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Es bien sabido que el partido del presidente Nicolás Maduro, el PSUV, perdió la mayoría parlamentaria el año pasado y que desde entonces la relación entre el mandatario y la Asamblea Nacional se asemeja a dos púgiles que cada tanto se retiran a sus esquinas para descansar y entonces, ya recuperados, vuelven al centro del ring a recomenzar la rebatiña. Maduro, que ha tomado decisiones erradas en su política pero todavía sostiene su poder político, se ha visto acosado sólo hasta cierto punto: aunque la Asamblea puede tramitar las leyes que determinan el funcionamiento nacional, Maduro ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que dichas leyes caigan.
En teoría, el TSJ es un órgano independiente, cuyo homólogo en Colombia sería la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la oposición acusa al Gobierno de poner allí sus fichas para poder detener cualquier acción que realice la Asamblea Nacional. Como dicta la Constitución, el TSJ puede reformular, anular o aprobar los proyectos de ley que vengan de la Asamblea. De modo que, como asegura la oposición, Maduro está tratando de convertir al TSJ en una suerte de asamblea paralela para aprobar sus proyectos.
El enfrentamiento pervive ahora que Maduro anuncia que la ley de presupuesto, aquella que define con cuánto dinero contará el país para el próximo año en sus instituciones públicas, pasará por la TSJ a pesar de que ese mandato le pertenezca a la Asamblea. EL jefe de la bancada opositora, Julio Borges, aseguró: “no hay, ni por estado de excepción ni por decreto de emergencia, posibilidad de que Maduro se haga su propio presupuesto”.
No obstante, el TSJ defiende su decisión bajo el argumento de que la Asamblea se declaró en desacato al haber juramentado a tres diputados de oposición cuya elección fue objetada por el chavismo. Dado que están en desacato, el TSJ asegura que es posible tomar algunas de sus funciones para que continúe el desarrollo normal de las actividades legislativas.
La oposición ha venido advirtiendo sobre la intervención de la TSJ en las funciones de la Asamblea. Según esa bancada, se estaría cocinando una forma legal desde allí para detener el revocatorio contra Maduro, incluso antes de la recolección de firmas que ocurrirá entre el 26 y el 28 de octubre. Según Henry Ramos Allup, diputado opositor y uno de los principales líderes de dicho equipo político, la TSJ tendría lista una sentencia para dar medidas cautelares para que a Maduro no se le vulneren sus derechos políticos.
Desde que comenzó el dominio de la oposición en la Asamblea, la TSJ ha detenido numerosos proyectos de ley que ya habían sido aprobados por esta entidad, entre ellos la ley de amnistía para presos políticos.