Tapón del Darién: Panamá y Colombia necesitan examinar su pacto migratorio

Hace dos meses exactamente, los cancilleres de Colombia y Panamá se reunieron para abordar la crisis migratoria en la frontera que comparten ambos países. De dicho encuentro surgió un pacto cuyas condiciones hoy son altamente cuestionadas no solo por las autoridades panameñas y colombianas, sino que incluso han causado la preocupación de la Unión Europea (UE).

“El acuerdo entre los dos países para limitar la entrada a 500 personas al día a Panamá, a pesar de que llegan más de 1.000 (a fecha de septiembre), causa aún más represamiento en el lado colombiano, generando necesidades de apoyo para la comunidad de acogida”, le dijo la delegación de la UE en Colombia a El Espectador.

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Como señala la UE, el límite de movilidad fijado en 500 personas al día ha resultado inconveniente para Colombia, particularmente para el municipio antioqueño de Necoclí, en el que se encuentran represadas entre 15.000 y 20.000 personas. Esta semana, el defensor del Pueblo colombiano, Carlos Camargo, solicitó una flexibilización de la cifra de migrantes que pueden atravesar el Tapón del Darién, advirtiendo que el represamiento ha “agudizado los problemas de atención a la población en materia de salud y servicios públicos”.

“Necesitamos un plan de choque que considere medidas adicionales, como la creación de un puente humanitario que facilite el tránsito de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y madres lactantes sin que tengan que exponer su vida e integridad al enfrentar los peligros del paso por la selva del Tapón del Darién”, dijo Camargo.

Según reportes, el Hospital San Sebastián de Necoclí ya se encuentra colapsado, pues recibe entre 50 y 60 migrantes al día que buscan atención médica, y los suministros y el personal no dan abasto. Las autoridades han confirmado la muerte de por lo menos dos migrantes desde el pasado 25 de septiembre, uno herido tras una riña y otro por problemas respiratorios.

Las autoridades panameñas, por otro lado, tampoco están satisfechas con el acuerdo y han acusado a Colombia de no cumplir con el pacto. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, aseguró desde Bajo Chiquito, el primer punto panameño al que llegan los migrantes, que a su país llegaron 6.500 personas más de las que debería tener si “se hubiera cumplido el acuerdo con Colombia”.

Por todo esto se necesita una reevaluación del pacto entre los dos países con urgencia, pues se teme que la crisis del lado colombiano se desborde y tenga resultados tanto para la población de extranjeros en movilidad, como para los locales. Además del colapso en el sistema de salud de Necoclí, surgido por el represamiento, se han reportado incidentes de robos, agresiones, violencia sexual y violencia basada en género con particular afectación para mujeres, niños y niñas.

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Por otro lado, no se tiene una cifra exacta de cuántas personas mueren atravesando la selva, aunque para junio de este año al menos 12 migrantes fallecieron, según datos del Ministerio de Seguridad de Panamá. En la zona, además, predominan el tráfico de personas, los abusos sexuales y los robos, dejando secuelas físicas y psicológicas en los migrantes que logran llegar a Panamá. Desde Médicos Sin Fronteras lo han advertido: ellos, en su condición de tránsito, están huyendo de la violencia que se vive en sus países de origen y en la frontera se siguen topando con ella, incluso con torturas.

Pero la reevaluación del acuerdo no solo necesita en esta ocasión que Panamá y Colombia se sienten de nuevo a la mesa de diálogo, sino que el éxito para enfrentar esta crisis depende de que otros protagonistas acudan al llamado. Por un lado, Brasil y Ecuador son los primeros países a los que llegan los migrantes asiáticos y africanos que intentan cruzar el Darién, pero también se vuelven el destino de aquellos que deciden devolverse al no poder cruzar la frontera.

A finales de septiembre, 300 haitianos regresaron de Necoclí a Medellín, lo que despertó en la Personería de la capital antioqueña una alerta por el posible aumento de personas que buscan el retorno a sus países de origen. Sonia Peña, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín, le explicó a Radio Nacional que la mayoría de los haitianos que han tomado la decisión de cambiar de rumbo tienen como destino Brasil y Chile.

