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Una operación policial en Rio de Janeiro dejó al menos 13 muertos este viernes en favelas cercanas al céntrico barrio de Santa Teresa, informaron las autoridades.
Desde el año pasado, durante el gobierno de Michel Temer, se decidió entregarle la seguridad de Río de Janeiro a los militares. Un tema que generó una fuerte polémica por la violación de derechos humanos. Sin embargo, desde entonces, los uniformados tienen carta blanca para registrar favelas. Muchos habitantes de estas zonas han muerto en operaciones confusas.
Ver más: ¿Qué pasa en las favelas de Río de Janeiro?
La operación de ayer no está aún clara. De acuerdo con el periódico O'Globo, "la policía informó que una de las personas muertas era un criminal y fue asesinado tras atacar a los agentes del Bope. Iniciada a las 5:30, la operación en los cerros de los Placeres, Fallet y Corona resultó en la aprehensión de 3 fusiles, 12 pistolas y 3 granadas, además de radiostransmisores".
Los voceros de la policía dijeron que la operación se hizo tras una guerra entre pandillas que comenzó desde el miércoles. "La acción contó con apoyo de drones y helicópteros".
El plan de seguridad de Moro
Esto ocurre cuatro días después de que el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro, presentara un paquete de medidas para atacar conjuntamente la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad violenta, en aplicación de una de las promesas claves de la campaña electoral del presidente Jair Bolsonaro.Esos tres flagelos "están relacionados", explicó Moro en una rueda de prensa en Brasilia. "El crimen organizado usa la corrupción para obtener la impunidad y está vinculado a buena parte de los homicidios", en un país donde en 2017 hubo cerca de 64.000 homicidios, detalló.
Una de las propuestas apunta a dejar grabada en la ley el encarcelamiento de un condenado por un tribunal de apelación de segunda instancia, aunque no haya agotado todos los recursos ante las máximas cortes del país.
Ver más: El juez que puso a temblar a Brasil
Esa fue una de las principales armas de la Operación Lava Jato -la mayor acción anticorrupción de América Latina- en la que Moro tuvo un papel determinante en tanto que juez de primera instancia.
La cuestión del encarcelamiento en segunda instancia debe ser tratada en abril por la corte suprema y una orientación contraria a la de Moro podría llevar a la liberación de numerosos condenados, incluyendo el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
En cuanto a la lucha contra la criminalidad violenta, el proyecto de ley considera como "legítima defensa" la intervención de un agente policial que, "en conflicto armado o en riesgo de conflicto armado inminente, previene una agresión injusta en su contra o contra terceros".
"No estamos ampliando la legítima defensa, solo estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa (...). Eso es algo que ya se hace en la práctica", alegó Moro.
En el apartado de la lucha contra las poderosas organizaciones de tráfico de drogas, Moro propone confinar a sus dirigentes en cárceles de máxima seguridad y privarlos de los beneficios de reducciones de penas si siguen vinculados a esas mafias, algo que estaba en el plan de gobierno de Jair Bolsonaro.
Entre estas últimas incluye a las principales facciones criminales, como el Primer Comando de la Capital (PCC), que tiene su base en Sao Paulo, y al Comando Vermelho, cuyo bastión está en Rio de Janeiro, así como a las milicias parapoliciales que controlan e imponen su ley en numerosas favelas.
El objetivo es endurecer las condiciones para el "delincuente profesional. Si eres un delincuente profesional, el sistema será más riguroso contigo", afirmó Moro.