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El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dejó de pagar las pensiones de vejez a los opositores nicaragüenses que fueron desnacionalizados el pasado 10 de febrero tras ser declarados “traidores a la patria”, denunciaron este sábado los afectados al medio digital Confidencial.
Entre los afectados se encuentran la legendaria excomandante guerrillera Dora María Téllez, antigua compañera de armas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan.
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También el exsecretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Julio López Campos; y la excomandante guerrillera, historiadora y disidente sandinista Mónica Baltodano.
Además, el exministro de Educación y sociólogo Humberto Belli, hermano de la escritora y poetisa Gioconda Belli; entre otros.
FUERON BORRADOS DEL SISTEMA
Según los afectados, entre el 19 y 21 de febrero pasados, que es la fecha en que el INSS pagó la pensión de vejez del presente mes, sus familiares, a quienes dejaron un poder especial para retirar los pagos, no recibieron la pensión bajo el argumento de que no aparecían en los registros de los asegurados tras ser despojados de su nacionalidad.
Hasta ahora el Gobierno de Ortega, ni el INSS, han hecho pública ninguna normativa al respecto.
Según Confidencial, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, ordenó la ejecución de la medida con base en las sentencias del Tribunal de Apelaciones de Managua, del pasado 9 y 10 de febrero, respectivamente, que los declaró apátridas, traidores de la patria y prófugos de la Justicia.
El exministro Belli, exiliado en EE. UU. desde junio de 2021, calificó de “robo” el despojo de su pensión, que retiraba alguien de su confianza a quien dejó un poder legal, y esta vez no pudo hacerlo porque, según dijo un trabajador del INSS, “el señor Belli no está en el sistema”.
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“La sentencia que nos declara traidores a la patria y nos quita nuestra ciudadanía, manda congelar nuestros bienes inmuebles, pero no un ingreso que nos pertenece por ley, como la pensión, que no es una dádiva, sino un derecho que nos ganamos después de ahorrar por muchos años”, reprochó Belli, en declaraciones a Confidencial.
“Ellos se lo están robando, porque este tipo de sanción no está prevista en ninguna ley, ni en la Constitución”, añadió.
EXPLORAN ACCIONES LEGALES CONTRA ESTADO DE NICARAGUA
Belli, que posee la nacionalidad italiana, anunció que se puso en contacto con la Embajada de Italia en Nicaragua para pedir apoyo y buscará un abogado para explorar opciones legales contra el Estado nicaragüense.
Por su lado, el exsecretario de relaciones internacionales del FSLN, quien recibía el pago de la pensión en una cuenta bancaria, catalogó la medida de “canallada, brutalidad y desprecio a los derechos humanos”, que “redondea un conjunto de atrocidades que no tiene precedentes en América Latina, ni en el mundo”, denunció.
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Para el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien se le rebeló a Ortega por no permitir elecciones libres en su país y quien también fue desnacionalizado, el despojo de las pensiones a los jubilados es “un robo”, según escribió en Twitter.
Nicaragua ha retirado la nacionalidad a 317 nicaragüenses, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, a los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, al exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, a la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, y al periodista Carlos Fernando Chamorro.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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