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Miranda Villasmil guió a sus dos hijos entre cientos de migrantes apiñados, muchos aún cubiertos de lodo e inflamados por su travesía desde Sudamérica hasta aquí, Costa Rica. La familia de tres llevaba solo dos bolsas de supermercado con las pertenencias de las vidas que habían tenido en Venezuela.
Cuando llegaron a la fila de autobuses que los llevarían directamente a la frontera con Nicaragua, Villasmil estaba tan aliviada que les mandó mensajes de texto a sus familiares en casa que también estaban considerando salir. El Gobierno de Costa Rica, les escribió, estaba dispuesto a brindar paso seguro: “No ha habido trabas”, dijo.
“Seguimos adelante”, le dijo Villasmil a su familia en Venezuela.
Ella es una entre los miles de migrantes que han utilizado los nuevos programas de traslado en autobuses adoptadas por Costa Rica y otros países de Centroamérica que intentan lidiar con un flujo migratorio histórico que recorre sus fronteras. Más de 400.000 personas han cruzado a Costa Rica desde Panamá este año, según las autoridades panameñas; el doble del número de cruces fronterizos del año pasado, lo que ha provocado que se instauren enormes campamentos de tiendas de campaña a lo largo de las fronteras de Costa Rica, generando quejas de propietarios de negocios y un aumento en las operaciones abusivas de tráfico de personas.
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En octubre, el Gobierno de Costa Rica declaró una emergencia nacional y elaboró un plan con Panamá para trasladar a los migrantes de su frontera sur a la del norte. Las autoridades costarricenses afirman que el programa de transporte en autobús ha eliminado los campamentos, disminuido la tensión sobre las comunidades fronterizas y proporcionado a la gente una alternativa más segura que pagar a los traficantes de personas.
También han surgido programas similares en algunas zonas de Honduras y México.
La estrategia, sin embargo, ha generado inquietud en Estados Unidos, que ha pedido a sus aliados latinoamericanos que disuadan a la gente de hacer el peligroso viaje hacia el norte y alentarlos a solicitar el estatuto de refugiado más cerca de sus países de origen.
En cambio, el transporte parece estar creando una vía rápida para llegar al norte.
“Estados Unidos quiere contener a la gente”, dijo Marta Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Cadena, organización humanitaria sin fines de lucro que ayuda a los migrantes en una terminal de autobuses de Costa Rica. “Esto es para seguir enviando gente, para simplemente mantener activo el flujo”.
Funcionarios del gobierno de Joe Biden, que no están autorizados para hacer declaraciones públicas, dicen que han planteado sus preocupaciones a puerta cerrada con los gobiernos de Costa Rica y Panamá, mientras que públicamente han elogiado a ambos países por colaborar en otros acuerdos de seguridad e inmigración. Biden incluso recibió en agosto en la Casa Blanca al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, antes de enviar US$12 millones al país para reforzar sus políticas de inmigración.
Pero los funcionarios estadounidenses también han argumentado que las rutas de autobuses incentivan a más migrantes a salir de sus países y hacer el peligroso viaje a la frontera con Estados Unidos. Sus homólogos centroamericanos sostienen que el sistema de autobuses hace que el viaje sea menos peligroso.
“No existe capacidad para poder limitar ese flujo migratorio, sino que hay que administrarlo”, dijo José Pablo Vindas, coordinador de la policía de migración de Costa Rica, en una entrevista desde la terminal de autobuses de migrantes, que una vez fue una fábrica de lápices.
Alrededor de 30 autobuses, cada uno con 55 inmigrantes, entran y salen de las instalaciones cada día. En una semana, más de 14.000 personas fueron trasladadas en autobús desde Panamá hasta la frontera norte de Costa Rica, según las autoridades costarricenses.
“No es para desmotivarlos, pero el Gobierno lo que trata de dar es un viaje seguro y ordenado”, dijo Vindas. “Creo que es más peligroso que ellos primero pasen a la libre o que los lleven personas en tráfico ilícito de inmigrantes, en condiciones que tal vez ellos no merecen”.
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Pero algunas familias dijeron haber encontrado esas mismas condiciones en la terminal de autobuses.
El programa de autobuses no es gratuito, y ha añadido una tarifa más a las muchas a las que los migrantes enfrentan en su costoso viaje hacia el norte.
Y también puede ser peligroso. A principios de este año, al menos 39 personas murieron cuando un autobús que llevaba migrantes cayó a un precipicio en Panamá. El mes pasado, 18 migrantes murieron en un choque de autobús en México y un accidente en Honduras dejó un saldo de cuatro personas muertas y decenas heridas.
En Panamá, cada persona debe pagar US$60 para ser trasladada en autobús a la terminal principal de Costa Rica. Luego debe pagar otros US$30 para embarcar en un autobús que lo llevará a la frontera con Nicaragua. Las tarifas las cobran las compañías de autobuses, autorizadas por los gobiernos.
