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                                                                                                                                Sigue el patrón represivo en Nicaragua: aumentó el número de presos políticos

                                                                                                                                El informe hace énfasis en la crisis política del 2018, cuando el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien lleva en el poder desde el 2007, reprimió violentamente las protestas de estudiantes universitarios y opositores políticos en su contra.

                                                                                                                                El presidente Daniel Ortega (izquierda) y su esposa y la vicepresidenta Rosario Murillo (derecha) llevan en el poder desde el 2007. Ortega ha eliminado los límites a la reelección para mandatos sucesivos y ha reprimido la oposición.
                                                                                                                                Foto: AFP - JAIRO CAJINA
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                En el informe, se reporta que entre el 20 de junio y el 31 de julio de este año, se registraron 5 detenciones por motivaciones de persecución política. Además, continúa “el patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto”: un sacerdote fue capturado, junto con 10 personas que pertenecen a ONG católicas o la feligresía.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                A la comunidad religiosa le han llegado varias condenas desde el gobierno. El monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, fue condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”, después de negarse a ser exiliado a Estados Unidos.

                                                                                                                                “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseguró el Papa Francisco en marzo.

                                                                                                                                📌Le puede interesar: La crisis humanitaria en Afganistán tras dos años del régimen talibán

                                                                                                                                La denuncia también recalca que la represión estatal está dirigida también a familiares de los presos políticos, así como a defensores e integrantes de espacios de activismo y denuncia contra el gobierno.

                                                                                                                                El pasado viernes, las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Right Livelihood denunciaro que las comunidades indígenas también sufren violaciones a los derechos humanos. Los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna han sufrido de violencia y despojo de sus territorios, lo que ha agudizado el desplazamiento forzado interno y una crisis alimentaria.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ordenado medidas de protección para 15 comunidades indígenas. Se pidió también a otros Estados que presionen para “visibilizar su situación y generar protección, demandar a las empresas el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones, y al Estado el cumplimiento a las medidas de protección y la garantía de sus derechos a la vida e integridad, económicos, sociales y culturales, así como a la libre determinación”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El presidente Daniel Ortega (izquierda) y su esposa y la vicepresidenta Rosario Murillo (derecha) llevan en el poder desde el 2007. Ortega ha eliminado los límites a la reelección para mandatos sucesivos y ha reprimido la oposición.
                                                                                                                                Foto: AFP - JAIRO CAJINA
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                En el informe, se reporta que entre el 20 de junio y el 31 de julio de este año, se registraron 5 detenciones por motivaciones de persecución política. Además, continúa “el patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto”: un sacerdote fue capturado, junto con 10 personas que pertenecen a ONG católicas o la feligresía.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                A la comunidad religiosa le han llegado varias condenas desde el gobierno. El monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, fue condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”, después de negarse a ser exiliado a Estados Unidos.

                                                                                                                                “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseguró el Papa Francisco en marzo.

                                                                                                                                📌Le puede interesar: La crisis humanitaria en Afganistán tras dos años del régimen talibán

                                                                                                                                La denuncia también recalca que la represión estatal está dirigida también a familiares de los presos políticos, así como a defensores e integrantes de espacios de activismo y denuncia contra el gobierno.

                                                                                                                                El pasado viernes, las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Right Livelihood denunciaro que las comunidades indígenas también sufren violaciones a los derechos humanos. Los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna han sufrido de violencia y despojo de sus territorios, lo que ha agudizado el desplazamiento forzado interno y una crisis alimentaria.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ordenado medidas de protección para 15 comunidades indígenas. Se pidió también a otros Estados que presionen para “visibilizar su situación y generar protección, demandar a las empresas el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones, y al Estado el cumplimiento a las medidas de protección y la garantía de sus derechos a la vida e integridad, económicos, sociales y culturales, así como a la libre determinación”.

                                                                                                                                No ad for you

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