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Según documentos judiciales citados por varios medios de comunicación estadounidenses, un funcionario del Archivo Nacional asegura que Trump quiere bloquear una gran variedad de archivos relacionados con el ataque al Congreso.
Según el funcionario John Laster, el exmandatario pretende frenar la entrega a la comisión de estos archivos, que incluyen páginas de notas escritas a mano, borradores de documentos y registros diarios de sus principales asesores. En esos documentos judiciales, Laster presentó tres paquetes de archivos sobre los que Trump afirma tener privilegio ejecutivo que evitaría su revelación.
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La primera tanda de 46 documentos incluye registros de diarios presidenciales, borradores de discursos y comentarios, así como tres notas escritas a mano del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, con respecto al 6 de enero. El segundo paquete, que contiene 656 páginas de diferentes documentos, cuenta con carpetas de conversaciones de Trump con la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, sobre el fraude electoral y las elecciones de 2020. Además, en ese grupo de documentos también hay un borrador del discurso de Trump para la manifestación frente al Capitolio, que terminó en el asalto, así como el borrador de una orden ejecutiva sobre la integridad de las elecciones de noviembre del año pasado.
Por último, la tercera tanda de documentos, de 68 páginas, contiene un borrador de una proclamación sobre la Policía del Capitolio y los agentes que murieron en esa jornada. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump, que iban armados con hachas, bates y palos de hockey, entre otros objetos, según datos de las autoridades.
Hace dos semanas, el comité que indaga sobre el asalto al Capitolio declaró en desacato al ultraderechista Steve Bannon, un cercano aliado de Trump, por negarse a comparecer ante los legisladores. Cualquier persona declarada culpable de desacato por parte de un tribunal federal puede enfrentarse a hasta un año de cárcel y a una multa de 100.000 dólares, según el Servicio de Investigación del Congreso.
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