Tras la “dieta” venezolana

Dony no es un indigente, pero los sábados hace un viaje de más de una hora para hurgar en los contenedores de basura de un mercado popular. Luisa prefiere bregar por comprar una de las bolsas de alimentos que reparte el gobierno de Nicolás Maduro. Luz Marina pasa siete horas de cola para entrar a los supermercados donde llegan ocasionalmente productos con precios regulados. María Elena, para evadir las largas filas, negocia con revendedores. Antonia visita un bodegón, una suerte de réplica de un almacén de Miami, que solo vende mercancía importada a precios dolarizados. Manuel, empresario con una billetera más profunda, llena su despensa con compras en línea en Estados Unidos y luego las trae a Venezuela en barco.

Todo esto ocurre en Caracas, donde ese acto cotidiano de hacer la compra se volvió un imposible. Para millones de ciudadanos de América Latina, entrar al supermercado, tomar un carrito, empujarlo por los pasillos y llenarlo de alimentos básicos es lo común, pero para los venezolanos es un hecho extraordinario. Por eso, para conseguir alimentos, cualquier alternativa vale en un país que tuvo el año pasado una inflación de aproximadamente 480 por ciento según el Fondo Monetario Internacional y en el cual prácticamente uno de cada dos productos de la cesta básica escasea, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, observatorio que hace seguimiento del tema.

En febrero pasado se divulgó la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida del Venezolano, realizada por tres universidades públicas y privadas. El estudio reveló las consecuencias de la conjunción del aumento de los precios y de la restricción de la oferta: 32,5 por ciento de los habitantes del país solo ingiere alimentos un máximo dos veces al día y 93,3 por ciento afirma que sus ingresos no le alcanzan para comer. Se calcula que más de 74 por ciento de la población ha perdido al menos 8 kilogramos de peso. Las personas sometidas a ese rigor explican su delgadez: “La dieta de Maduro me tiene así”.

Para Dony Machado, un herrero de 29 años de edad, una alternativa de subsistencia ha sido sumergirse en los desechos del Mercado de Quinta Crespo. Junto a él, un sábado de septiembre, otros hombres, mujeres y ancianas hacían lo mismo. Ninguno vivía en la calle, ninguno vestía de andrajos. Cuando el dinero se les hizo insuficiente para comprar comida, debieron buscar otras maneras de conseguirla. A Dony apenas le alcanza para mantener a su hija de dos años.

Cada vez más personas como él acuden al mercado a registrar entre los desperdicios. Así lo apunta una vendedora de verduras, de 60 años de edad, que tiene cuatro décadas en el mismo puesto y que vio cómo el fenómeno empeoró en enero de 2016. En el país que hace 10 años lideraba el crecimiento en América Latina, muchos, súbitamente, quedaron atrapados en la miseria.

Un estudio de la firma privada More Consulting, en agosto de 2016, reveló que 15,7 por ciento de la población ha hurgado en la basura para comer. Según los datos serían cinco millones de personas las que pululan, como se ve comúnmente, en las puertas traseras de panaderías, restaurantes y supermercados.

Luisa, una vecina de El Valle, zona popular de Caracas, no ha ido por los basureros y en cambio sobrevive bregando para adquirir las Bolsas Clap, denominadas así porque son las siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esa es una forma de organización popular impulsada por el gobierno para efectuar la distribución y ventas de alimentos con precios regulados. La última bolsa que obtuvo tenía un kilogramo de leche, dos de arroz, dos de pasta, dos de azúcar, una botella de aceite y un pollo. “No alcanza ni para una semana”, se queja mientras hace el inventario. Por el combo pagó un monto cercano a la cuarta parte de un salario mínimo. Ella trabaja en una empresa textil y vive junto a un hijo de nueve años y una hija de 26 que tiene dos bebés. “Lo que gano lo gasto solo en comida”.

Los comités están integrados por seguidores del gobierno, principalmente mujeres. Fueron ideados en abril de 2016 y se calcula que a la fecha existen más de 8.000. Su modo de funcionamiento ha ido quedando claro en el último año. El gobierno y algunas empresas privadas entregan directamente los productos regulados a esos comités que a su vez los venden entre familias que previamente han sido censadas.

