El principal acusado por el intento de homicidio contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner afirmó durante su juicio este miércoles que buscó asesinarla como “un acto de justicia” por “el bien social”.
“La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, se justificó ante el tribunal Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien el 1 de septiembre de 2022 disparó dos veces sin que salieran las balas a la cabeza de la entonces vicepresidenta argentina.
El juicio se centra en el atacante, su exnovia y el empleador de ambos como vendedores callejeros, sin ocuparse de supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la expresidenta Kirchner reclamó investigar y que forman parte de una causa paralela.
Con una hora de demora inició la primera audiencia en la que se leyeron los cargos contra los acusados por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años.
El tribunal oral federal 6 leyó la acusación de la querella y de la fiscalía en las que se citaron mensajes peritados de los teléfonos de los acusados con referencias explícitas a los planes para matar a Kirchner.
En ellos se dio cuenta de que los acusados se proveyeron de una arma ilegal, la utilizada en el ataque, intentaron alquilar una vivienda cercana a la casa de la expresidenta y buscaron la ocasión para ejecutarla.
“Eran plenamente conscientes de lo que hacían y de sus posibles consecuencias”, sostuvo la querella.
A lo largo de las audiencias que se realizarán con una frecuencia semanal serán escuchados unos 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner, en un proceso que se estima puede prolongarse durante un año.
El agresor resultó ser un vendedor de dulces que en la noche del 1 de septiembre de 2022 atacó a Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia (2007-2015).
Su novia de entonces, Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta las inmediaciones del lugar del hecho, fue arrestada días después, al igual que Nicolás Carrizo, empleador de ambos como vendedores de dulces y señalado como “planificador”.
Sabag Montiel, portador de tatuajes con simbología filonazi, evidenció una personalidad “narcisista” y un discurso “extravagante” con elementos de hostilidad hacia Kirchner, según pericias. Uliarte, por otro lado, está acusada como “coautora” y señalada como instigadora, mientras Carrizo está acusado de complicidad.
“Voy a ir con el fierro (pistola) a la casa de Cristina y le voy a pegar un corchazo (tiro)”, escribió Sabag Montiel en un mensaje a Uliarte semanas antes del ataque, a lo que ella le respondió: “La onda (la idea) es que metas el corchazo y te escapes”.
Luego del fallido ataque, Carrizo se ufanó de que su “empleado” hubiera concretado el ataque. “Lo aplaudo, estuvo a un segundo de ser héroe nacional”.
Otras personas que habían sido arrestadas como sospechosas fueron liberadas conforme avanzó la investigación sobre la llamada “banda de los copitos”, el grupo de vendedores callejeros de algodón dulce al que pertenecían los imputados.
Cimbronazo político
Tras el atentado, Kirchner recibió mensajes de solidaridad de todo el mundo. También hubo un manto de sospecha acerca de la veracidad del ataque, luego despejado por las pericias.
En medio de las condenas públicas, adversarios políticos, como la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich, excandidata a la presidencia por la fuerza de derecha Juntos por el Cambio, optaron por el silencio.
Su exjefe de campaña y diputado, Gerardo Milman, es una de las personas que Kirchner pide investigar, luego de que fuese escuchado hablando del ataque antes de que ocurriera. Un peritaje de su teléfono sigue pendiente.
Esa y otras pistas sobre el supuesto financiamiento que llevan hasta una empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo, fueron desestimadas por el tribunal.
“No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más”, sostuvo Kirchner en una carta pública.
El atentado “fue un antes y un después, no porque hubiera cambiado la política, sino porque evidenció a las claras que la polarización permite, en cierto sector, que no haya ningún tipo de condena cuando el atacado es el otro”, dijo a la AFP Iván Schuliaquer, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires.
Al día siguiente del atentado, el gobierno declaró un feriado extraordinario y miles de personas salieron a la calle en todo el país para repudiar lo ocurrido, convencidas de que la extrema polarización política había traspasado un límite.
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