De ahí se entiende que estas personas tengan a Cali, Ipiales y Pasto como destinos de paso. Hay una necesidad de que los vecinos de la región también se involucren en el pacto, así como las naciones del norte del continente a donde los migrantes buscan llegar. El pacto migratorio necesita expandirse y encontrar cooperación de otros actores.

La situación en la frontera entre Colombia y Ecuador se comienza a complicar. Según Jhon Rojas, gobernador del departamento colombiano de Nariño, se calcula que más de 4.000 migrantes en territorio ecuatoriano buscan cruzar a Colombia. “Hay niños y niñas, necesitamos una atención humanitaria para ellos”, pidió antes de lamentar que la región “es territorio de nadie” y pese al cierre de la frontera con Ecuador, los emigrantes “ingresan por todos los puntos irregulares”.

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Migración Colombia informó de que más de 27.000 personas de diferentes nacionalidades, sobre todo haitianos, ingresaron de forma irregular a su territorio en agosto, la mayoría desde Ecuador.

Por ahora, la Unión Europea, mediante la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la acción de Unicef, destinó 500.000 euros a los rubros de agua, saneamiento, higiene y protección de mujeres y niños de ambos lados de la frontera. Con este apoyo se espera que, aproximadamente, 57.000 personas sean atendidas, particularmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, y con especial atención en niños no acompañados y mujeres embarazadas y lactantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia afirmó, cuando se firmó el acuerdo, que este serviría para “definir cómo regularizar un contingente, una cantidad diaria de personas que preferiblemente se muevan por un solo sitio, que tengan un solo lugar de llegada a Panamá, se muevan ojalá por un transporte que esté organizado y controlado por parte de las autoridades de Colombia, de tal manera que aquí corramos los menores riesgos desde el punto de vista humanitario”.

Dos meses después, la cantidad limitada de personas que pueden cruzar el Darién genera preocupación y varias entidades sugieren que debería incrementarse para evitar un colapso total. El Espectador intentó comunicarse con Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores para saber si habrá una nueva formulación del pacto y sus avances, pero no recibimos respuesta.

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Hace dos meses exactamente, los cancilleres de Colombia y Panamá se reunieron para abordar la crisis migratoria en la frontera que comparten ambos países. De dicho encuentro surgió un pacto cuyas condiciones hoy son altamente cuestionadas no solo por las autoridades panameñas y colombianas, sino que incluso han causado la preocupación de la Unión Europea (UE).

“El acuerdo entre los dos países para limitar la entrada a 500 personas al día a Panamá, a pesar de que llegan más de 1.000 (a fecha de septiembre), causa aún más represamiento en el lado colombiano, generando necesidades de apoyo para la comunidad de acogida”, le dijo la delegación de la UE en Colombia a El Espectador.

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Como señala la UE, el límite de movilidad fijado en 500 personas al día ha resultado inconveniente para Colombia, particularmente para el municipio antioqueño de Necoclí, en el que se encuentran represadas entre 15.000 y 20.000 personas. Esta semana, el defensor del Pueblo colombiano, Carlos Camargo, solicitó una flexibilización de la cifra de migrantes que pueden atravesar el Tapón del Darién, advirtiendo que el represamiento ha “agudizado los problemas de atención a la población en materia de salud y servicios públicos”.

“Necesitamos un plan de choque que considere medidas adicionales, como la creación de un puente humanitario que facilite el tránsito de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y madres lactantes sin que tengan que exponer su vida e integridad al enfrentar los peligros del paso por la selva del Tapón del Darién”, dijo Camargo.

Según reportes, el Hospital San Sebastián de Necoclí ya se encuentra colapsado, pues recibe entre 50 y 60 migrantes al día que buscan atención médica, y los suministros y el personal no dan abasto. Las autoridades han confirmado la muerte de por lo menos dos migrantes desde el pasado 25 de septiembre, uno herido tras una riña y otro por problemas respiratorios.

Las autoridades panameñas, por otro lado, tampoco están satisfechas con el acuerdo y han acusado a Colombia de no cumplir con el pacto. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, aseguró desde Bajo Chiquito, el primer punto panameño al que llegan los migrantes, que a su país llegaron 6.500 personas más de las que debería tener si “se hubiera cumplido el acuerdo con Colombia”.