El mecanismo de reparto de bolsas varía según la comunidad. En algunos casos se hace en sedes de instituciones públicas y en otros en casas comunales o incluso en los lugares de residencia de los integrantes de los Clap o de los beneficiarios. Las jornadas de entrega deberían tener frecuencia mensual, pero en muchas ocasiones ocurren cada 45 días. Los comités iniciaron sus labores recibiendo dinero en efectivo, pero ahora aceptan transferencias bancarias, porque el costo de la bolsa va en aumento y es mayor la cantidad de billetes que deben manejar. En algunas comunidades prefieren que la jornada se realice en la noche, para evitar que los camiones con la mercancía sean detectados y queden expuestos a saqueos, que se han hecho cada vez más frecuentes con los vehículos de carga que transportan alimentos escasos.

Aunque comenzó a aplicarse en sectores populares, la modalidad se ha extendido a zonas residenciales de clase media. Los despachos que llegan a cada lugar son diferentes y pueden ocasionar decepción o felicidad. En la comuna Teatro Miranda, situada en el centro de Caracas, los vecinos afirman frustrados que hace cinco meses recibieron bolsas que contenían apenas dos kilogramos de harina de maíz –principal ingrediente para preparar arepas, el plato nacional– y un envase de margarina. En una urbanización de Cumaná, a 600 kilómetros de la capital, en cambio recibieron jubilosos en Navidad bolsas con pasta, azúcar, sal, café, aceite, arveja, mayonesa, salsa de tomate, margarina, harina de maíz y crema dental. En teoría, la distribución no distingue entre chavistas y opositores. Sin embargo, los críticos del sistema afirman que el gobierno pretende controlar a los ciudadanos a través de sus estómagos y no han faltado denuncias acerca de repartos selectivos de los alimentos.

Para adquirir su Bolsa Clap, Luisa hizo fila durante cinco horas. El día que le correspondió su turno, había cuatro hileras que reunían aproximadamente 400 personas. Era tal la muchedumbre, que se desplegó custodia policial para evitar alteraciones. Aún así, para Luisa estas filas son mejor opción que las que se hacen en los supermercados, que exigen pasar las madrugadas al frente de los establecimientos. “Para hacer eso hay que amanecer por allí y arriesgarse a todo. Yo no me puedo ir en la noche con un niño y quedarme hasta el día siguiente porque es peligroso”.

La repartición de las bolsas es el eslabón más reciente de una cadena de medidas adoptadas por el gobierno en los últimos tres años conforme ha aumentado la escasez y las reventas de productos con precio controlado. Primero se fijó un límite a las cantidades a vender por persona; luego se estableció los días de la semana en los que podían ser adquiridos según el último número del documento de identidad; y más tarde se ordenó a los establecimientos comerciales a incorporar dispositivos de identificación biométrica para cerciorarse que nadie violase las rigorosas medidas.

Las Bolsas Clap en ese contexto de restricciones crecientes, son buscadas con intensidad. La maquinaria oficial ha creado una plataforma de canales digitales que las promocionan como una revolución en el concepto de reparto de alimentos. La ansiedad por ellas incluso ha adoptado expresiones dramáticas: tres días antes de Navidad un joven de 25 años de edad fue asesinado por un delincuente que le dio un disparo para quitarle la Bolsa que le llevaba a su madre.

En las redes sociales abundan solicitudes a los responsables oficiales para que mejoren el sistema de distribución. En los medios de comunicación se reportan protestas, cierres de calles y autopistas por manifestantes que las exigen, pero que también denuncian sobre el origen de los productos. El control de las importaciones lo tiene el Ministerio de Alimentación, que ha sido manejado por militares durante el gobierno de Maduro. Según investigaciones periodísticas, una de las empresas que han vendido productos para los Clap es propiedad de Samarck López, recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como testaferro de Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela a quien el gobierno norteamericano también sancionó por relacionarlo con el tráfico de drogas. Ambos han negado su relación con negocios ilegales.

