Senado de Chile rechaza acusación contra Sebastián Piñera, que no será destituido
El Senado de Chile, reunido para juzgar al presidente Sebastián Piñera acusado de corrupción en el caso de los “Pandora Papers”, no reunió los votos para destituir al mandatario.
A cinco días de las elecciones presidenciales en Chile, el mandatario Sebastián Piñera no será destituido, como lo proponía la oposición. El Senado de ese país no logró aprobar la acusación constitucional contra el presidente, pues no se sumaron los votos necesarios para avanzar en la moción de censura.
Tras las exposiciones de varios parlamentarios, queda claro que no será posible alcanzar los dos tercios (29 votos) del Senado para la acusación.
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Sebastián Piñera fue acusado de corrupción en el caso de los “Pandora Papers”. Desde el comienzo se sabía que era poco probable la remoción del mandatario tras el escándalo por la polémica venta de una minera en 2010 en una operación realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Tres diputados de la oposición de centro-izquierda, promotora de la acusación constitucional aprobada ya en la Cámara de Diputados, expusieron los argumentos para aprobar la destitución de Piñera, por atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y haber comprometido el honor de la nación.
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“Estamos hablando de corrupción (...) la familia Piñera-Morel pretendía beneficiarse directamente de la decisión del jefe de Gobierno”, indicó en su intervención la diputada del izquierdista Frente Amplio Gael Yeomans.
Por la parte defensora, el abogado del presidente, Jorge Gálvez, solicitó “rechazar en todas sus partes la acusación que carece de todo fundamento fáctico y jurídico”.
“Es mentira que la familia Piñera Morel haya ejecutado la venta de Dominga”, afirmó Gálvez.
Tras los alegatos la sesión entró en un receso a la espera de la votación, pero desde antes de que comenzara el proceso se sabía que no alcanzarían los votos necesarios. La oposición dispone de mayoría en el Senado con 24 escaños, sin embargo, los 19 votos del oficialismo, que votaron en contra de destituir a Piñera, son suficientes para frenar el proceso.
Este es el segundo intento de destitución del presidente de Chile, que asumió en marzo de 2018 y que tras la crisis social de 2019 no logró recuperarse ante uno de los periodos más difíciles en los 31 años de democracia. Rechazada la acusación, esta no tendrá efecto alguno sobre el mandatario.
Le puede interesar: ¿Qué son los Pandora Papers?
Según la investigación de los medios chilenos CIPER y LaBot, incluidos en los “Papeles de Pandora”, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo del presidente- por 152 millones de dólares.
La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014), se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes.
Le puede interesar: El caso de Sebastián Piñera que destapó la investigación Pandora Papers
El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
Una vez que Piñera asumió el poder, esa área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección recomendada por su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010).
A cinco días de las elecciones presidenciales en Chile, el mandatario Sebastián Piñera no será destituido, como lo proponía la oposición. El Senado de ese país no logró aprobar la acusación constitucional contra el presidente, pues no se sumaron los votos necesarios para avanzar en la moción de censura.
Tras las exposiciones de varios parlamentarios, queda claro que no será posible alcanzar los dos tercios (29 votos) del Senado para la acusación.
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Sebastián Piñera fue acusado de corrupción en el caso de los “Pandora Papers”. Desde el comienzo se sabía que era poco probable la remoción del mandatario tras el escándalo por la polémica venta de una minera en 2010 en una operación realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Tres diputados de la oposición de centro-izquierda, promotora de la acusación constitucional aprobada ya en la Cámara de Diputados, expusieron los argumentos para aprobar la destitución de Piñera, por atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y haber comprometido el honor de la nación.
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“Estamos hablando de corrupción (...) la familia Piñera-Morel pretendía beneficiarse directamente de la decisión del jefe de Gobierno”, indicó en su intervención la diputada del izquierdista Frente Amplio Gael Yeomans.
Por la parte defensora, el abogado del presidente, Jorge Gálvez, solicitó “rechazar en todas sus partes la acusación que carece de todo fundamento fáctico y jurídico”.
“Es mentira que la familia Piñera Morel haya ejecutado la venta de Dominga”, afirmó Gálvez.
Tras los alegatos la sesión entró en un receso a la espera de la votación, pero desde antes de que comenzara el proceso se sabía que no alcanzarían los votos necesarios. La oposición dispone de mayoría en el Senado con 24 escaños, sin embargo, los 19 votos del oficialismo, que votaron en contra de destituir a Piñera, son suficientes para frenar el proceso.
Este es el segundo intento de destitución del presidente de Chile, que asumió en marzo de 2018 y que tras la crisis social de 2019 no logró recuperarse ante uno de los periodos más difíciles en los 31 años de democracia. Rechazada la acusación, esta no tendrá efecto alguno sobre el mandatario.
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La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014), se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes.
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El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
Una vez que Piñera asumió el poder, esa área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección recomendada por su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010).