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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó las autorizaciones de seguridad de más de una docena de figuras políticas, incluidos su predecesor Joe Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris y varios exfuncionarios de la administración Biden.
La medida, anunciada mediante un memorando presidencial el sábado, argumenta que ya “no es de interés nacional” que estas personas tengan acceso a información clasificada.
“He determinado que ya no conviene al interés nacional que las siguientes personas accedan a información clasificada”, escribió Trump.
La decisión ha sido interpretada por muchos como una represalia, ya que en 2021 Biden había retirado la autorización de seguridad de Trump citando su “comportamiento errático”.
Entre los afectados también figuran personas clave en el primer juicio político contra Trump, como Fiona Hill, Norm Eisen y Alexander Vindman, además de los ex secretarios de Estado Antony Blinken y Hillary Clinton. También están en la lista la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ambos involucrados en procesos judiciales contra el expresidente.
La medida incluye además a dos republicanos críticos de Trump, Liz Cheney y Adam Kinzinger, quienes participaron en la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Su inclusión refuerza la percepción de que la decisión tiene un trasfondo político.
¿Qué efecto tiene esta decisión?
Pese a la controversia, el impacto de la medida podría ser más simbólico que práctico. En general, las autorizaciones de seguridad se revocan cuando los funcionarios dejan sus cargos, salvo que continúen vinculados a asuntos de seguridad nacional. Muchos de los afectados ya no tenían acceso a información clasificada desde hace años.
Para algunos de los señalados, la decisión no cambia su realidad, ya que habían perdido acceso a información clasificada hace tiempo. Sin embargo, la medida podría restringir el ingreso a ciertas instalaciones gubernamentales o limitar el acceso a documentación en casos específicos. Esto podría afectar en mayor medida a los fiscales y abogados que han llevado procesos judiciales en contra de Trump, ya que podrían encontrar obstáculos adicionales para revisar información relevante en sus casos.
Trump también ordenó que se les restrinja el acceso sin escolta a instalaciones gubernamentales seguras, incluidas aquellas donde se realizan sesiones informativas confidenciales. Esto podría limitar el acceso a ciertos materiales en casos judiciales relacionados con el expresidente, afectando especialmente a fiscales como James y Bragg.
Varias de las figuras mencionadas han restado importancia a la decisión. Norm Eisen, exconsejero del Comité Judicial de la Cámara, ironizó en redes sociales, dijo que “es como la tercera vez que (Trump) anuncia que revoca mi autorización de seguridad. ¿La revoca y luego me la devuelve para volver a revocarla?”. Por su parte, Vindman calificó la medida como “irrelevante”, señalando que su autorización había expirado hace cinco años.
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