En cambio, Luz Marina Boscio, de 62 años de edad y vecina de Palo Verde en Caracas, está entre los que tienen como primera opción ir a los supermercados. Acaba de salir de uno con una compra que le hace sentir que valió la pena aguardar siete horas bajo el sol. Se siente aliviada, a pesar de que está cansada, temblorosa y hambrienta. El día anterior tenía la nevera vacía y ella y su nieta de siete meses solo comieron arroz con huevo. Hoy lleva dos botellas de aceite, más arroz y harina de maíz.

A pesar de que se ha desmayado en las colas, la han golpeado y empujado, Luz Marina se ve obligada a abastecerse de esta forma: perder sueño y mañanas enteras a la espera de que entreguen a los establecimientos algo que no tiene en casa. Si llega un producto subsidiado que ya tiene, también lo compra y lo intercambia con algún vecino. Lo del trueque lo comenta sin sobresalto porque no sólo es algo frecuente para ella, sino también para el país. Se ha vuelto habitual el uso de las aplicaciones de mensajería telefónica como Whatsapp o Telegram para transar los productos que cada quien tiene virtualmente. Si estuviese en Wall Street, la experiencia seguramente le serviría para ser una avezada corredora porque sabe exactamente qué trocar sin salir perdiendo.

Con la pensión de Luz Marina y con los ingresos como moto taxista que percibe su hijo mayor, es mantenida una familia de cuatro personas. En eso de estirar y estirar la comida para que alcance se le va buena parte del día. Así resiste. Otras mujeres, con un poco más de recursos, se esmeran en evitar gastar tanto tiempo de vida en filas para comprar. Recurren entonces a los revendedores –conocidos como “bachaqueros”–, quienes pueden proveer cantidades de productos suficientes para varios meses o para compartir o intercambiar. Al principio eran solo gente común que adquiría productos a precios regulados para la reventa, pero con la persistencia de la escasez la modalidad evolucionó y fue aprovechada por grupos organizados que obtienen ganancias millonarias con el hambre ajena.

María Elena, de 62 años de edad, por ejemplo, compró clandestinamente un bulto de azúcar y uno de arroz a un vendedor de frutas del centro de Caracas. Fueron 20 kilogramos de cada producto. Aunque los obtuvo entre 5 y 10 veces más caros, sintió que valió la pena porque evitó pagarlos más caros a futuro según la cotización de ese “mercado negro”.

Las oportunidades para quienes buscan un suministro regular en muchas ocasiones están fuera del alcance del bolsillo común. Las colas que se forman en el Centro Comercial Polo de Colinas de Bello Monte, una urbanización situada al este de Caracas, llaman más la atención que el resto. La razón es que no están frente a un supermercado o farmacia, sino frente a una costosa cafetería italiana llamada Cine Cittá. La mayoría de quienes acuden allí no van por un helado o una bebida. Acuden para entrar a un bodegón ubicado al final del local donde venden productos importados de primera necesidad.

Lucía, una comerciante capitalina, sale del lugar llevando a cuestas varios kilos de arroz, un gran saco de harina de trigo y algunos empaques de azúcar. “Venimos aquí porque los productos son de calidad. Uno tiene esa seguridad. Si se le compra al bachaquero uno no sabe lo que come. Ellos mezclan la comida con cualquier cosa para rendirla, como la leche o con la harina a la que le ponen cal”, dice.

Cine Cittá se ha convertido en una versión venezolana de los “diplomercados”. Ese era el nombre que empleaban en Cuba para identificar a los comercios bien surtidos que antes de la década de los noventa eran de uso exclusivo de diplomáticos y extranjeros radicados en la isla. Entrar en la cafetería es como ingresar a una versión diminuta del área de alimentos de Costco, la mayorista estadounidense, porque todas las marcas que se ofertan allí provienen de esa cadena. Es un oasis en medio de la sequía de los anaqueles de los supermercados.

“Aquí se consigue de todo, pero dolarizado”, cuenta Antonia, una mujer de gafas, camiseta y jean desteñido que aguarda. El costo de muchos de los productos, en realidad, es mucho mayor que el que se paga en Estados Unidos, al punto que en algunos casos sus tarifas lo duplican o triplican. A pesar de lo caro, el lugar luce con frecuencia atestado por gente adinerada, funcionarios extranjeros, empresarios que hacen negocios con el gobierno y una reducida clase media que tiene ahorros en dólares o conserva canales para obtenerlos.

