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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, apuntando a que la agencia tiene una mala dirección, producto de años de dirección de “funcionarios progresistas”. Esta acción representa un punto culminante en la agenda conservadora, que por décadas ha promovido la descentralización de la educación y el traspaso de competencias a los estados.
El debate va más allá de la dirección que ha tenido el Departamento de Educación y si es de línea progresista o conservadora: este parece ser un intento de Trump sortear la necesidad de aprobación del Congreso para el cierre formal de una agencia federal. La legalidad de la medida es altamente cuestionable.
¿Es legal acabar con el Departamento de Educación?
Según la legislación estadounidense, el Departamento de Educación, creado en 1979, no puede ser eliminado sin la aprobación del Congreso. Es por eso que Trump, consciente de este obstáculo, ha optado por una estrategia de desmantelamiento progresivo mediante la reducción de personal y la eliminación de programas clave.
En la orden ejecutiva firmada el jueves, se instruyó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a “tomar todos los pasos necesarios” para cerrar las funciones esenciales de la agencia.
A pesar de que el gobierno federal solo financia aproximadamente el 13 % de los fondos destinados a la educación primaria y secundaria, este porcentaje resulta vital para muchas instituciones que atienden a estudiantes de bajos ingresos y con necesidades especiales.
Varios expertos en derecho constitucional han advertido que la decisión podría ser impugnada en tribunales, ya que la autoridad ejecutiva no puede disolver una agencia creada por el Congreso sin su consentimiento. Además, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk y encargado de implementar los recortes administrativos, ya ha enfrentado reveses judiciales por exceder los límites de la autoridad presidencial.
Según el diario The Guardian, Trump podría eventualmente buscar la aprobación del Congreso para el cierre definitivo de la agencia, aunque actualmente los republicanos no cuentan con los votos necesarios para hacerlo. Mientras tanto, la estrategia parece orientada a debilitar progresivamente al departamento, limitando su capacidad de operación y reduciendo drásticamente su presupuesto.
En el acto de firma de la orden, Trump reiteró su compromiso de “devolver la educación a los estados” y calificó de ineficiente el aumento en el presupuesto del Departamento de Educación sin mejoras significativas en los resultados académicos. Sin embargo, sus críticos señalan que este argumento ignora el impacto positivo de los fondos federales en la equidad educativa y en la implementación de estándares nacionales de calidad.
La eliminación del Departamento de Educación podría tener un impacto significativo en estos sectores vulnerables, además de afectar la administración de programas nacionales de becas y protección de derechos estudiantiles.
El futuro del Departamento de Educación queda ahora en manos de los tribunales y del Congreso. Mientras la administración de Trump avanza con su plan, la oposición demócrata y organizaciones de derechos educativos han prometido presentar demandas para frenar esta acción, argumentando que atenta contra el acceso equitativo a la educación en Estados Unidos.
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