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El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en el que trabajan varias organizaciones nicaragüenses de derechos humanos y de familiares de personas presas, indicó que el número de presos políticos en Nicaragua aumentó a 78. Son 12 mujeres y 66 hombres, en los que hay 14 personas de la tercera edad. Los datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe, se reporta que entre el 20 de junio y el 31 de julio de este año, se registraron 5 detenciones por motivaciones de persecución política. Además, continúa “el patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto”: un sacerdote fue capturado, junto con 10 personas que pertenecen a ONG católicas o la feligresía.
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De acuerdo con el Mecanismo, las personas añadidas fueron detenidas arbitrariamente durante la escalada represiva en mayo, que fue dirigida a opositores, activistas políticos, miembros del clero religioso y de la Iglesia Católica. Sin embargo, existe un subregistro de la cifra total de presos políticos en Nicaragua, por la falta de acceso a la información pública.
A la comunidad religiosa le han llegado varias condenas desde el gobierno. El monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, fue condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”, después de negarse a ser exiliado a Estados Unidos.
“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseguró el Papa Francisco en marzo.
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La denuncia también recalca que la represión estatal está dirigida también a familiares de los presos políticos, así como a defensores e integrantes de espacios de activismo y denuncia contra el gobierno.
El pasado viernes, las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Right Livelihood denunciaro que las comunidades indígenas también sufren violaciones a los derechos humanos. Los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna han sufrido de violencia y despojo de sus territorios, lo que ha agudizado el desplazamiento forzado interno y una crisis alimentaria.
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“Tan solo en el primer semestre de 2023 se han registrado los asesinatos de al menos 7 pobladores pertenecientes a dichas comunidades. Entre estos ataques también se encuentran abusos, secuestros, amenazas de muerte y violaciones sexuales”, afirman las organizaciones.
Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ordenado medidas de protección para 15 comunidades indígenas. Se pidió también a otros Estados que presionen para “visibilizar su situación y generar protección, demandar a las empresas el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones, y al Estado el cumplimiento a las medidas de protección y la garantía de sus derechos a la vida e integridad, económicos, sociales y culturales, así como a la libre determinación”.
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