“Su renuncia es lo más sensato”: exministro de Castillo sobre Dina Boluarte

Roberto Sánchez, congresista del Perú y exjefe de la cartera de Comercio durante el gobierno de Pedro Castillo, cuenta que el gabinete del que formaba parte no sabía que el hoy vacado presidente ordenaría el cierre del Congreso y otras medidas aquel 7 de diciembre, cuando el primer mandatario terminó destituido y detenido.

Roberto Sánchez, congresista del Perú y exjefe de la cartera de Comercio durante el gobierno de Pedro Castillo, cuenta que el gabinete del que formaba parte no sabía que el hoy vacado presidente ordenaría el cierre del Congreso y otras medidas aquel 7 de diciembre, cuando el primer mandatario terminó destituido y detenido.

Aunque reconoce que, de haberlo sabido, el consejo de los ministros a Castillo habría sido otro, también señala con contundencia que la crisis de la institucionalidad peruana no es de ahora, sino que se desencadenó por lo menos hace cinco años, periodo en que el país ha tenido seis presidentes, por el “obstruccionismo” de la oposición, mayoritaria en el Congreso.

En esta entrevista sostiene que Castillo, contra quien la Fiscalía abrió seis investigaciones relacionadas con corrupción mientras estaba en ejercicio y que ahora se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, acusado de rebelión, debería ejercer su defensa en libertad. Además, que la presidenta Dina Boluarte debería renunciar.

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Sánchez, quien fue incluido en la investigación contra Castillo por organización criminal, señalado de obstrucción a la justicia, no solo ha rechazado las acusaciones, sino que ha pedido que se investiguen las “graves imputaciones de la fiscalía”.

¿Qué ha llevado al Perú a la situación actual?

En los últimos cinco años, en el sistema político peruano, ha habido una realidad que no era usual: que gane las elecciones un presidente de la República y que obtenga en el Congreso la minoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria, de oposición al gobierno, ha jugado un rol obstruccionista, autoritario y vacador; por ese abuso del poder en los últimos cinco años hemos tenido seis presidentes. Esta situación ha alterado el equilibrio de poderes y ha afectado severamente la institucionalidad de la democracia. Al romperse ese equilibrio, y más aún con la asunción del presidente Pedro Castillo Terrones desde el movimiento social campesino, popular, andino, obteniendo una minoría en el Parlamento, se ha desatado una guerra por el poder, en la que sectores de la derecha más recalcitrante del Perú y de los que tienen el uso privilegiado de los medios de producción del país habían puesto en marcha un plan político de obstrucción a las medidas que el presidente Castillo iba tomando, y en ese trayecto, en clima de asedio, impulsaron mociones de vacancia, un abuso del ejercicio del control político por parte del Congreso. Ha sido un enfrentamiento del vale todo, sin diálogo democrático, ni siquiera el invocado por la OEA, que pidió una tregua justamente para solucionar este tema de fondo. Llegamos a una situación en la que el presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre, intenta cerrar el Congreso de la República en el contexto de este enfrentamiento, una medida política que no tuvo efecto jurídico, pero que sirvió inmediatamente para que se le destituyera. Aunque no estaba regulada la flagrancia como delito para el presidente, aunque no se siguieron los pasos del desafuero de su inmunidad como presidente, se le destituyó y viene afrontando ahora una prisión preventiva.

¿Qué está pasando hoy en el Perú, después de las marchas del jueves y el caos que vimos en Lima?

Todo lo que mencionaba ha afectado de una manera muy dramática todo el país. Todas las regiones, fundamentalmente quechuas, aymaras, amazónicos, han desatado una beligerancia de su demanda social que quiere evidentemente la libertad del presidente Pedro Castillo, pero también la salida del gobierno de transición de Dina Boluarte, que ha perdido la legitimidad porque tiene más de 50 personas fallecidas, más de 30 de ellos por impactos de bala; 17 han fallecido en la región Puno por impacto de bala del ejército y la policía; en Ayacucho han fallecido 10 por impacto de balas y proyectiles. Se ha criminalizado, el Perú está en estado de emergencia, en estado de sitio, hay una militarización muy complicada y no hay diálogo articulado. Hoy el Perú vive una convulsión con más de 140 interrupciones alrededor de las carreteras, vías de acceso en el país, que exige la renuncia del gobierno de Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales para el año 2023.

