iniciado en el ámbito comercial, donde quizás es más fácil conectar sabiendo que otros asuntos de la relación bilateral son aún más difíciles de tratar. Uno de los grandes hitos en esta nueva etapa de integración se dio el pasado 16 de febrero en el recién inaugurado puente Atanasio Girardot (antes Tienditas), durante la tercera cumbre de los dos presidentes con el único fin de firmar el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial N.° 28. Este convenio surgió de la necesidad de establecer un marco legal para regular el comercio entre Colombia y Venezuela una vez terminara el trámite de salida de Caracas de la Comunidad Andina de Naciones, organismo internacional en el que se había reglamentado la actividad comercial.
Dicho Acuerdo originalmente fue suscrito en 2011 por los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. Luego, pasó a revisión de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de la que ambos países son miembros, después de ese trámite fue cuando el Acuerdo de Alcance Parcial fue denominado con el número con el que hoy se conoce. Colombia y Venezuela acordaron aplicar la vigencia del Acuerdo en octubre de 2012.
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El texto define tratamiento arancelario preferencial entre los dos países, incluyendo los productos que se comerciaron entre 2006 y 2010. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estos son 4.921 productos para Colombia y 4.713 para Venezuela. Con esto, el 91 % del comercio histórico tiene cero aranceles. El articulado dejó de regir hace cuatro años, cuando se rompieron las relaciones colombo-venezolanas y lo que sucedió el 16 de febrero de este año corresponde a la firma de una retoma del Acuerdo en un texto modificado que todavía no es de conocimiento público, pues está siendo evaluado por la ALADI.
Falta ver si ese articulado vislumbra las garantías que necesitan los inversionistas y empresarios colombianos interesados en Venezuela como socio comercial. Este Acuerdo, bajo el contexto actual, necesita dotar de seguridad jurídica la actividad económica, que es uno de los principales temores del sector privado del lado colombiano.
Con la firma del Acuerdo, el gobierno Petro ha expresado que propende por un comercio más equilibrado, complementario y un desarrollo que beneficia a ambos pueblos. El discurso de la administración de Maduro, por su lado, se ha concentrado en que el Acuerdo sienta las bases para la creación de una Zona Económica Especial entre Colombia y Venezuela.
Cuando el expresidente Hugo Chávez decidió retirar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones se destruyó la perspectiva de formalizar la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) colombo-venezolana, que en ese momento ya estaba adelantada. Incluso, ambos países intercambiaron notas reversales que expresaban la intención de conformarla. ¿La “zona económica especial” de la que habla Maduro tendría las mismas calidades de una Zona de Integración Fronteriza (entendiendo que este concepto es válido dentro del ámbito de la CAN) como contribuir a que Venezuela se interconecte con el resto de las economías del mercado mundial? ¿Se puede pensar que, si se trata de una zona franca binacional como ha e|xpresado el ministro Germán Umaña, los beneficios tributarios en importaciones podrían beneficiar a Colombia tanto como a Venezuela? ¿Esa zona de exenciones entre Norte de Santander y Táchira tendría la capacidad de beneficiar a otras áreas de la frontera colombo-venezolana que están sumamente descuidadas?
De la firma de la nueva versión del Acuerdo de Alcance Parcial N.° 28 surgen varias incertidumbres. Se debe considerar qué le puede vender Colombia a Venezuela dentro de las particularidades actuales de su economía debilitada y si habrá una relación de simetría entre los dos países. También, qué tanto perjudica o beneficia a Colombia el modelo de desarrollo de Venezuela que, en principio, es el contrario al que propone el gobierno Petro. En este contexto de integración, cómo impacta al comercio con Colombia la liberalización forzada de la economía que Maduro ha impuesto en Venezuela. Qué impacto tiene en Colombia la altísima afluencia del lavado de activos y economías subterráneas en Venezuela. Y cómo perjudican a Colombia las sanciones que Estados Unidos tiene sobre Venezuela sabiendo que, de hecho, algunos entes prefieren triangular los pagos para evitar la entrada de dólares venezolanos a Colombia.
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Incluso, se debe poner en consideración la corrupción rampante en las instituciones venezolanas y analizar qué posibilidad de cumplimiento tienen las medidas comerciales acordadas entre Colombia y Venezuela en tanto son los entes gubernamentales venezolanos los que, junto a los colombianos, tienen la responsabilidad de regular el libre comercio que se ha acordado en esta reconstrucción de la relación bilateral.
*Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Consultora asociada de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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