Sin cédula y sin respuesta: el drama de muchos colombovenezolanos en el país

Más de 40.000 cédulas de ciudadanos colombovenezolanos fueron canceladas en los últimos meses por la Registraduría Nacional. La razón es que los documentos fueron expedidos de “manera irregular, porque no se presentaron en debida forma y como establece la ley”, según le indicó en su momento Rodrigo Pérez, director de Registro Civil, a varios medios de comunicación.

Sin embargo, muchos de los ciudadanos cuyas cédulas fueron canceladas aseguran que fueron obtenidas legalmente, siguiendo los procedimientos establecidos por la Registraduría. Asimismo, sostienen que, pese a que la Registraduría sí notificó a algunas personas sobre la posible cancelación de sus cédulas y les solicitó que se acercaran a sus oficinas, a otras nunca les fue comunicada la decisión y se encontraron de repente sin este documento.

Una de las afectadas por esta cancelación es Gabriela Arenas, a quien entrevistamos hace un mes por esta misma situación. Gabriela es la fundadora de la organización sin ánimo de lucro TAAP (Taller de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento), que funciona en el país desde hace quince años y “se encarga de temas de construcción de paz y protección de derechos de las poblaciones vulnerables”, asegura esta colombovenezolana de 41 años.

Pese a que su cédula ya fue restablecida por la Registraduría Nacional, ahora se encuentra en un limbo burocrático sin una solución definitiva por parte de la registraduría auxiliar y nacional. Además, enfrenta la probabilidad de que su cédula vuelva a ser cancelada.

Después de haber esperado el tiempo para que su cédula fuese restablecida, la Registraduría Nacional le restauró su cédula y le indicó que debía acercarse a una registraduría auxiliar para tramitar un nuevo registro civil, de no hacerlo en un plazo máximo de dos meses, su cédula sería cancelada de manera definitiva.

Según afirma Gabriela, “en la mayoría de los casos, en los que hemos recibido resoluciones por parte de la Registraduría, incluyendo el mío, la resolución es reactivar la cédula, además te piden hacer un nuevo registro civil, con el mismo número único de identificación personal y tus mismos documentos.”

Sin embargo, cuando Gabriela se acercó a la registraduría auxiliar, le informaron que ellos no están autorizados para realizar ese trámite, por lo que no le han resuelto el problema. De acuerdo con Arenas, los empleados de la registraduría auxiliar afirmaron que “ellos no conocen el procedimiento, que no entienden por qué tienen que volver a hacer registros civiles con los mismos documentos que ya fueron hechos y no están recibiéndole los documentos a estas personas”.

Al no recibir respuesta de parte de la registraduría auxiliar, Gabriela se volvió a acercar a la registraduría nacional, allí, asegura, tampoco la han vuelto a atender. De hecho, de parte de “la dirección nacional de registro civil, la única respuesta que nos ha dado es que tenemos que ir con nuestra resolución a la registraduría auxiliar a hacer el trámite y allá nos responden que no”. Agrega qe ha ido en cuatro ocasiones y no ha obtenido respuesta. “La última vez que fui, fue hace dos días y había más de 10 personas con el mismo caso mío, solo en esa sucursal”.

Para Gabriela esta situación es problemática, ya que “después de los dos meses, dicen en la registraduría, que se desactivará de nuevo la cédula y podríamos perder nuestro número único de identificación personal. Es decir, perdemos nuestras propiedades, nuestras inversiones, nuestras empresas, y todo lo que tenemos en el país hasta el momento”.

A raíz de su situación, Gabriela ha podido conectarse con más de 8.000 connacionales, quienes se han acercado a su fundación para solicitar ayudar, ya que sus cédulas también fueron canceladas, según afirma su fundación ha “atendido 8.230 casos y de muchos de ellos ya tenemos respuesta. De esos 8230 solicitudes, al 98 % le han restituido su cédula, porque no se han encontrado irregularidades”, asegura.

Además, indicó que aún “hay muchas personas que están a la espera de respuesta por parte de la Registraduría, y muchas personas que todavía no se han enterado de que sus cédulas se han cancelado. De hecho, el domingo de las elecciones, recibimos muchos casos de personas que se estaban enterando ese día cuando fueron a votar. Lo que nos llama la atención es que menos del 2 % de los casos de verdad tenían errores en los documentos. Entonces, la pregunta es por qué razón en principio fueron canceladas, si los documentos no tienen errores”.