Manuel se queja de los precios del bodegón desde su oficina. Sabe que hay otras maneras de conseguir la comida desaparecida de los anaqueles, pero para ello hay que estar dispuesto a pagar en dólares y a comprar en grandes cantidades. Él mismo se encarga de hacer que esos productos lleguen desde Estados Unidos: “De allá puedes traer los productos de la canasta básica”, comenta.

Esos son los productos que se han convertido en la base de su negocio: una compañía de envíos puerta a puerta de Norteamérica a Venezuela que cobra los traslados por volumen y no por peso. Como todo llega en barcos, los mercados que le encomiendan deben surcar las olas por tres semanas antes de atracar en las cocinas caraqueñas. La empresa de Manuel lleva más de seis años de fundada. En los últimos 24 meses, el tipo de peticiones que recibe ha cambiado drásticamente. Al principio traía los antojos de los venezolanos que ordenaban productos a través de Amazon, que iban desde gadgets hasta repuestos para vehículos. En noviembre de 2014 vio cómo uno de sus clientes ordenaba aceite de aguacate, delicateses que nunca más llegaron al país. Ya para agosto de 2015 había empezado a traer toallas sanitarias y afeitadoras. Dos meses después, jabones y salsas se sumaron a las demandas. “En enero de 2016, la historia ya era otra”. Desde ese momento, el transporte de comida y medicinas pasó a ocupar 60 por ciento de los envíos.

Sus clientes, de clase media alta en adelante, suelen organizarse para hacer pedidos entre varios. Las compras las hacen a través de la web o personalmente. “Yo mismo me traje hace poco cereales para los chamos, galletas y una caja de cerveza. A un amigo le traje una caja de pañales porque su bebé estaba por nacer y aquí no conseguía. Todo sigue siendo más barato afuera”, confirma minutos antes de mostrar la foto de un gabinete de cocina de una de sus clientes. Casi todos los productos llevan etiqueta en inglés. Surcaron el mar para alimentar a los pocos afortunados que pueden adquirirlos en dólares.

*Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y la red Connectas.

Dony no es un indigente, pero los sábados hace un viaje de más de una hora para hurgar en los contenedores de basura de un mercado popular. Luisa prefiere bregar por comprar una de las bolsas de alimentos que reparte el gobierno de Nicolás Maduro. Luz Marina pasa siete horas de cola para entrar a los supermercados donde llegan ocasionalmente productos con precios regulados. María Elena, para evadir las largas filas, negocia con revendedores. Antonia visita un bodegón, una suerte de réplica de un almacén de Miami, que solo vende mercancía importada a precios dolarizados. Manuel, empresario con una billetera más profunda, llena su despensa con compras en línea en Estados Unidos y luego las trae a Venezuela en barco.

Todo esto ocurre en Caracas, donde ese acto cotidiano de hacer la compra se volvió un imposible. Para millones de ciudadanos de América Latina, entrar al supermercado, tomar un carrito, empujarlo por los pasillos y llenarlo de alimentos básicos es lo común, pero para los venezolanos es un hecho extraordinario. Por eso, para conseguir alimentos, cualquier alternativa vale en un país que tuvo el año pasado una inflación de aproximadamente 480 por ciento según el Fondo Monetario Internacional y en el cual prácticamente uno de cada dos productos de la cesta básica escasea, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, observatorio que hace seguimiento del tema.

En febrero pasado se divulgó la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida del Venezolano, realizada por tres universidades públicas y privadas. El estudio reveló las consecuencias de la conjunción del aumento de los precios y de la restricción de la oferta: 32,5 por ciento de los habitantes del país solo ingiere alimentos un máximo dos veces al día y 93,3 por ciento afirma que sus ingresos no le alcanzan para comer. Se calcula que más de 74 por ciento de la población ha perdido al menos 8 kilogramos de peso. Las personas sometidas a ese rigor explican su delgadez: “La dieta de Maduro me tiene así”.

