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El viernes en la noche, el presidente Donald Trump anunció la revocación del estatus legal temporal de más de 530.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida, publicada en el Registro Federal, establece que estos migrantes deberán abandonar el país antes del 24 de abril, fecha en la que perderán su protección contra la deportación y sus permisos de trabajo.
Estos migrantes ingresaron a EE. UU. bajo un programa de patrocinio conocido como Libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), implementado durante la administración de Joe Biden.
Dicho programa permitió que ciudadanos de estos cuatro países ingresaran al país legalmente con el respaldo de patrocinadores estadounidenses y obtuvieran un permiso de estancia por dos años. Inicialmente lanzado en 2022 para venezolanos, el programa fue posteriormente ampliado a otras nacionalidades con el objetivo de reducir los cruces ilegales en la frontera sur y mejorar los procesos de verificación de antecedentes.
La decisión de la administración Trump de revocar el programa ha generado críticas y preocupaciones entre defensores de los derechos migratorios. Se desconoce cuántos de los afectados han logrado cambiar su estatus migratorio en el país para poder permanecer legalmente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la medida argumentando que el programa no cumplió con sus objetivos. En un comunicado, la agencia señaló que la administración Biden permitió a estos migrantes “competir por empleos estadounidenses, socavando a los trabajadores locales”, además de que se habrían identificado casos de fraude en el programa.
Según el DHS, el anterior gobierno también responsabilizó a los republicanos en el Congreso por la crisis migratoria y el aumento del crimen relacionado con el flujo de migrantes.
Pese a la revocación del programa CHNV, la notificación del DHS indica que algunos casos podrían ser evaluados individualmente y ciertos migrantes podrían recibir autorización para permanecer en EE. UU. bajo otras condiciones. No obstante, no se han especificado los criterios para estas excepciones.
Adicionalmente, la administración Trump está considerando la posibilidad de eliminar el estatus de protección temporal para unos 240.000 ucranianos que llegaron a EE. UU. tras la invasión de Rusia en 2022. Esta medida podría representar otro cambio significativo en la política migratoria del país.
El anuncio ha sido recibido con incertidumbre por parte de la comunidad migrante y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han advertido sobre el impacto humanitario de estas decisiones. Mientras tanto, la administración Trump continúa endureciendo sus políticas migratorias de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, reforzando su postura de control estricto sobre la inmigración en el país.
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