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Una de las cosas más preocupantes, según afirma Gabriela, es que al quedarse sin cédula se ha impactado a estos ciudadanos de forma negativa, ya que, por ejemplo, muchos han sido detenidos por no tener un documento de identificación y otros no han podido continuar sus tratamientos médicos.

Por otro lado, además “hay en riesgo una inversión de 5.000 millones de dólares anuales de empresarios colombovenezolanos que no han podido solucionar la situación y que están pensando seriamente en irse del país y llevarse su inversión”. Según Gabriela, esa cifra fue obtenida mediante la sumatoria de la inversión de las empresas que se han acercado a su fundación a reportar su situación, “combinado con los informes del Banco de la República”.

A su vez, el plazo “para los dos meses se cumple en pocos días. Para algunos se cumple en una semana, para otros en dos semanas y de no poder resolver esta situación, estas personas están analizando irse del país, e irse significa llevarse su inversión. Es decir, una sola de las empresas afectadas (tienen reportes de más de 500), genera 7.000 empleos directos”.

Afirma que en su caso “nosotros tenemos programas en la fundación que atienden a más de 2 millones y medio de personas en Colombia, el 80% son colombianos en situación de vulnerabilidad. Nuestros programas de atención están en Chocó, Guajira, Arauca, Caquetá, y otros departamentos. Si no podemos resolver, tendríamos que cerrar e irnos, lo que significa que tendríamos dos millones y medio de personas sin recibir el apoyo que hoy reciben de la fundación.”

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Al no contar con ninguna resolución por parte de la Registraduría, Gabriela afirma que están considerando volver a las vías legales. De hecho, esta sería la tercera vez que ella recurre a este recurso para poder solucionar su situación. No obstante, es consciente de que no todas las personas en este problema tienen el tiempo o los recursos para llevar a cabo estos trámites.

Dentro de los registros que tienen en su fundación “el 70% de personas (afectadas) son profesionales. De gerentes hacia arriba, con especializaciones en empresas particulares. Entonces, imagínate lo que significaría para una empresa en el sector bancario perder un vicepresidente. Las repercusiones de esto, van mucho más allá de las violaciones de derechos” La cancelación de su cédula, afirma Gabriela, ha sido “una clara violación del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia”.

Para este artículo intentamos obtener la versión de la Registraduría, pero al momento de la publicación no habíamos recibido respuesta.

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Más de 40.000 cédulas de ciudadanos colombovenezolanos fueron canceladas en los últimos meses por la Registraduría Nacional. La razón es que los documentos fueron expedidos de “manera irregular, porque no se presentaron en debida forma y como establece la ley”, según le indicó en su momento Rodrigo Pérez, director de Registro Civil, a varios medios de comunicación.

Sin embargo, muchos de los ciudadanos cuyas cédulas fueron canceladas aseguran que fueron obtenidas legalmente, siguiendo los procedimientos establecidos por la Registraduría. Asimismo, sostienen que, pese a que la Registraduría sí notificó a algunas personas sobre la posible cancelación de sus cédulas y les solicitó que se acercaran a sus oficinas, a otras nunca les fue comunicada la decisión y se encontraron de repente sin este documento.

Una de las afectadas por esta cancelación es Gabriela Arenas, a quien entrevistamos hace un mes por esta misma situación. Gabriela es la fundadora de la organización sin ánimo de lucro TAAP (Taller de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento), que funciona en el país desde hace quince años y “se encarga de temas de construcción de paz y protección de derechos de las poblaciones vulnerables”, asegura esta colombovenezolana de 41 años.

Pese a que su cédula ya fue restablecida por la Registraduría Nacional, ahora se encuentra en un limbo burocrático sin una solución definitiva por parte de la registraduría auxiliar y nacional. Además, enfrenta la probabilidad de que su cédula vuelva a ser cancelada.

Después de haber esperado el tiempo para que su cédula fuese restablecida, la Registraduría Nacional le restauró su cédula y le indicó que debía acercarse a una registraduría auxiliar para tramitar un nuevo registro civil, de no hacerlo en un plazo máximo de dos meses, su cédula sería cancelada de manera definitiva.

Según afirma Gabriela, “en la mayoría de los casos, en los que hemos recibido resoluciones por parte de la Registraduría, incluyendo el mío, la resolución es reactivar la cédula, además te piden hacer un nuevo registro civil, con el mismo número único de identificación personal y tus mismos documentos.”