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¿Qué piensa de los planteamientos que sugieren, desde los entes investigadores y el gobierno, que las marchas han estado infiltradas por miembros del Sendero Luminoso y que detrás de los desmanes hay una organización o una financiación oscura?

Es un error responder a la demanda del movimiento social criminalizando, insultando, terruqueando, como decimos aquí. Ahora resulta que todos son terroristas, senderistas, narcotraficantes, con financiamiento ilegal. Responder así a los miles de comunidades quechuas, aymaras, amazónicos, ha sido una miopía desde el gobierno, que no conoce la realidad social, política y cultural del país, y que ha servido en realidad como un balde de gasolina a un enfrentamiento que solamente ha exacerbado el sentimiento de los pueblos ancestrales del Perú, que ya no quieren que alguien los represente, que son el nuevo actor social y político hoy en la ciudad, que reclaman democratización de la sociedad peruana, de la economía, de su régimen político, que reclaman derechos constitucionales a la salud, a la educación, y que por supuesto se han sentido ofendidos por la alteración de su voto ciudadano.

Usted votó en contra de la destitución del presidente Castillo ese 7 de diciembre. ¿Por qué lo hizo, si vimos el consenso de los legisladores, incluso de los que apoyaban a Castillo, en cuanto a que disolver el Congreso, gobernar por decreto y otras medidas, era, por lo menos, una extralimitación en las funciones presidenciales?

La tercera moción de vacancia apelaba a presuntos actos ilícitos y corrupción. Pero constitucionalmente ningún presidente en 30 años ha sido acusado ni investigado. Tras los hechos del intento de cierre del Congreso, se hace un procedimiento exprés, no con el debido proceso reglamentario, apelando nuevamente a incapacidad moral permanente, y se procede a interpretar una supuesta flagrancia, que nunca se ha aplicado a ningún presidente, no se le concede el derecho de defensa, se le destituye, antirreglamentaria y arbitrariamente. Era evidente que era una maquinaria de destitución. Por eso no voté a favor de la vacancia.

Usted mencionaba los distintos reclamos de la ciudadanía en las calles. En ese sentido, ¿por dónde debería empezar el gobierno a atender esas demandas?, ¿qué debería hacer en este momento la presidenta, según usted?

Está teniendo errores mayúsculos. El jueves se dirigió al país y dijo agradecer y felicitar a las fuerzas armadas y la policía nacional por su labor inmaculada. Yo digo: ¿en qué país vive la señora? La militarización, la represión, está masacrando a nuestros hermanos. Por no entender eso es que ha perdido legitimidad. El 70 % de los peruanos desaprueba a la señora Boluarte, y el 80 % está en desacuerdo con que ella haya asumido la presidencia como sucesión constitucional en el Perú. Su renuncia es lo más sensato para recuperar la estabilidad en el Perú, y que de inmediato una figura de consenso en el Congreso de la República, como dice la Constitución, asuma únicamente para convocar a nuevas elecciones generales en el plazo de cuatro a seis meses; eso es lo que corresponde de manera inmediata para ir también regulando los otros temas relevantes hoy en la agenda política, pero que no serán materia del corto plazo, como por ejemplo la Asamblea Constituyente, la reforma constitucional para restablecer el equilibrio de poderes que hoy se ha perdido, entre otros.

Uno de los reclamos es el adelanto de las elecciones, pero hemos visto que hay ciertos sectores que se oponen a lo que se acordó al respecto en el Legislativo (llevarlas a cabo en 2024) y han dicho que definitivamente esa no es la salida, sino una Asamblea Constituyente, ¿qué opina usted?

Hay estabilidad macroeconómica y en el ejercicio del presidente Pedro Castillo el crecimiento del PBI ha estado en alrededor del 3 %, ha habido récord de exportaciones, así como récord de recaudación tributaria, tanto el año 21 como el 22, entre otros. Pero el modelo económico solo ha beneficiado a una minoría; hoy hace falta un nuevo pacto social, que regule economía, Estado y sociedad pensando en la gente, en la democracia, que tiene que ser no solamente para el de Lima, sino para el de Ayacucho, el de Puno, el del Sur, el del Oriente, el de todos los peruanos. Creemos en la necesidad de un proceso de Asamblea Constituyente, pacífico, sin odios, sin revanchas, sin venganzas, sino ejemplar, para fundar un proyecto de República democratizadora, que es lo que no hemos tenido ni siquiera en estos 200 años de historia. Esa aspiración de fondo no nace por una cuestión de fuerza, sino por el convencimiento de que hoy el 66 % de los peruanos creen en la necesidad de reformas profundas al modelo de régimen que tiene el Perú, régimen político y económico, y eso pasa por una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución.