Para Dony Machado, un herrero de 29 años de edad, una alternativa de subsistencia ha sido sumergirse en los desechos del Mercado de Quinta Crespo. Junto a él, un sábado de septiembre, otros hombres, mujeres y ancianas hacían lo mismo. Ninguno vivía en la calle, ninguno vestía de andrajos. Cuando el dinero se les hizo insuficiente para comprar comida, debieron buscar otras maneras de conseguirla. A Dony apenas le alcanza para mantener a su hija de dos años.

Cada vez más personas como él acuden al mercado a registrar entre los desperdicios. Así lo apunta una vendedora de verduras, de 60 años de edad, que tiene cuatro décadas en el mismo puesto y que vio cómo el fenómeno empeoró en enero de 2016. En el país que hace 10 años lideraba el crecimiento en América Latina, muchos, súbitamente, quedaron atrapados en la miseria.

Un estudio de la firma privada More Consulting, en agosto de 2016, reveló que 15,7 por ciento de la población ha hurgado en la basura para comer. Según los datos serían cinco millones de personas las que pululan, como se ve comúnmente, en las puertas traseras de panaderías, restaurantes y supermercados.

Luisa, una vecina de El Valle, zona popular de Caracas, no ha ido por los basureros y en cambio sobrevive bregando para adquirir las Bolsas Clap, denominadas así porque son las siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esa es una forma de organización popular impulsada por el gobierno para efectuar la distribución y ventas de alimentos con precios regulados. La última bolsa que obtuvo tenía un kilogramo de leche, dos de arroz, dos de pasta, dos de azúcar, una botella de aceite y un pollo. “No alcanza ni para una semana”, se queja mientras hace el inventario. Por el combo pagó un monto cercano a la cuarta parte de un salario mínimo. Ella trabaja en una empresa textil y vive junto a un hijo de nueve años y una hija de 26 que tiene dos bebés. “Lo que gano lo gasto solo en comida”.

Los comités están integrados por seguidores del gobierno, principalmente mujeres. Fueron ideados en abril de 2016 y se calcula que a la fecha existen más de 8.000. Su modo de funcionamiento ha ido quedando claro en el último año. El gobierno y algunas empresas privadas entregan directamente los productos regulados a esos comités que a su vez los venden entre familias que previamente han sido censadas.

El mecanismo de reparto de bolsas varía según la comunidad. En algunos casos se hace en sedes de instituciones públicas y en otros en casas comunales o incluso en los lugares de residencia de los integrantes de los Clap o de los beneficiarios. Las jornadas de entrega deberían tener frecuencia mensual, pero en muchas ocasiones ocurren cada 45 días. Los comités iniciaron sus labores recibiendo dinero en efectivo, pero ahora aceptan transferencias bancarias, porque el costo de la bolsa va en aumento y es mayor la cantidad de billetes que deben manejar. En algunas comunidades prefieren que la jornada se realice en la noche, para evitar que los camiones con la mercancía sean detectados y queden expuestos a saqueos, que se han hecho cada vez más frecuentes con los vehículos de carga que transportan alimentos escasos.

Aunque comenzó a aplicarse en sectores populares, la modalidad se ha extendido a zonas residenciales de clase media. Los despachos que llegan a cada lugar son diferentes y pueden ocasionar decepción o felicidad. En la comuna Teatro Miranda, situada en el centro de Caracas, los vecinos afirman frustrados que hace cinco meses recibieron bolsas que contenían apenas dos kilogramos de harina de maíz –principal ingrediente para preparar arepas, el plato nacional– y un envase de margarina. En una urbanización de Cumaná, a 600 kilómetros de la capital, en cambio recibieron jubilosos en Navidad bolsas con pasta, azúcar, sal, café, aceite, arveja, mayonesa, salsa de tomate, margarina, harina de maíz y crema dental. En teoría, la distribución no distingue entre chavistas y opositores. Sin embargo, los críticos del sistema afirman que el gobierno pretende controlar a los ciudadanos a través de sus estómagos y no han faltado denuncias acerca de repartos selectivos de los alimentos.

Para adquirir su Bolsa Clap, Luisa hizo fila durante cinco horas. El día que le correspondió su turno, había cuatro hileras que reunían aproximadamente 400 personas. Era tal la muchedumbre, que se desplegó custodia policial para evitar alteraciones. Aún así, para Luisa estas filas son mejor opción que las que se hacen en los supermercados, que exigen pasar las madrugadas al frente de los establecimientos. “Para hacer eso hay que amanecer por allí y arriesgarse a todo. Yo no me puedo ir en la noche con un niño y quedarme hasta el día siguiente porque es peligroso”.

