Tiro por la culata: así fue la caída de Pedro Castillo en Perú
Tras su golpe de Estado, Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y detenido. Dina Boluarte, quien se convirtió en la primera mujer presidenta del Perú, tiene el reto de formar un nuevo gobierno y devolver la estabilidad a la maltrecha institucionalidad peruana.
Torpe, apresurado, inmoral... estos son algunos de los adjetivos que en Perú se han lanzado contra el ahora expresidente Pedro Castillo, quien este miércoles le dio una patada a la mesa de la institucionalidad. Su movida no solo no evitó su destitución, sino todo lo contrario: terminó siendo calificado de golpista y detenido por la Policía.
A las 12 del mediodía, tres horas antes de un debate en el Congreso que estaba programado para, por tercera vez, intentar destituirlo, Castillo disolvió el Legislativo. Anunció, además, que convocaría, en el más breve plazo, “a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.
El inesperado anuncio, que llegó a ser comparado con el autogolpe que dio Alberto Fujimori en 1992, con la diferencia de que este último gozaba del apoyo popular y las Fuerzas Armadas, no tardó en provocar la renuncia de los ministros del gabinete, una denuncia penal por parte de la Procuraduría y, sobre todo, el no acatamiento por parte de las Fuerzas Militares a lo que rápidamente fue denunciado por los medios y los propios funcionarios públicos como un golpe de Estado.
De contexto: Las claves de la crisis en Perú: cinco preguntas para entender el golpe de Estado
El Congreso se apresuró a votar la destitución de Castillo, que hasta la mañana del miércoles parecía que no prosperaría. Sin embargo, la afrenta contra el orden constitucional le costó al ahora exmandatario una mayoría aplastante: 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, lo que lo convirtió en el quinto expresidente peruano en un lapso de cinco años.
“Agárrenlo, porque ya está escapando”, decían algunos congresistas durante la votación, mientras, en efecto, Castillo salía presuroso del palacio presidencial con rumbo desconocido. Según algunas versiones, se dirigía a la Embajada de México para pedir asilo, por lo que la entrada al lugar fue bloqueada por ciudadanos. Apenas con 17 meses en el cargo, Castillo terminó detenido por sedición y destituido.
Entre tanto, tomaba juramento la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte, la primera mujer en encabezar el poder Ejecutivo en la historia del Perú. Boluarte, más temprano, se había desmarcado del movimiento golpista de Castillo. En su discurso de posesión, llamó a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas nacionales y solicitó una tregua política para poder combatir la corrupción.
Según analistas, Boluarte, quien ahora debe formar un nuevo gobierno, podría terminar el período presidencial, que va hasta 2026, si es que nuevos intentos de vacancia no se lo impiden. Podría también convocar a nuevas elecciones.
Más sobre esto: Dina Boluarte es la nueva presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo
Boluarte, de 60 años, fue una de las elegidas en 2021 por Perú Libre para desempeñar un rol clave, como compañera de fórmula de Castillo, quien ganó en segunda vuelta contra Keiko Fujimori. El 29 de julio de 2021, fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, en noviembre de 2022, presentó su renuncia como jefa de cartera.
¿Qué le espera a Pedro Castillo?
El investigado expresidente, quien ya tenía al menos seis procesos en su contra por corrupción (lo que había promovido el argumento de incapacidad moral para gobernar y, así, destituirlo), recibió este miércoles prisión preventiva de 10 días por los delitos de presunta sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, que podrían costarle de 10 a 20 años de cárcel.
El abogado constitucionalista Erick Urbina dijo al medio RPP que Castillo cometió “un delito en flagrancia” y una “infracción constitucional por la cual debe ser inhabilitado hasta por 10 años”, por lo que “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos. Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”.
Sugerimos: Castillo ya tiene preventiva, ¿cuántos años de prisión pagaría por rebelión?