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La postura del presidente Gustavo Petro [en defensa de Pedro Castillo] ha afectado las relaciones diplomáticas de Colombia con Perú y, de hecho, en este momento en Bogotá no está el embajador, que fue llamado a consultas. ¿Cómo evalúa usted el impacto que esta crisis ha tenido en las relaciones internacionales del Perú?

Veo de manera muy peligrosa que hay un factor internacional geopolítico en el conflicto que vive hoy el Perú. No creo que no hayan estado presentes algunas manos de gobiernos que veían que la economía peruana con el presidente Pedro Castillo se iba orientando hacia un regionalismo, un trabajo de la multilateralidad en la región, progresista y de izquierda, que también iba afianzando su cooperación comercial, sus relaciones por ejemplo con China… En ese trayecto hay mucho temor de ciertos grupos económicos de perder el predominio que tienen sobre los recursos como el gas, el petróleo, el cobre, el oro, los recursos del mar peruano. Es decir, creo que hay un elemento que pretende aislar al Perú del concierto multilateral, de la mirada regional latinoamericana, para favorecer el capital internacional de otra latitud. Para mí eso es un grave error, ni siquiera a la altura de nuestra escuela y tradición diplomática, siempre democrática, siempre de multilateralidad. Seguramente están soñando con la restitución del Grupo de Lima, entre otros objetivos económicos.

¿Qué debería pasar en este momento con Pedro Castillo, con las investigaciones que tenía en curso, con su prisión preventiva…?

El debido proceso, los estándares de derecho de la defensa, los estándares democráticos para el presidente Pedro Castillo no se dieron. Necesitamos un sistema de justicia imparcial, idóneo, profesional, absolutamente en el ánimo democrático. Creemos que el presidente Castillo debería abordar su defensa política, jurídica, legal, en libertad. Con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del derecho en general en la comunidad internacional esto no hubiera sucedido. Creemos que en el Perú necesitamos una lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, por más alta o poca investidura que tengan los ciudadanos, pero tiene que ser imparcial, profesional, idónea, con debido proceso.

¿Cómo habría votado usted si se hubiera dado la votación de la moción de vacancia como estaba planteada para ese día?

He ejercido como ministro de Comercio Exterior en todo el gobierno del presidente Pedro Castillo y formaba parte del equipo de ministros que habíamos preparado la defensa política, técnica, legal, social, justamente de esa moción de vacancia. Ese día, mientras nos preparábamos, el presidente tomo la decisión unipersonal de cerrar el Congreso, una decisión política que se cataloga como infracción, que políticamente, en el contexto de enfrentamiento, el presidente decidió tomar, una medida extrema. Los ministros no teníamos conocimiento de esa decisión, que no tuvo efecto jurídico, no llevó a nada, pero motivó la reacción virulenta inmediata.

¿En qué consistía la defensa?

Los argumentos de la defensa estaban centrados en medidas ajustadas a derecho porque la vacancia por incapacidad moral permanente es algo que tuvo que regularse, para evitar subjetividades, pero que nunca se quiso hacer. Estábamos convencidos de que podríamos traer abajo la tercera moción de vacancia, pero el presidente decidió cerrar el Congreso sin conocimiento de los ministros, que no tuvo efecto jurídico ni político, más allá de una declaración lírica, y que motivó de manera exprés, en un par de horas, su destitución inmediata, detención y prisión preventiva.

Para usted, ¿la decisión de Castillo, de cerrar el Congreso y demás, fue equivocada?

Una decisión así correspondía que fuera aprobada por el consejo de ministros, pero no se trató formal ni informalmente. Nuestro consejo no hubiera sido tomar esa ruta, sino que siempre estuvo orientado a la institucionalidad democrática, al diálogo, a la tregua que, debo decir también, nunca se nos hizo caso en el otro lado de la oposición.

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