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El Magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo de Venezuela, exhortó este miércoles a la Fiscalía a "tomar medidas" de "manera inmediata" ante la "conducta delictiva" de la directiva del Parlamento, controlado por la oposición.
"Esta sala exhorta al Ministerio Público a determinar las responsabilidades que pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo", dijo Mendoza en una declaración leída ante periodistas.
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Este martes, el Parlamento asumió competencias del Ejecutivo, al que no reconoce, y designó a Gustavo Tarre Briceño como embajador "especial" del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El jefe de la Cámara, Juan Guaidó, dijo al respecto que con la designación el Parlamento busca "garantizar que Venezuela se mantenga dentro" de la OEA, en referencia al proceso que inició el Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el ente de integración regional.
Pero el Supremo alertó hoy que esta medida implica "la ejecución de un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional", vigente desde 1999, lo que obliga al máximo tribunal a "actuar de oficio en protección" del mismo.
De acuerdo con la Carta Magna venezolana, es competencia exclusiva del presidente designar embajadores y jefes de misiones diplomáticas.
En ese sentido, el Supremo ratificó en su declaración "la inconstitucionalidad de las actuaciones" en que declaró al Poder Legislativo en 2016, solo semanas después de que la oposición le arrebatara el control de la Cámara al chavismo. Lea también: 23 de enero: ¿Qué es lo que pasa hoy en Venezuela?
El Legislativo ha reiterado que no reconoce la legitimidad del nuevo mandato presidencial de 6 años que juró Maduro ante el Supremo hace casi 2 semanas.
El líder chavista se impuso con holgura en los comicios presidenciales de mayo pasado, unas elecciones en las que no participó la mayoría de la oposición que tachó las votaciones de fraudulentas.
Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), así como varios Gobiernos de la región, han declarado que no reconocer la legitimidad del segundo mandato de Maduro.