La repartición de las bolsas es el eslabón más reciente de una cadena de medidas adoptadas por el gobierno en los últimos tres años conforme ha aumentado la escasez y las reventas de productos con precio controlado. Primero se fijó un límite a las cantidades a vender por persona; luego se estableció los días de la semana en los que podían ser adquiridos según el último número del documento de identidad; y más tarde se ordenó a los establecimientos comerciales a incorporar dispositivos de identificación biométrica para cerciorarse que nadie violase las rigorosas medidas.

Las Bolsas Clap en ese contexto de restricciones crecientes, son buscadas con intensidad. La maquinaria oficial ha creado una plataforma de canales digitales que las promocionan como una revolución en el concepto de reparto de alimentos. La ansiedad por ellas incluso ha adoptado expresiones dramáticas: tres días antes de Navidad un joven de 25 años de edad fue asesinado por un delincuente que le dio un disparo para quitarle la Bolsa que le llevaba a su madre.

En las redes sociales abundan solicitudes a los responsables oficiales para que mejoren el sistema de distribución. En los medios de comunicación se reportan protestas, cierres de calles y autopistas por manifestantes que las exigen, pero que también denuncian sobre el origen de los productos. El control de las importaciones lo tiene el Ministerio de Alimentación, que ha sido manejado por militares durante el gobierno de Maduro. Según investigaciones periodísticas, una de las empresas que han vendido productos para los Clap es propiedad de Samarck López, recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como testaferro de Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela a quien el gobierno norteamericano también sancionó por relacionarlo con el tráfico de drogas. Ambos han negado su relación con negocios ilegales.

En cambio, Luz Marina Boscio, de 62 años de edad y vecina de Palo Verde en Caracas, está entre los que tienen como primera opción ir a los supermercados. Acaba de salir de uno con una compra que le hace sentir que valió la pena aguardar siete horas bajo el sol. Se siente aliviada, a pesar de que está cansada, temblorosa y hambrienta. El día anterior tenía la nevera vacía y ella y su nieta de siete meses solo comieron arroz con huevo. Hoy lleva dos botellas de aceite, más arroz y harina de maíz.

A pesar de que se ha desmayado en las colas, la han golpeado y empujado, Luz Marina se ve obligada a abastecerse de esta forma: perder sueño y mañanas enteras a la espera de que entreguen a los establecimientos algo que no tiene en casa. Si llega un producto subsidiado que ya tiene, también lo compra y lo intercambia con algún vecino. Lo del trueque lo comenta sin sobresalto porque no sólo es algo frecuente para ella, sino también para el país. Se ha vuelto habitual el uso de las aplicaciones de mensajería telefónica como Whatsapp o Telegram para transar los productos que cada quien tiene virtualmente. Si estuviese en Wall Street, la experiencia seguramente le serviría para ser una avezada corredora porque sabe exactamente qué trocar sin salir perdiendo.

Con la pensión de Luz Marina y con los ingresos como moto taxista que percibe su hijo mayor, es mantenida una familia de cuatro personas. En eso de estirar y estirar la comida para que alcance se le va buena parte del día. Así resiste. Otras mujeres, con un poco más de recursos, se esmeran en evitar gastar tanto tiempo de vida en filas para comprar. Recurren entonces a los revendedores –conocidos como “bachaqueros”–, quienes pueden proveer cantidades de productos suficientes para varios meses o para compartir o intercambiar. Al principio eran solo gente común que adquiría productos a precios regulados para la reventa, pero con la persistencia de la escasez la modalidad evolucionó y fue aprovechada por grupos organizados que obtienen ganancias millonarias con el hambre ajena.

María Elena, de 62 años de edad, por ejemplo, compró clandestinamente un bulto de azúcar y uno de arroz a un vendedor de frutas del centro de Caracas. Fueron 20 kilogramos de cada producto. Aunque los obtuvo entre 5 y 10 veces más caros, sintió que valió la pena porque evitó pagarlos más caros a futuro según la cotización de ese “mercado negro”.

