El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el expresidente Donald Trump no tiene derecho a inmunidad absoluta en las demandas civiles relacionadas con el asalto al Capitolio, orquestado por varios de sus seguidores para evitar la certificación de Joe Biden, que ganó en las elecciones de noviembre de 2020.
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El republicano se enfrenta a casos civiles presentados por unos demócratas en el Congreso y por algunos policías del Capitolio que se enfrentaron a la turba el 6 de enero de 2021. Sus abogados pidieron que se le desestime y un tribunal de apelaciones de Washington D. C. solicitó su opinión al Departamento de Justicia. El mismo Trump afirmó que no podía ser demandado por declaraciones hechas antes de los disturbios, cuando aún era presidente, porque los presidentes disfrutan de amplias protecciones en el desempeño de sus funciones oficiales.
Ante eso, los abogados del Gobierno advirtieron: “Hablar al público sobre asuntos de interés público es una función tradicional de la Presidencia, y el perímetro exterior de la Oficina del Presidente incluye un vasto ámbito de ese tipo de discurso. Pero esa función tradicional es de comunicación pública. No incluye la incitación a la violencia privada inminente. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, tal incitación a la violencia privada inminente no estaría dentro del perímetro exterior de la Oficina del Presidente de los Estados Unidos”.
Según se lee en Bloomberg, los abogados del gobierno coincidieron con Trump en que los presidentes tienen derecho a protecciones sólidas contra demandas por sus deberes oficiales. Pero en dicho escrito judicial no estuvieron de acuerdo con que las acusaciones en los casos del 6 de enero en contra del expresidente le darían inmunidad en esta etapa del litigio. En medio de ello, aclararon que esto no implica tomar una posición sobre si las afirmaciones subyacentes son válidas o no.
Esto, en últimas, no implica que Trump pierda, pero sí es un golpe para su proceso. “Su posición es que la Corte Suprema ha dejado claro que la inmunidad se aplica a cualquier conducta que se encuentre dentro del ‘perímetro exterior’ de los deberes oficiales de un presidente, y apunta a una decisión de 1982, Nixon vs. Fitzgerald. Sus abogados argumentan que los jueces no deberían participar en un ‘análisis basado en el contenido’ y sondear el ‘contexto político’ del discurso público de un presidente”, se lee en el medio de noticias estadounidenses. Los abogados de Trump y los demandantes tienen hasta el 16 de marzo para presentar una respuesta.
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