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El paradero de cuatro niños en Ecuador es desconocido desde el 8 de diciembre. Hay silencio, versiones contradictorias y la desazón aumentó con el hallazgo de cuerpos maniatados y calcinados que no han sido identificados.
“¿Dónde están?”, preguntan los padres de Saúl Arboleda, Steven Medina y de los hermanos Josué e Ismael Arroyo. Ellos salieron a jugar fútbol el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, un popular barrio del sur de Guayaquil. Sus familias no volvieron a saber de ellos y hoy exigen respuestas.
La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano declaró que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada tras un operativo militar.
El caso ocurre en el marco de una política de militarización del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, instaurada desde enero de 2024 en un intento por contrarrestar el incremento de la criminalidad.
“En este caso no se aplicaron los procedimientos correspondientes y se configuró una grave violación de Derechos Humanos”, dijo a France 24 Fernando Bastías, abogado del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organismo que ha acompañado a las familias en el proceso judicial.
Lo que se sabe hasta ahora (22 días desaparecidos)
El pasado 24 de diciembre fueron encontrados cuatro cuerpos, maniatados y calcinados, en un terreno cercano a la Base Aérea de Taura, a unos 40 km de donde fueron detenidos los menores y donde habrían sido vistos por última vez.
Debido al estado de los cuerpos, la verificación de sus identidades a través del registro dactilar, uno de los procesos que utilizan los forenses con resultados más inmediatos, no se pudo realizar.
El siguiente paso fueron las pruebas antropológicas para la identificación de los restos. Pero tampoco fueron concluyentes. Ahora, deben esperar el resultado de las pruebas de ADN, que estarían listos en 30 días; es decir, hacia finales de enero de 2025. La Fiscalía de Ecuador aclaró que aún continúan las pericias de identificación.
“Que devuelvan a nuestros hijos. No queremos nada más. Nosotros no dormimos, no comemos. Tampoco tenemos vida al levantarnos y no verlos. Llevarlos a la escuela a jugar pelota. No va a ser lo mismo”, rogó Ronny Medina, padre de Steven, ante la Asamblea Nacional del Ecuador, el pasado 23 de diciembre. En esa misma sesión legislativa se presentó el video en el que se observa cuando hombres con trajes militares detienen a los niños.
Investigación por desaparición forzada
Los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) involucrados en este caso están a la espera de la formulación de cargos, que se realizará en una audiencia el 31 de diciembre. Todos se encuentran bajo custodia de las propias Fuerzas Armadas por orden del Ministerio de Defensa. El fiscal formulará cargos por presunta desaparición forzada.
En un primer momento el caso se trató como secuestro. Por ello, las familias interpusieron el recurso de habeas corpus para que se reconozca la presunta responsabilidad del Estado y las investigaciones tomen otro rumbo.
“Se quería determinar que sí hay indicios de la participación de funcionarios estatales, en este caso militares”, explicó Fernando Bastías. Este recurso se presentó cuando el objetivo de la investigación previa continuaba bajo la figura de secuestro. Y la idea, dijo el abogado, era que la Fiscalía lo investigara como una posible desaparición forzada.
“Hay una línea de investigación y búsqueda diferente. No se investiga el secuestro de la misma manera que se investiga una desaparición forzada”, aclaró.
No obstante, días antes de que se tramitara dicho recurso constitucional (el habeas corpus), el fiscal a cargo de la investigación penal anunció que ahora está bajo la figura de desaparición forzada.
‘No es un caso aislado, es sistemático’
Este caso no es el único que la Fiscalía tiene sobre presunta desaparición forzada, al igual que por otros delitos por exceso de la fuerza pública. El CDH ha señalado que esto responde “a una práctica habitual de las Fuerzas Armadas: excederse más allá de lo que establece la ley y ese exceso se materializa en una grave violación de Derechos Humanos”.
En el caso de ‘Los Cuatro Niños de Guayaquil’, la jueza constitucional que tramitó el habeas corpus aclaró que no se aplicaron los procedimientos. “Cuando la jueza le pregunta a las Fuerzas Armadas si conoce que todos los militares están aplicando el procedimiento correspondiente. Las Fuerzas Armadas respondieron: desconozco”, contó Bastías sobre lo ocurrido en dicha audiencia.
Con esta última respuesta, dijo, “las Fuerzas Armadas ponen en riesgo a toda la población civil porque se desconoce, dicho por las mismas autoridades, si están aplicando el procedimiento adecuado”.
Lo que alerta Bastías fue admitido por uno de los 16 militares involucrados. En una entrevista con el medio digital La Posta, uno de ellos, mencionó que solo los mandaron a las calles y que no están preparados.
“Por lo tanto, esto no es un hecho aislado, es un hecho sistemático”, enfatizó Bastías, al mencionar que su organización acompaña directamente 11 casos de presunta desaparición forzada. “Tampoco es que recién en diciembre estamos conociendo el resultado de una mala aplicación de una política de seguridad. Esto ocurrió inmediatamente desde la movilización de Fuerzas Armadas, que han dejado otros casos como el de Carlos Vega Ipanaque, ejecutado extrajudicialmente por un militar en Guayaquil”, agregó.
Este lunes 30 de diciembre, Bastías compareció ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional de Ecuador y presentó más casos de desapariciones en los que hay indicios suficientes de que hubo la participación de agentes estatales. Muchos de ellos, lamentó, son investigados como desaparición involuntaria y no como desaparición forzada.
“Pero se conoce que hay una docena de casos más. Particularmente en Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, donde la gente tiene miedo de denunciar”, agregó.
En un pronunciamiento conjunto de una docena de organizaciones sociales y de Derechos Humanos alertaron del perfilamiento y la criminalización racial. “Niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la costa ecuatoriana”, dice el comunicado.
