Todos los ojos sobre Guatemala: condenan asedio de la Fiscalía a ente electoral
El Ministerio Público, en cabeza de Consuelo Porras, está impidiendo que la transición de poder hacia el ganador de las elecciones Bernardo Arévalo sea transparente.
Washington y la ONU condenaron el domingo el asedio judicial al tribunal electoral de Guatemala, y dijeron que “socava” la transición pacífica del poder tras las elecciones presidenciales en ese país.
“Estados Unidos está gravemente preocupado” tras un nuevo allanamiento de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
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Se trata de una “acción antidemocrática (que) socava las instituciones democráticas de Guatemala”, dijo. “El pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada”.
Fiscales guatemaltecos confiscaron el sábado material electoral custodiado por el TSE para supuestamente investigar denuncias de irregularidades en los comicios de junio.
En una escena caótica, policías y representantes de la fiscalía forcejearon con magistrados del TSE mientras confiscaban cajas que contenían actas de votación.
Tras las elecciones, los observadores locales e internacionales habían declarado que no existían evidencias de fraude.
Según el magistrado Gabriel Aguilera, las actas de votación incautadas correspondían a la primera vuelta electoral, que sorpresivamente encaminó al socialdemócrata Bernardo Arévalo a una victoria en el balotaje en agosto.
Arévalo ha denunciado las sucesivas operaciones de la fiscalía contra el TSE -incluidos allanamientos anteriores- como un “golpe de Estado en curso” destinado a impedir que asuma la presidencia en enero para sustituir al derechista Alejandro Giammattei.
La fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de las operaciones contra el máximo organismo electoral, son señalados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”.
El Departamento de Estado dijo que estaba “tomando medidas activas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala, incluidos miembros actuales y anteriores del Congreso, actores judiciales y cualquier otra persona que participe en tal comportamiento”.
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Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el domingo desde Ginebra su profunda preocupación por la nueva arremetida.
“Estos eventos son los últimos de una larga lista de acciones muy preocupantes adoptadas en las últimas semanas, que -tomadas en conjunto- parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el estado de derecho”, dijo Türk.
“La información sobre hostigamiento e intimidación contra funcionarios electorales y personas electas, incluidos el presidente electo y la vicepresidenta electa, es especialmente inquietante”.
Türk instó a las autoridades guatemaltecas a “abstenerse” de cualquier nuevo intento “de desafiar la voluntad del voto popular”.
Dada la tensa situación en Guatemala, el alto comisionado expresó su preocupación por el riesgo de violencia y solicitó que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica.
La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos se pronunciaron el sábado en contra del nuevo allanamiento.
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Fiscales guatemaltecos confiscaron el sábado material electoral custodiado por el TSE para supuestamente investigar denuncias de irregularidades en los comicios de junio.
En una escena caótica, policías y representantes de la fiscalía forcejearon con magistrados del TSE mientras confiscaban cajas que contenían actas de votación.
Tras las elecciones, los observadores locales e internacionales habían declarado que no existían evidencias de fraude.
Según el magistrado Gabriel Aguilera, las actas de votación incautadas correspondían a la primera vuelta electoral, que sorpresivamente encaminó al socialdemócrata Bernardo Arévalo a una victoria en el balotaje en agosto.
Arévalo ha denunciado las sucesivas operaciones de la fiscalía contra el TSE -incluidos allanamientos anteriores- como un “golpe de Estado en curso” destinado a impedir que asuma la presidencia en enero para sustituir al derechista Alejandro Giammattei.
La fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de las operaciones contra el máximo organismo electoral, son señalados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”.
El Departamento de Estado dijo que estaba “tomando medidas activas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala, incluidos miembros actuales y anteriores del Congreso, actores judiciales y cualquier otra persona que participe en tal comportamiento”.
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Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el domingo desde Ginebra su profunda preocupación por la nueva arremetida.
“Estos eventos son los últimos de una larga lista de acciones muy preocupantes adoptadas en las últimas semanas, que -tomadas en conjunto- parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el estado de derecho”, dijo Türk.
“La información sobre hostigamiento e intimidación contra funcionarios electorales y personas electas, incluidos el presidente electo y la vicepresidenta electa, es especialmente inquietante”.
Türk instó a las autoridades guatemaltecas a “abstenerse” de cualquier nuevo intento “de desafiar la voluntad del voto popular”.
Dada la tensa situación en Guatemala, el alto comisionado expresó su preocupación por el riesgo de violencia y solicitó que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica.
La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos se pronunciaron el sábado en contra del nuevo allanamiento.
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