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El gobierno y la oposición de Nicaragua lograron este lunes destrabar un frustrado diálogo de cuya continuidad depende una solución pacífica y la democratización del país, sumergido en una aguda crisis política y económica.
El gobierno aceptó discutir una agenda para democratizar el país y los opositores se comprometieron a "flexibilizar" el bloqueo de las carreteras, una de las principales preocupaciones del gobierno y que había trabado las conversaciones, según un comunicado de la Conferencia Episcopal al término de una reunión.
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Los obispos, que habían dado un plazo de un mes para lograr resultados cuando aceptó mediar y convocó las pláticas, suspendió la semana pasada las negociaciones en su cuarta sesión al no lograr un consenso entre las partes sobre los puntos a debatir.
Los siguientes son tres escenarios por los que podría transitar la crisis nicaragüense:
- Reanudación del diálogo -
El gobierno retorna a la mesa de diálogo debilitado en su credibilidad y apoyado por las fuerzas represivas, mientras intenta mantener la cohesión de sus bases.
La oposición, que es una suma de sectores diversos que comparten el objetivo de sacar al presidente Daniel Ortega del poder, corren el riesgo de fractura si las conversaciones se prolongan en el tiempo.
"El pueblo tiene mucha esperanza y confianza de que el diálogo nacional puede ser una salida cívica y pacífica", dijo a la AFP el académico Carlos Tunnerman, representante de la sociedad civil en las pláticas.
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La primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo dijo que la crisis que vive el país "es una situación extrema y que todos sabemos que tiene propósitos claros", en alusión al reclamo de la salida del gobierno, por lo que pidió "comprensión (...) con planteamientos sensatos de todos los sectores" en el diálogo.
Si el gobierno mantiene su postura de no ceder en la democratización, "estamos corriendo el riesgo de una guerra civil. No estamos apostando a eso, pero sería irresponsable decir que no lo estamos viendo", advirtió por su parte el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
- Resistencia ciudadana -
Podría ocurrir que, en paralelo al diálogo, se intensifiquen las protestas como presión para que Ortega acceda a salir del poder en el menor tiempo.
Otra variable que estudia la oposición para presionar a Ortega es convencer al sector privado, otrora aliado del gobierno, para convocar a un paro nacional, según Granera.
Pero mientras los estudiantes y la oposición política quieren un cambio inmediato en el poder, los empresarios propugnan una salida gradual de Ortega y se resisten a convocar a un paro nacional.
El movimiento campesino que realiza el cierre de vías en varios puntos del país anunció que no suspenderá esta forma de lucha, como exige el gobierno, porque es un mecanismo "no violento y efectivo de resistencia".
- Neutralizar las protestas -
El gobierno podría decidir reprimir hasta acabar con las protestas restableciendo las condiciones previas al inicio de las manifestaciones y arriesgando una condena internacional y eventuales sanciones.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente de la OEA, realizó una misión que culminó la semana pasada, la cual destacó que hay "una situación compleja" con "un padrón de violencia y represión" en "un ambiente de intimidación, de amenazas", y exigió al gobierno garantizar la "integridad" de 13 líderes estudiantiles a quienes consideró "en riesgo".
Por su lado, Estados Unidos atribuyó la violencia en el país a "matones controlados por el gobierno" y exhortó a "crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo", así como a acatar las conclusiones de la CIDH.
No obstante, la situación "está en un punto que, aunque Ortega tuviese la capacidad para acabar con las protestas, ya es incapaz de mantener la paz social en el país", estimó el exdiputado Núñez.
"No hay vuelta atrás" en esta crisis, porque si Ortega logra revertir la situación a su favor "nos esperan más crímenes y una política de terror selectiva" contra opositores, advirtió a la AFP el general en retiro Hugo Torres.