Además, señalan que la “persistente declaratoria de un conflicto armado no internacional, rechazada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Esto ha desvirtuado la misión institucional de las Fuerzas Armadas e instaurado un clima de terror contra la ciudadanía”.
‘El Gobierno decidió mentir’
El abogado de Derechos Humanos lamentó que “la primera respuesta del Gobierno frente al caso fue mentiras. Cuando hubo la oportunidad de decir ‘vamos a colaborar’, decidieron mentir”, recalcó.
Esto, en referencia a las distintas declaraciones que ha dado el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en medios de comunicación y ruedas de prensa que arrojan más dudas que certezas sobre el caso. Bastías recordó que el Gobierno también los ha estigmatizado por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos.
El ministro dijo: “le hacen el juego al crimen organizado y a las mafias”, cuando se denunció que era una desaparición forzada. Y aunque no quiso reconocer la participación de militares en este caso, luego tuvo que rectificar y aclarar que sí hubo dicha aprehensión. Según el Gobierno, luego fueron liberados, en la noche, en la zona cerca a la base de Taura.
Esto, dijo Bastías, es un intento por deslindar la responsabilidad del Estado. La respuesta y declaraciones del ministro de Defensa, señaló, “fortalece la tesis de que existe una responsabilidad estatal y no como un hecho de solo 16 militares”. Además, mencionó que el Ejecutivo decidió emitir una respuesta de ‘blindaje’ ante esta violación de derechos. “Más allá de lo irresponsable y revictimizante que es para las familias, es un mensaje de impunidad”, subrayó.
El Gobierno y las Fuerzas Armadas ratificaron el lunes 30 de diciembre que la detención de los menores de edad se dio porque estaban delinquiendo. Una versión sobre la que el propio fiscal del caso dejó en claro que no existe ninguna prueba.
Ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea, Loffredo aseguró que la aprehensión de los adolescentes “no fue parte de una operación, sino que se dio en circunstancias de un presunto acto flagrante”.
Sin embargo, en esta comparecencia el ministro expresó su solidaridad con las familias.
Fernando Bastías, quien también participó en esta comisión, le recriminó que “si realmente hubiese querido ser solidario, jamás hubiese iniciado la campaña de estigmatización en contra de los niños desaparecidos”, afirmó.
¿Quiénes son los cuatro niños de Guayaquil?
Las familias han tenido que, en medio de su dolor y angustia por encontrarlos, aclarar a cada momento quiénes eran sus hijos, debido a una ola de desinformación que ha intentado vincularlos con bandas delincuenciales.
Ismael Arroyo, de 15 años, quiere ser jugador profesional de fútbol. Es el goleador de su equipo que, en 2024, obtuvo cuatro medallas. Su padre, Luis Arroyo, contó a Ecuavisa que juega a la pelota desde antes de los cinco años.
Su hermano Josué, de 14 años, era más dedicado a sus estudios. En el mismo reportaje del medio local, su madre mostró con orgullo los impecables cuadernos que tenía en su escuela. “El debate que tenían los dos es quién le compra primero la casa a la mamá”, dijo Luis Arroyo, entre risas, al mencionar que no pierde la fe de que regresen sus hijos.
Cerca de la casa de la familia Arroyo, a unas calles, vive la familia de Saúl Arboleda, de 15 años. Su afición es la música, es cantante y participó en un video musical. Su madre, Johana Arboleda, cuenta que su hijo “canta en todas partes, solo vive cantando”.
Mientras que Steven Medina, de 11 años, también se ha destacado por su participación en las artes y el deporte. Es parte de la Fundación Nueva Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde ha tocado instrumentos musicales, bailó y cantó. La tutora, Elizabeth Rosero, le dijo a Ecuavisa que Steven tenía una conexión muy cercana con Dios y que siempre quería dirigir la oración en el almuerzo.
Del caso Restrepo a los ‘Cuatro Niños de Guayaquil’
El 8 de enero de 1988, los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, de 17 y 14 años, desaparecieron tras ser detenidos por la Policía Nacional. Sus padres, Luz Elena Arismendi y su padre, Pedro Restrepo, iniciaron una incesante lucha por encontrarlos. Denunciaron la complicidad del Estado y las contradicciones en las versiones de los involucrados.
Cada miércoles, se paraban frente al Palacio presidencial de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, para exigir respuestas a todos los gobiernos de turno. Luego de décadas, el caso fue juzgado como un crimen de Estado. Su madre murió en julio de 1994.
Don Pedro Restrepo, como se lo llamaba, junto con su tercera hija, María Fernanda Restrepo, continuaron con su búsqueda sin éxito. El martes 24 de diciembre, Pedro Restrepo murió a los 81 años sin saber qué pasó con sus hijos.
Él murió mientras la jueza deliberaba sobre el habeas corpus que presentaron las familias de los cuatro niños de Guayaquil.
“Les contaba a los papitos quién era Pedro Restrepo ellos me dijeron: lo más probable es que se fue tranquilo sabiendo que ahora hay quienes luchan también por los siguientes desaparecidos”.
“El legado que dejan los defensores de Derechos Humanos es histórico. Porque la desaparición forzada no es un crimen aislado. Es una política de Estado porque hay una serie de personas que permiten que ocurra eso”, concluyó Fernando Bastías.
“¿Dónde están los niños?”. Se lee en las pancartas durante las jornadas de protestas que se han generado en diferentes ciudades de Ecuador. En la costa, sierra, Amazonía y en las islas Galápagos.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, dice otra pancarta. La exigencia de verdad y justicia se replica en el país, a la espera de que vuelvan con vida.
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