En un reciente día de octubre, en la terminal, decenas de familias frenéticas hacían fila ante una oficina de envío de dinero para recibir fondos de sus parientes para un pasaje de autobús.
Los viajeros solo pueden salir de las instalaciones en un autobús, dijo Vindas. No pueden, simplemente, irse caminando de la terminal.
En un edificio cercano había literas y catres militares para unas 380 personas, pero llevaban días llenos. Vindas dijo que la instalación normalmente albergaba a más de 1.000 personas y que en un día reciente había alojado hasta 1.800, y cientos de ellas durmieron en el suelo.
José Díaz y su familia llevaban 20 días viajando cuando llegaron a la terminal de autobuses. Se sintieron aliviados de poder subir a uno de los buses en Panamá proporcionados por el Gobierno que los llevaría hacia el norte.
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Pero pronto descubrió que necesitaría más billetes de autobús, y había gastado sus últimos US$120 en Panamá solo para llegar hasta aquí.
La familia Díaz tenía dos opciones, dijo un trabajador de la terminal: un pariente podía transferirles dinero o podían esperar en el oscuro paso subterráneo de la terminal de autobuses, junto con decenas de otras familias, y dormir sobre piso de cemento en un lugar con una luz mínima. Con la terminal a rebosar de gente, preparó a sus hijas para dirigirse hacia abajo del edificio.
“Desde Panamá nos traen así, presos, presos, presos, sin salir para ningún lado”, dijo Díaz. “Piensan que uno tiene mucho dinero. ¿Qué dinero, si más bien uno viene a buscar un futuro?”.
Abajo, en la oscuridad, las familias se acurrucaban sobre sábanas en el suelo de cemento o se apoyaban en unas barricadas de construcción de plástico. Había una estructura para literas que no tenía colchones. Niños pequeños en pañales corrían alrededor de adultos aturdidos. Padres intentaban con desesperación encontrar a miembros del personal para ayudar a sus hijos enfermos.
Algunos migrantes dijeron que no recibían comidas regulares y que cuando pedían agua, les decían que bebieran el agua de lluvia que goteaba del piso de arriba. Muchos dijeron que la única manera para conseguir suficiente dinero era dejar las instalaciones y trabajar, algo que las autoridades han prohibido.
En una entrevista, Marta Vindas, directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, rechazó las comparaciones de la terminal de autobuses con un centro de detención y aseguró que los migrantes tenían acceso a baños, comidas y a numerosas organizaciones humanitarias presentes en el lugar.
“Eso es una zona de tránsito, esa es la razón por la cual están ahí para que fluyan hasta la otra frontera”, dijo Vindas.
Otros países centroamericanos también han adoptado prácticas de traslados en autobuses. Los funcionarios de migración y transporte de Honduras crearon rutas de autobús directas a Guatemala como una alternativa segura para los migrantes. En México, los programas de transporte son más esporádicos. En Oaxaca, el Gobierno instaló centros desde donde los autobuses llevan a los migrantes hacia el norte para aliviar la presión en la frontera sur del país, pero también ha trasladado a migrantes en avión hacia el sur, lejos de la frontera con Estados Unidos.
En Estados Unidos, los estados de Texas y Florida han trasladado por autobús a migrantes a Nueva York, Chicago, Filadelfia y varias otras ciudades para reducir la concentración de personas que llegan a las ciudades fronterizas. Sin embargo, los republicanos también han explotado esa práctica para castigar a los estados demócratas.
Antes del programa de traslado en buses en Costa Rica, los migrantes cruzaban la frontera sur de ese país sin grandes dificultades, antes de instalarse de forma temporal en un campamento de tiendas de campaña en un terreno en la ciudad de Paso Canoas mientras buscaban trabajos a corto plazo.
“No nos están ayudando, entonces lo único que hemos logrado es implementar este sistema para no dejarnos el problema aquí”, dijo Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur). Dijo que el país enfrentaba “la misma situación” que la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams ha dicho que sus recursos se han agotado por el flujo migratorio.
Desde la calle frente a la terminal de autobuses, Kimberly Salas, venezolana de 43 años, y su hijo, Pedro Zerpa, se preguntaban si debían entrar. Mientras viajaban desde Panamá habían escuchado hablar del nuevo programa de autobuses que podría hacer más rápido su viaje hacia el norte. Pero mientras lo consideraban, vieron a una persona en la ventana del edificio haciéndoles señas para que se mantuvieran alejados.
“Está bien”, dijo Zerpa. “Nosotros podemos caminar”.
Al día siguiente, fueron vistos caminando bajo un sol abrasador por una carretera rumbo al norte, a Estados Unidos.
Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería desde Ciudad de México y Joan Suazo desde Tegucigalpa, Honduras.
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