Sin embargo, cuando Gabriela se acercó a la registraduría auxiliar, le informaron que ellos no están autorizados para realizar ese trámite, por lo que no le han resuelto el problema. De acuerdo con Arenas, los empleados de la registraduría auxiliar afirmaron que “ellos no conocen el procedimiento, que no entienden por qué tienen que volver a hacer registros civiles con los mismos documentos que ya fueron hechos y no están recibiéndole los documentos a estas personas”.

Al no recibir respuesta de parte de la registraduría auxiliar, Gabriela se volvió a acercar a la registraduría nacional, allí, asegura, tampoco la han vuelto a atender. De hecho, de parte de “la dirección nacional de registro civil, la única respuesta que nos ha dado es que tenemos que ir con nuestra resolución a la registraduría auxiliar a hacer el trámite y allá nos responden que no”. Agrega qe ha ido en cuatro ocasiones y no ha obtenido respuesta. “La última vez que fui, fue hace dos días y había más de 10 personas con el mismo caso mío, solo en esa sucursal”.

Para Gabriela esta situación es problemática, ya que “después de los dos meses, dicen en la registraduría, que se desactivará de nuevo la cédula y podríamos perder nuestro número único de identificación personal. Es decir, perdemos nuestras propiedades, nuestras inversiones, nuestras empresas, y todo lo que tenemos en el país hasta el momento”.

A raíz de su situación, Gabriela ha podido conectarse con más de 8.000 connacionales, quienes se han acercado a su fundación para solicitar ayudar, ya que sus cédulas también fueron canceladas, según afirma su fundación ha “atendido 8.230 casos y de muchos de ellos ya tenemos respuesta. De esos 8230 solicitudes, al 98 % le han restituido su cédula, porque no se han encontrado irregularidades”, asegura.

Además, indicó que aún “hay muchas personas que están a la espera de respuesta por parte de la Registraduría, y muchas personas que todavía no se han enterado de que sus cédulas se han cancelado. De hecho, el domingo de las elecciones, recibimos muchos casos de personas que se estaban enterando ese día cuando fueron a votar. Lo que nos llama la atención es que menos del 2 % de los casos de verdad tenían errores en los documentos. Entonces, la pregunta es por qué razón en principio fueron canceladas, si los documentos no tienen errores”.

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Una de las cosas más preocupantes, según afirma Gabriela, es que al quedarse sin cédula se ha impactado a estos ciudadanos de forma negativa, ya que, por ejemplo, muchos han sido detenidos por no tener un documento de identificación y otros no han podido continuar sus tratamientos médicos.

Por otro lado, además “hay en riesgo una inversión de 5.000 millones de dólares anuales de empresarios colombovenezolanos que no han podido solucionar la situación y que están pensando seriamente en irse del país y llevarse su inversión”. Según Gabriela, esa cifra fue obtenida mediante la sumatoria de la inversión de las empresas que se han acercado a su fundación a reportar su situación, “combinado con los informes del Banco de la República”.

A su vez, el plazo “para los dos meses se cumple en pocos días. Para algunos se cumple en una semana, para otros en dos semanas y de no poder resolver esta situación, estas personas están analizando irse del país, e irse significa llevarse su inversión. Es decir, una sola de las empresas afectadas (tienen reportes de más de 500), genera 7.000 empleos directos”.

Afirma que en su caso “nosotros tenemos programas en la fundación que atienden a más de 2 millones y medio de personas en Colombia, el 80% son colombianos en situación de vulnerabilidad. Nuestros programas de atención están en Chocó, Guajira, Arauca, Caquetá, y otros departamentos. Si no podemos resolver, tendríamos que cerrar e irnos, lo que significa que tendríamos dos millones y medio de personas sin recibir el apoyo que hoy reciben de la fundación.”

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Al no contar con ninguna resolución por parte de la Registraduría, Gabriela afirma que están considerando volver a las vías legales. De hecho, esta sería la tercera vez que ella recurre a este recurso para poder solucionar su situación. No obstante, es consciente de que no todas las personas en este problema tienen el tiempo o los recursos para llevar a cabo estos trámites.

Dentro de los registros que tienen en su fundación “el 70% de personas (afectadas) son profesionales. De gerentes hacia arriba, con especializaciones en empresas particulares. Entonces, imagínate lo que significaría para una empresa en el sector bancario perder un vicepresidente. Las repercusiones de esto, van mucho más allá de las violaciones de derechos” La cancelación de su cédula, afirma Gabriela, ha sido “una clara violación del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia”.

Para este artículo intentamos obtener la versión de la Registraduría, pero al momento de la publicación no habíamos recibido respuesta.

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