Las oportunidades para quienes buscan un suministro regular en muchas ocasiones están fuera del alcance del bolsillo común. Las colas que se forman en el Centro Comercial Polo de Colinas de Bello Monte, una urbanización situada al este de Caracas, llaman más la atención que el resto. La razón es que no están frente a un supermercado o farmacia, sino frente a una costosa cafetería italiana llamada Cine Cittá. La mayoría de quienes acuden allí no van por un helado o una bebida. Acuden para entrar a un bodegón ubicado al final del local donde venden productos importados de primera necesidad.

Lucía, una comerciante capitalina, sale del lugar llevando a cuestas varios kilos de arroz, un gran saco de harina de trigo y algunos empaques de azúcar. “Venimos aquí porque los productos son de calidad. Uno tiene esa seguridad. Si se le compra al bachaquero uno no sabe lo que come. Ellos mezclan la comida con cualquier cosa para rendirla, como la leche o con la harina a la que le ponen cal”, dice.

Cine Cittá se ha convertido en una versión venezolana de los “diplomercados”. Ese era el nombre que empleaban en Cuba para identificar a los comercios bien surtidos que antes de la década de los noventa eran de uso exclusivo de diplomáticos y extranjeros radicados en la isla. Entrar en la cafetería es como ingresar a una versión diminuta del área de alimentos de Costco, la mayorista estadounidense, porque todas las marcas que se ofertan allí provienen de esa cadena. Es un oasis en medio de la sequía de los anaqueles de los supermercados.

“Aquí se consigue de todo, pero dolarizado”, cuenta Antonia, una mujer de gafas, camiseta y jean desteñido que aguarda. El costo de muchos de los productos, en realidad, es mucho mayor que el que se paga en Estados Unidos, al punto que en algunos casos sus tarifas lo duplican o triplican. A pesar de lo caro, el lugar luce con frecuencia atestado por gente adinerada, funcionarios extranjeros, empresarios que hacen negocios con el gobierno y una reducida clase media que tiene ahorros en dólares o conserva canales para obtenerlos.

Manuel se queja de los precios del bodegón desde su oficina. Sabe que hay otras maneras de conseguir la comida desaparecida de los anaqueles, pero para ello hay que estar dispuesto a pagar en dólares y a comprar en grandes cantidades. Él mismo se encarga de hacer que esos productos lleguen desde Estados Unidos: “De allá puedes traer los productos de la canasta básica”, comenta.

Esos son los productos que se han convertido en la base de su negocio: una compañía de envíos puerta a puerta de Norteamérica a Venezuela que cobra los traslados por volumen y no por peso. Como todo llega en barcos, los mercados que le encomiendan deben surcar las olas por tres semanas antes de atracar en las cocinas caraqueñas. La empresa de Manuel lleva más de seis años de fundada. En los últimos 24 meses, el tipo de peticiones que recibe ha cambiado drásticamente. Al principio traía los antojos de los venezolanos que ordenaban productos a través de Amazon, que iban desde gadgets hasta repuestos para vehículos. En noviembre de 2014 vio cómo uno de sus clientes ordenaba aceite de aguacate, delicateses que nunca más llegaron al país. Ya para agosto de 2015 había empezado a traer toallas sanitarias y afeitadoras. Dos meses después, jabones y salsas se sumaron a las demandas. “En enero de 2016, la historia ya era otra”. Desde ese momento, el transporte de comida y medicinas pasó a ocupar 60 por ciento de los envíos.

Sus clientes, de clase media alta en adelante, suelen organizarse para hacer pedidos entre varios. Las compras las hacen a través de la web o personalmente. “Yo mismo me traje hace poco cereales para los chamos, galletas y una caja de cerveza. A un amigo le traje una caja de pañales porque su bebé estaba por nacer y aquí no conseguía. Todo sigue siendo más barato afuera”, confirma minutos antes de mostrar la foto de un gabinete de cocina de una de sus clientes. Casi todos los productos llevan etiqueta en inglés. Surcaron el mar para alimentar a los pocos afortunados que pueden adquirirlos en dólares.

*Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y la red Connectas.