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El Congreso de Perú sigue sin aportar su cuota para atender uno de los llamados que desde hace casi dos meses hacen los ciudadanos en las calles: adelantar las elecciones. El miércoles, luego de un debate de alrededor de cuatro horas, el Legislativo rechazó por segunda vez llevar a cabo los comicios este año y no en 2024, como se había establecido.
El texto que se había propuesto, y que no obtuvo los 87 votos necesarios (54 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones), establecía lo que se denomina “elecciones complementarias”, con el objetivo de que el nuevo presidente o presidenta y los nuevos diputados elegidos ejercieran funciones hasta 2026, es decir, que completaran el período que inició Pedro Castillo, vacado y detenido desde el pasado 7 de diciembre.
Tumbado el articulado, el Parlamento escuchó la propuesta de Perú Libre (una de las fuerzas que se opusieron al proyecto que se cayó y con la cual Pedro Castillo llegó al poder en 2021), que plantea elecciones en 120 días y una consulta sobre la solicitada Asamblea Constituyente. Sin embargo, la sesión fue suspendida, de nuevo, y se reanudará este jueves a las 10 de la mañana.
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Así, Perú, un país en el que desde 2016 ningún presidente termina su período, sigue sin conjurar la nueva crisis política, desatada tras la destitución y detención de Pedro Castillo (quien se encuentra en prisión preventiva) luego de que este anunciara la disolución del Congreso, el gobierno por decreto, entre otras medidas que fueron leídas por la mayoría legislativa como un intento de autogolpe.
Las manifestaciones en las calles continúan. En este contexto de descontento social han muerto por lo menos 58 personas, muchas de ellas en choques directos con la policía, y han sido denunciadas numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Nada de esto ha estado exento de afectaciones para las principales actividades económicas del país, como la minería y el turismo.
Se calcula que seis semanas de protestas y bloqueos dejaron ya más de US$500 millones en pérdidas, según cifras del Ministerio de Economía. El miércoles precisamente el Fondo Monetario Internacional, sin mencionar directamente a Perú, estimó que “el creciente descontento social y la disminución de la confianza en las instituciones públicas ha sido una tendencia importante en la región desde hace algún tiempo”. La perspectiva, no obstante, sigue siendo de crecimiento tanto para 2023 como para 2024, en Perú, del 2,5 y 3,2 %, respectivamente.
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Las protestas, que han tomado como nuevo epicentro la ciudad de Lima, defienden que Castillo enfrente su proceso en libertad y reclaman el respeto por el voto popular. En un sentido similar, pidiendo medidas cautelares, se ha pronunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante lo cual Lima llamó a consultas al embajador peruano en Colombia, por ahora de forma indefinida.
El hartazgo popular frente a la clase política de Perú está en la raíz del reclamo por el adelanto de las elecciones. Respecto al proyecto que el miércoles no alcanzó los votos necesarios, para la facción más de izquierda en el Parlamento, dentro de la cual sigue habiendo defensores del vacado presidente Castillo, haber votado a favor habría sido sinónimo de reconocer la presidencia de Dina Boluarte, a quien, al igual que muchos peruanos en las calles, piden la renuncia.
El rechazo también vino por parte del partido ultraconservador Renovación Popular, mientras que la colectividad fujimorista Fuerza Popular, los conservadores de Podemos y la Alianza para el Progreso respaldaron el adelanto de elecciones promovido, por cierto, por la presidenta Boluarte en un nuevo intento por calmar los ánimos en las calles.
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Ahora el Legislativo deberá considerar la propuesta que contempla la Asamblea Constituyente promovida por quienes consideran que el país debe tener una nueva Carta Magna, distinta de la que legó Alberto Fujimori en 1993.
“[El adelanto de elecciones es] una válvula de escape a corto plazo, pero no soluciona la crisis”, opina Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario. Para él, calmaría los ánimos, pero “la discusión de fondo no resuelta es qué tanto la gente quiere una constituyente, porque nuevas elecciones no garantizan gobernabilidad. Los congresistas, como no se pueden reelegir, son kamikazes. Sin una reforma de fondo veo difícil que Perú salga de esa olla”.
“Creemos en la necesidad de un proceso de Asamblea Constituyente”, dijo en diálogo con este diario Roberto Sánchez, congresista de Perú y exjefe de la cartera de Comercio durante el gobierno de Pedro Castillo. Según Sánchez, se requieren “reformas profundas al modelo de régimen que tiene Perú, régimen político y económico, y eso pasa por una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución”.
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