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La Suprema Corte de Texas anuló el lunes, después de haber suspendido previamente, una decisión judicial que permitía abortar a una mujer con un embarazo que ponía en riesgo su vida, pocas horas después de que sus abogados anunciaran que había salido del estado para interrumpir su embarazo.
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Kate Cox, embarazada de 21 semanas y madre de dos hijos, recibió la confirmación de que su feto tiene trisomía 18, una anomalía cromosómica asociada a graves malformaciones que significa que probablemente morirá antes de nacer o, como mucho, vivirá unos pocos días.
Por ello, la joven, su marido y su médico demandaron a Texas la semana pasada, buscando proteger la salud y la fertilidad de Cox, e inicialmente un juez del condado de Travis le concedió el derecho a abortar. Pero el fiscal general de Texas, Ken Paxton, recurrió ante la Suprema Corte del estado, que suspendió y luego anuló la decisión. La suspensión les devuelve el asunto a los médicos, cuya postura es que de no interrumpir el embarazo es probable que la mujer sufra una rotura del útero, lo que amenaza su vida.
“Nuestra decisión de hoy no impide un aborto de urgencia en este caso concreto si un médico considera que dicho procedimiento es necesario de acuerdo con la ley, utilizando un criterio médico razonable”, dictaminó la Corte.
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“Si las circunstancias de la Sra. Cox son, o llegan a ser, las que corresponden a la excepción legal, no es necesaria ninguna orden judicial”, continuó la corporación. “No obstante, la Junta de Médicos de Texas debe proporcionar más orientaciones para resolver la confusión actual”, señalaron los jueces.
“Esta última semana de limbo legal ha sido infernal para Kate”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que presentó el caso en nombre de Cox, su marido y su médico. “Su salud está en la cuerda floja. Ha estado entrando y saliendo de urgencias y no podía esperar más. Por eso los jueces y los políticos no deberían tomar decisiones sobre atención de las embarazadas: no son médicos”.
Molly Duane, una de las integrantes del equipo legal del centro, afirmó que la decisión debería “enfurecer a todos los tejanos hasta la médula”. Añadió que estas decisiones demuestran que las excepciones no funcionan, especialmente en temas como el aborto, y “es peligroso estar embarazada en cualquier estado que prohíba el aborto”.
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La Suprema Corte de Estados Unidos revirtió el derecho constitucional al aborto en 2022. Inmediatamente el estado de Texas prohibió la interrupción de los embarazos aún en caso de violación o incesto. Dos leyes refuerzan esa prohibición. La primera autoriza que ciudadanos particulares puedan interponer demandas civiles contra personas que se practiquen o instiguen un aborto después de seis semanas de gestación. La segunda, llamada “la ley gatillo”, establece que es un delito grave practicar un aborto desde el momento de la fecundación.
Si bien las dos leyes establecen excepciones para los casos, estas no son tan fáciles de aplicar, pues los profesionales de la salud temen que estas no sean suficientes para no ser demandados. Los médicos texanos culpados de practicar abortos se exponen a penas de hasta 99 años de cárcel, multas que llegan a 100 dólares y revocación de su licencia para ejercer la medicina.
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