Supremo venezolano se asegura el control del partido opositor de Henrique Capriles
Primero Justicia se suma a otras organizaciones políticas pertenecientes a la alianza opositora Plataforma Unitaria cuyo control se entrega por vía judicial a directivas paralelas.
El máximo tribunal de Venezuela entregó este lunes el control de uno de los principales partidos opositores a un dirigente expulsado por esa organización política y tildado por sus líderes de “colaboracionista” del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó “el nombramiento de una junta directiva ad hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la organización con fines políticos ‘Movimiento Primero Justicia’, presidida por el ciudadano José Dionisio Brito”, según una sentencia publicada en la web de la corte.
El grueso de la oposición califica esas medidas como “un robo” y analistas advierten que van en la línea del chavismo gobernante para fomentar fracturas entre los adversarios de Maduro.
La sentencia surge tres días después de que Plataforma Unitaria anunciara al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años, como candidato para enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Esa nominación se dio tras la inhabilitación de la ganadora de sus primarias, María Corina Machado, y el bloqueo de la inscripción de su sustituta, Corina Yoris.
“Vuelven a usar al TSJ como brazo ejecutor de ilegalizaciones (...) buscan confundir a los venezolanos en las próximas elecciones”, denunció Capriles en la red social X.
Brito es un diputado que rompió con el liderazgo tradicional de la oposición en 2020, después de haber sido acusado de corrupción.
“Yo no tengo nada que ver”, dijo a la prensa el parlamentario al negar que busque influir en la candidatura de González Urrutua.
La decisión del TSJ sostiene que la nueva junta de Primero Justicia “podrá utilizar la tarjeta electoral” y “el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de dicho partido politico”.
Ordena además al Consejo Nacional Electoral (CNE) “abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor por la junta directiva ad hoc” de manera “provisoria”.
Sentencias similiares fueron emitidas en 2019 y 2020 contra Voluntad Popular, partido de los dirigentes exiliados Leopoldo López y Juan Guaidó, además de AD (Acción Democrática) y COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), que dominaron la escena política venezolana desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1951-1958) hasta la irrupción del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Luis Ratti, un empresario que se denomina antichavista, pero enfrentado ferozmente con la oposición tradicional, acudió en marzo al TSJ “para solicitar la nulidad de la tarjeta de la MUD”, Mesa de la Unidad Democrática, alianza que nació en 2008 y que derivó en la Plataforma Unitaria. El TSJ no ha respondido a esa petición.
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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó “el nombramiento de una junta directiva ad hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la organización con fines políticos ‘Movimiento Primero Justicia’, presidida por el ciudadano José Dionisio Brito”, según una sentencia publicada en la web de la corte.
El grueso de la oposición califica esas medidas como “un robo” y analistas advierten que van en la línea del chavismo gobernante para fomentar fracturas entre los adversarios de Maduro.
La sentencia surge tres días después de que Plataforma Unitaria anunciara al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años, como candidato para enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Esa nominación se dio tras la inhabilitación de la ganadora de sus primarias, María Corina Machado, y el bloqueo de la inscripción de su sustituta, Corina Yoris.
“Vuelven a usar al TSJ como brazo ejecutor de ilegalizaciones (...) buscan confundir a los venezolanos en las próximas elecciones”, denunció Capriles en la red social X.
Brito es un diputado que rompió con el liderazgo tradicional de la oposición en 2020, después de haber sido acusado de corrupción.
“Yo no tengo nada que ver”, dijo a la prensa el parlamentario al negar que busque influir en la candidatura de González Urrutua.
La decisión del TSJ sostiene que la nueva junta de Primero Justicia “podrá utilizar la tarjeta electoral” y “el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de dicho partido politico”.
Ordena además al Consejo Nacional Electoral (CNE) “abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor por la junta directiva ad hoc” de manera “provisoria”.
Sentencias similiares fueron emitidas en 2019 y 2020 contra Voluntad Popular, partido de los dirigentes exiliados Leopoldo López y Juan Guaidó, además de AD (Acción Democrática) y COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), que dominaron la escena política venezolana desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1951-1958) hasta la irrupción del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Luis Ratti, un empresario que se denomina antichavista, pero enfrentado ferozmente con la oposición tradicional, acudió en marzo al TSJ “para solicitar la nulidad de la tarjeta de la MUD”, Mesa de la Unidad Democrática, alianza que nació en 2008 y que derivó en la Plataforma Unitaria. El TSJ no ha respondido a esa petición.
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