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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, elevó este jueves la cifra de presos fallecidos a tres tras realizar el recuento.
Los disturbios dentro de la Regional de Guayaquil, denominada oficialmente como Centro de Rehabilitación Social Guayas Número 4, también dejaron seis presos heridos, de los que cinco retornaron a la prisión tras recibir la atención médica oportuna. Una reclusa permanece todavía hospitalizada.
Los disturbios en el interior de la cárcel comenzaron ya entrada la noche del miércoles. Se escucharon detonaciones desde el interior de la prisión y hubo fuego provocado por los reclusos con la quema de colchones, según videos difundidos en redes sociales.
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A la Policía y a las Fuerzas Armadas les tomó alrededor de cuatro horas retomar el control interno de la Regional de Guayaquil, que forma parte del complejo carcelario de la provincia del Guayas, donde se ubican cinco prisiones que albergan alrededor de 12.000 presos.
Aparentemente, los presos protestaban por el trato de los militares durante la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de la prisión, durante la militarización de las cárceles ecuatorianas bajo el marco del “conflicto armado interno” decretado contra las bandas criminales desde principios de año.
De acuerdo al SNAI, los reclusos Ronal G. y Stalin G. han sido identificados como los supuestamente responsables de incitar la alteración en el orden interno del centro, por lo que los dos fueron puestos a la disposición de la Justicia ecuatoriana para ser procesados por el delito de terrorismo.
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Angustia de familiares
A primera hora de este jueves, familiares de los presos estuvieron fuera de la cárcel portando globos blancos, exigían información sobre sus parientes y, como protesta, lanzaban agua contra los camiones militares presentes en la zona.
En las afueras de la cárcel se mantuvo durante la jornada a militares armados, mientras algunos familiares de los presos exigían información y poder visitarlos. Los familiares portaban carteles en los que se leía: "Paz", "No abusen de sus derechos" o "ellos están pagando su pena", entre otros.
Patricia Pluas, madre de uno de los detenidos, dijo que estaba preocupada “por el maltrato que están recibiendo” los presos desde que, en enero pasado, se decretó el estado de excepción y el conflicto armado interno, como medida para frenar la creciente ola de violencia.
"Dos meses estuvieron desnudos, solo con interior, y durmiendo en el suelo, con una sola comida en el día. Nuestros familiares están enfermos, aparte de que hay personas que han estado enfermas y no se les ha permitido el derecho a tener un doctor, una medicina de parte de su familia", dijo en las afueras de la cárcel.
Considera el motín de la noche del miércoles se dio porque los presos “ya están hartos de tanto maltrato”. Pluas pidió al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que se “sensibilice” para que pare el “maltrato”, pero consideró positivo que hayan intervenido las cárceles para que no haya más extorsiones entre los presos.
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Durante la militarización de las cárceles, varias organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, una acusación que el estamento militar ha rechazado siempre de plano al aducir que su actuación se apega a la legalidad y a los derechos humanos.
Cárcel que dominaban “Los Choneros”
La Cárcel Regional de Guayaquil ha sido una de las más intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción, con recurrentes operativos para requisar armamento y objetivos prohibidos a la población penitenciaria.
De esta prisión se escapó entre finales de diciembre e inicios de enero el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), líder de la banda criminal “Los Choneros”, que cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asociación ilícita y homicidio.
Hasta antes del inicio del estado de excepción ´Los Choneros´, la banda criminal más grande y antigua de Ecuador, tenían el control sobre el interior del recinto carcelario, donde cobraban cupos a los presos por el tipo de celda que usaban y también por la alimentación, entre otros elementos de un amplio entramado de extorsión, según testigos.
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