Por todo esto se necesita una reevaluación del pacto entre los dos países con urgencia, pues se teme que la crisis del lado colombiano se desborde y tenga resultados tanto para la población de extranjeros en movilidad, como para los locales. Además del colapso en el sistema de salud de Necoclí, surgido por el represamiento, se han reportado incidentes de robos, agresiones, violencia sexual y violencia basada en género con particular afectación para mujeres, niños y niñas.

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Por otro lado, no se tiene una cifra exacta de cuántas personas mueren atravesando la selva, aunque para junio de este año al menos 12 migrantes fallecieron, según datos del Ministerio de Seguridad de Panamá. En la zona, además, predominan el tráfico de personas, los abusos sexuales y los robos, dejando secuelas físicas y psicológicas en los migrantes que logran llegar a Panamá. Desde Médicos Sin Fronteras lo han advertido: ellos, en su condición de tránsito, están huyendo de la violencia que se vive en sus países de origen y en la frontera se siguen topando con ella, incluso con torturas.

Pero la reevaluación del acuerdo no solo necesita en esta ocasión que Panamá y Colombia se sienten de nuevo a la mesa de diálogo, sino que el éxito para enfrentar esta crisis depende de que otros protagonistas acudan al llamado. Por un lado, Brasil y Ecuador son los primeros países a los que llegan los migrantes asiáticos y africanos que intentan cruzar el Darién, pero también se vuelven el destino de aquellos que deciden devolverse al no poder cruzar la frontera.

A finales de septiembre, 300 haitianos regresaron de Necoclí a Medellín, lo que despertó en la Personería de la capital antioqueña una alerta por el posible aumento de personas que buscan el retorno a sus países de origen. Sonia Peña, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín, le explicó a Radio Nacional que la mayoría de los haitianos que han tomado la decisión de cambiar de rumbo tienen como destino Brasil y Chile.

De ahí se entiende que estas personas tengan a Cali, Ipiales y Pasto como destinos de paso. Hay una necesidad de que los vecinos de la región también se involucren en el pacto, así como las naciones del norte del continente a donde los migrantes buscan llegar. El pacto migratorio necesita expandirse y encontrar cooperación de otros actores.

La situación en la frontera entre Colombia y Ecuador se comienza a complicar. Según Jhon Rojas, gobernador del departamento colombiano de Nariño, se calcula que más de 4.000 migrantes en territorio ecuatoriano buscan cruzar a Colombia. “Hay niños y niñas, necesitamos una atención humanitaria para ellos”, pidió antes de lamentar que la región “es territorio de nadie” y pese al cierre de la frontera con Ecuador, los emigrantes “ingresan por todos los puntos irregulares”.

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Migración Colombia informó de que más de 27.000 personas de diferentes nacionalidades, sobre todo haitianos, ingresaron de forma irregular a su territorio en agosto, la mayoría desde Ecuador.

Por ahora, la Unión Europea, mediante la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la acción de Unicef, destinó 500.000 euros a los rubros de agua, saneamiento, higiene y protección de mujeres y niños de ambos lados de la frontera. Con este apoyo se espera que, aproximadamente, 57.000 personas sean atendidas, particularmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, y con especial atención en niños no acompañados y mujeres embarazadas y lactantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia afirmó, cuando se firmó el acuerdo, que este serviría para “definir cómo regularizar un contingente, una cantidad diaria de personas que preferiblemente se muevan por un solo sitio, que tengan un solo lugar de llegada a Panamá, se muevan ojalá por un transporte que esté organizado y controlado por parte de las autoridades de Colombia, de tal manera que aquí corramos los menores riesgos desde el punto de vista humanitario”.

Dos meses después, la cantidad limitada de personas que pueden cruzar el Darién genera preocupación y varias entidades sugieren que debería incrementarse para evitar un colapso total. El Espectador intentó comunicarse con Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores para saber si habrá una nueva formulación del pacto y sus avances, pero no recibimos respuesta.

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