Trump no podrá ocultar los documentos del asalto al Capitolio, ¿qué viene?

Por una orden judicial federal, Donald Trump no podrá mantener en secreto los papeles que dan cuenta de sus acciones antes y durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero. En este sentido, las cientos de páginas que guardan registro del comportamiento de la administración del exmandatario podrán ser entregadas al comité que investiga los hechos en la Cámara de Representantes.

De hecho, la orden dictada por la jueza Tanya Chutkan establece que los documentos solicitados por los legisladores pueden empezar a ser entregados por el Archivo Nacional, aunque los abogados de Trump afirmaron que iban a apelar la decisión. Entre los documentos en cuestión están los registros de visitantes, los registros telefónicos y otros documentos de los archivos del exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, así como del exasesor adjunto de la Casa Blanca, Patrick Philbin. Esta decisión se conoce luego del intento de Trump de bloquear el acceso a cerca de 750 páginas relacionadas con los hechos que desembocaron en los disturbios de enero, invocando la protección de privilegios ejecutivos.

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Según se lee en The New York Times, “el caso plantea nuevas cuestiones relacionadas con el alcance y el límite de la autoridad de privilegio ejecutivo de un expresidente, y es probable que el asunto se resuelva en la Corte Suprema”.

Las respuestas ante la reciente decisión no se han hecho esperar. Por un lado, Taylor Budowich, portavoz de Trump, aseguró a través de Twitter que el magnate estaba comprometido a defender el derecho de anteriores presidentes, así como de los que vengan, para hacer valer el privilegio ejecutivo. Por el otro, el representante demócrata Bennie Thompson, quien preside el comité que investiga los hechos, afirmó que “a lo largo de la historia del país, el Ejecutivo ha brindado al Congreso testimonios e información cuando ha sido de interés público. El fallo es coherente con esa tradición y, en mi opinión, no podría haber un interés público más convincente que obtener respuestas sobre un ataque a nuestra democracia”.

La decisión judicial se conoce después de que el comité que investiga el alcance de la participación del expresidente en el ataque al Capitolio emitiera citaciones a algunos funcionarios de la administración Trump, como su exasesor principal, Stephen Miller, y su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, de quienes se espera obtener documentos y testimonios. Esto ocurre justo después de que el comité citara a otros aliados de Trump que pretendían socavar los resultados de las elecciones de 2020, se lee en The Guardian.

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Según informa el diario británico, los exfuncionarios de Trump tienen hasta el 23 de noviembre para presentar los documentos y cumplir con la citación, estableciendo el mes de diciembre como la fecha para llevar a cabo las deposiciones. Aún no se conoce si ellos cooperarán con la investigación.

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Por una orden judicial federal, Donald Trump no podrá mantener en secreto los papeles que dan cuenta de sus acciones antes y durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero. En este sentido, las cientos de páginas que guardan registro del comportamiento de la administración del exmandatario podrán ser entregadas al comité que investiga los hechos en la Cámara de Representantes.

De hecho, la orden dictada por la jueza Tanya Chutkan establece que los documentos solicitados por los legisladores pueden empezar a ser entregados por el Archivo Nacional, aunque los abogados de Trump afirmaron que iban a apelar la decisión. Entre los documentos en cuestión están los registros de visitantes, los registros telefónicos y otros documentos de los archivos del exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, así como del exasesor adjunto de la Casa Blanca, Patrick Philbin. Esta decisión se conoce luego del intento de Trump de bloquear el acceso a cerca de 750 páginas relacionadas con los hechos que desembocaron en los disturbios de enero, invocando la protección de privilegios ejecutivos.

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Las respuestas ante la reciente decisión no se han hecho esperar. Por un lado, Taylor Budowich, portavoz de Trump, aseguró a través de Twitter que el magnate estaba comprometido a defender el derecho de anteriores presidentes, así como de los que vengan, para hacer valer el privilegio ejecutivo. Por el otro, el representante demócrata Bennie Thompson, quien preside el comité que investiga los hechos, afirmó que “a lo largo de la historia del país, el Ejecutivo ha brindado al Congreso testimonios e información cuando ha sido de interés público. El fallo es coherente con esa tradición y, en mi opinión, no podría haber un interés público más convincente que obtener respuestas sobre un ataque a nuestra democracia”.

La decisión judicial se conoce después de que el comité que investiga el alcance de la participación del expresidente en el ataque al Capitolio emitiera citaciones a algunos funcionarios de la administración Trump, como su exasesor principal, Stephen Miller, y su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, de quienes se espera obtener documentos y testimonios. Esto ocurre justo después de que el comité citara a otros aliados de Trump que pretendían socavar los resultados de las elecciones de 2020, se lee en The Guardian.

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Según informa el diario británico, los exfuncionarios de Trump tienen hasta el 23 de noviembre para presentar los documentos y cumplir con la citación, estableciendo el mes de diciembre como la fecha para llevar a cabo las deposiciones. Aún no se conoce si ellos cooperarán con la investigación.

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