Por otra parte, desde la comunidad internacional se escucharon llamados al diálogo y la defensa de la democracia, como los de Colombia y Chile, pero también otros mensajes como el de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las “élites económicas y políticas” de Perú de forzar al ahora exmandatario peruano Pedro Castillo a tomar decisiones que derivaron en su destitución este miércoles. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que México está dispuesto a ofrecer “asilo” a Castillo.
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Torpe, apresurado, inmoral... estos son algunos de los adjetivos que en Perú se han lanzado contra el ahora expresidente Pedro Castillo, quien este miércoles le dio una patada a la mesa de la institucionalidad. Su movida no solo no evitó su destitución, sino todo lo contrario: terminó siendo calificado de golpista y detenido por la Policía.
A las 12 del mediodía, tres horas antes de un debate en el Congreso que estaba programado para, por tercera vez, intentar destituirlo, Castillo disolvió el Legislativo. Anunció, además, que convocaría, en el más breve plazo, “a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.
El inesperado anuncio, que llegó a ser comparado con el autogolpe que dio Alberto Fujimori en 1992, con la diferencia de que este último gozaba del apoyo popular y las Fuerzas Armadas, no tardó en provocar la renuncia de los ministros del gabinete, una denuncia penal por parte de la Procuraduría y, sobre todo, el no acatamiento por parte de las Fuerzas Militares a lo que rápidamente fue denunciado por los medios y los propios funcionarios públicos como un golpe de Estado.
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El Congreso se apresuró a votar la destitución de Castillo, que hasta la mañana del miércoles parecía que no prosperaría. Sin embargo, la afrenta contra el orden constitucional le costó al ahora exmandatario una mayoría aplastante: 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, lo que lo convirtió en el quinto expresidente peruano en un lapso de cinco años.
“Agárrenlo, porque ya está escapando”, decían algunos congresistas durante la votación, mientras, en efecto, Castillo salía presuroso del palacio presidencial con rumbo desconocido. Según algunas versiones, se dirigía a la Embajada de México para pedir asilo, por lo que la entrada al lugar fue bloqueada por ciudadanos. Apenas con 17 meses en el cargo, Castillo terminó detenido por sedición y destituido.
Entre tanto, tomaba juramento la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte, la primera mujer en encabezar el poder Ejecutivo en la historia del Perú. Boluarte, más temprano, se había desmarcado del movimiento golpista de Castillo. En su discurso de posesión, llamó a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas nacionales y solicitó una tregua política para poder combatir la corrupción.
Según analistas, Boluarte, quien ahora debe formar un nuevo gobierno, podría terminar el período presidencial, que va hasta 2026, si es que nuevos intentos de vacancia no se lo impiden. Podría también convocar a nuevas elecciones.
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Boluarte, de 60 años, fue una de las elegidas en 2021 por Perú Libre para desempeñar un rol clave, como compañera de fórmula de Castillo, quien ganó en segunda vuelta contra Keiko Fujimori. El 29 de julio de 2021, fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, en noviembre de 2022, presentó su renuncia como jefa de cartera.
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El investigado expresidente, quien ya tenía al menos seis procesos en su contra por corrupción (lo que había promovido el argumento de incapacidad moral para gobernar y, así, destituirlo), recibió este miércoles prisión preventiva de 10 días por los delitos de presunta sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, que podrían costarle de 10 a 20 años de cárcel.
El abogado constitucionalista Erick Urbina dijo al medio RPP que Castillo cometió “un delito en flagrancia” y una “infracción constitucional por la cual debe ser inhabilitado hasta por 10 años”, por lo que “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos. Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”.
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Por otra parte, desde la comunidad internacional se escucharon llamados al diálogo y la defensa de la democracia, como los de Colombia y Chile, pero también otros mensajes como el de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las “élites económicas y políticas” de Perú de forzar al ahora exmandatario peruano Pedro Castillo a tomar decisiones que derivaron en su destitución este miércoles. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que México está dispuesto a ofrecer “asilo” a Castillo.
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