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Empresario y político. Congresista y presidente. Esos fueron los cargos, entre otros más, que ocupó Sebastián Piñera en su natal Chile.
Aunque se formó como ingeniero comercial, con mención en economía de la Universidad Católica, a pesar de obtener un máster y un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, su fase política se dio a conocer desde su época universitaria, cuando se consolidó como simpatizante de la Democracia Cristiana y consideró unirse a sus filas, aunque en ese momento no lo logró.
Los primeros pasos políticos los dio como congresista, por los años noventa, pero también como presidente del partido Renovación Nacional, como candidato presidencial y, finalmente, como ocupante de La Moneda por dos períodos no consecutivos.
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Justo en el momento en el que Augusto Pinochet derrocaba el gobierno de Salvador Allende e instauraba su régimen autoritario, Piñera viajó a Estados Unidos a obtener sus otros títulos académicos. A su regreso, en 1976, comenzó a trabajar en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en proyectos contra la pobreza, así como también fue profesor en las universidades de Chile, Católica y Adolfo Ibáñez.
Pocos años después, en 1988, le dio el no al plebiscito que buscaba definir la continuidad de la dictadura militar y, de hecho, su gobierno se convertiría en el primero de tinte derechista en regresar al poder desde el restablecimiento de la democracia.
En las urnas se enfrentó con Michelle Bachelet, pero también con Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En sus primeros pasos por alcanzar el Ejecutivo le cedió el espacio a Joaquín Lavín, con quien también se disputó el poder años después.
Por la época en la que anunció su intención de volver a la Presidencia, en marzo de 2017, era dueño de un patrimonio de US$2.700 millones, que lo llevó a ser catalogado por Forbes como uno de los dueños de las mayores fortunas del mundo, aunque aseguraba que pertenecía a la clase media chilena.
Su capital, de hecho, se relacionó con diversos negocios, que iban desde el bancario hasta el inmobiliario. Durante años, además, fue el máximo accionista de LAN, la aeroínea chilena que hoy se conoce como LATAM, y del canal de televisión Chilevisión.
A lo largo de su trayectoria política, la oposición siempre le criticó su perfil empresarial, además de que recibió acusaciones de una presunta financiación irregular de sus campañas, aunque dichos señalamientos también salpicaron a varios más.
Entre otros procesos, la Fiscalía chilena abrió una investigación de oficio contra él en octubre de 2021, ya que fue uno de los líderes que figuraron en los Pandora Papers sobre movimientos de recursos financieros en paraísos fiscales, específicamente por el caso de la venta del proyecto minero Dominga en 2010.
Piñera, en respuesta, calificó de “inaceptables” las acusaciones expuestas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que difundió los documentos a través de varios medios, y aseguró que los detalles del acuerdo fueron parte de una investigación judicial previa que finalmente no encontró faltas a la legislación.
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Fue precisamente durante su última administración (2018-2022) que Chile vivió el llamado estallido social, que se inició en 2019 con demandas sobre la profunda inequidad social que afecta al país y que se profundizaría el año siguiente, cuando se desató la pandemia de covid-19.
El descontento generalizado y las promesas de cambio que venían con un joven Gabriel Boric condujeron a la victoria en las urnas de quien fuera uno de los principales líderes estudiantiles durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).
“Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país, como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial”, fueron algunas de las palabras que le dedicó el presidente Boric a Piñera este martes.
Aunque las demandas sociales de aquel estallido siguen pendientes, distintos analistas concuerdan en que después de la pandemia las prioridades de la ciudadanía han cambiado: el alto costo de vida y el aumento de la percepción de inseguridad, en un entorno latinoamericano golpeado por el crimen organizado, ocupan la agenda ahora, y no ha habido propuesta constituyente que parezca satisfacer dichas preocupaciones.
En su última entrevista al medio chileno La Tercera, con fecha del 14 de enero pasado, el expresidente aseguró que “no haber logrado un acuerdo constitucional que fuera aprobable debilitó a la derecha”, teniendo en cuenta que resultaron fallidos los dos intentos por tratar de modificar la Carta Magna, el primero impulsado por la izquierda desde el estallido social que le tocó a su gobierno y el segundo por la derecha.
Hizo un llamado, entonces, a “lograr un acuerdo sobre las bases esenciales de ese proyecto de país, que a mi juicio debe ser un compromiso claro y categórico con la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos; un compromiso con la economía social de mercado libre, abierta, competitiva y además con responsabilidad fiscal; un compromiso con la derrota a la pobreza y por una mayor igualdad de oportunidades”.
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