La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, instó a un tribunal de apelaciones de dicho estado a que mantenga la multa de US$454 millones contra Donald Trump por el caso de fraude civil contra el expresidente. Según la fiscal, existen “pruebas abrumadoras” de su culpabilidad.
James defendió así el fallo de febrero contra el exmandatario por el que se le acusa de inflar el valor de su patrimonio, con un supuesto valor de hasta US$2.200 millones, para recibir préstamos favorables y otros beneficios financieros.
“El señor Trump innegablemente incurrió en fraude”, indicó James en el texto legal presentado el miércoles, argumentando que “él, sus hijos adultos y su compañía (la Organización Trump) utilizaron una gran variedad de estrategias engañosas” que, en último término, “perjudicaron al mercado”.
Por su parte, el candidato republicano a los comicios presidenciales se justificó y acusó al juez de tener motivaciones políticas en su contra, alegando que se le castiga por “haber construido una empresa perfecta, mucho dinero y grandes edificios”. Además, Trump también afirmó que sus supuestas víctimas, principalmente bancos que le habían concedido tasas de interés más bajas por su supuesto respaldo patrimonial, habían obtenido ganancias con sus acuerdos.
Sin embargo, la oficina de James replicó en la víspera que la ley en la que se basaba la demanda original no exigía demostrar que las instituciones financieras que trabajaron con el expresidente habían perdido dinero.
“El Estado tiene derecho a exigir el reembolso de las ganancias mal habidas de Trump sobre los intereses que se ahorró”, completó la oficina de la fiscal general de Nueva York.
Si Trump pierde este recurso, podría ver sus reservas de efectivo mermadas, e incluso ver congeladas sus cuentas bancarias o embargadas algunas de sus propiedades, lo que perjudicaría la imagen de gran gestor económico que enarbola frente a las “políticas comunistas” que él atribuye a su adversaria demócrata, Kamala Harris.
El pronunciamiento de James se produce el mismo día que el tribunal de apelaciones de Nueva York fijó el 26 de septiembre como fecha para escuchar los argumentos orales de Trump en este proceso, lo que hace poco probable una decisión final antes del día de las elecciones presidenciales, el 5 de noviembre.
El magistrado Arthur Engoron, de la Corte Suprema de Manhattan, limitó en febrero la capacidad de Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York durante los próximos tres años, además de la astronómica multa como líder de la Organización Trump.
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