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Al cumplirse el primer año desde el anuncio del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), la política del Estado colombiano para acoger a la diáspora venezolana arroja buenos resultados en cuanto al registro, pero enfrenta grandes retos en materia de integración migratoria.
El Estatuto se empezó a diseñar desde finales de la administración Santos, donde funcionarios de la Cancillería, Migración Colombia y Gerencia de Frontera venían discutiendo la necesidad del uso de herramientas complementarias para el abordaje del fenómeno migratorio venezolano. La continuidad en el abordaje solidario de la migración por los gobiernos de Santos y Duque, a pesar de sus diferencias, así como por las instituciones del Estado, y sobre todo por la sociedad colombiana, han sido claves para los buenos resultados que hoy arroja el “método colombiano de recepción migratoria”.
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Quizá lo primero que hay que resaltar del Estatuto es que es una política que se inició, y se implementó en su primera fase, en contexto de pandemia, desde la virtualidad y con las dificultades de acceso y conectividad de una población con altos porcentajes de vulnerabilidad, importante dispersión y con problemas de asentamiento en el territorio. Si bien muchas de las políticas del Estado se adaptaron a las nuevas realidades impuestas por la pandemia, el Estatuto exigió a sus beneficiarios una activa participación y una gran persistencia ante las fallas que presentó la plataforma en los meses iniciales.
Los primeros migrantes que se acogieron padecieron la curva de aprendizaje, pero hay que destacar la rápida adaptación de Migración Colombia para producir tutoriales y contenidos con el objetivo de facilitar el trámite. Si bien la experiencia pudo resultar frustrante para algunos usuarios que debieron someterse a largas jornadas en línea, padecer problemas de conectividad o fueron timados por actores inescrupulosos que aprovecharon las dificultades del proceso, la evidencia es contundente: todos los venezolanos en territorio colombiano al 31 de agosto de 2021 ya realizaron el proceso del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV).
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Es que aún faltan venezolanos por acogerse al Estatuto y no se puede bajar la guardia. Algunas proyecciones calculan la existencia de un subregistro que puede estar entre el 15 y 25 %, es decir, pueden faltar más de 460.000 migrantes por ser amparados por el Estatuto, en las estimaciones más conservadoras.
El otro buen resultado es la plena identificación de más del 77 % de los migrantes venezolanos, con huellas y fotografía. Un dato muy importante dada la vulnerabilidad de la población en condición de movilidad humana y su exposición a factores de la criminalidad. Se suele relacionar a los migrantes con la inseguridad, pero pocas veces se consideran las dificultades de esta población en el acceso a la seguridad y a la justicia.
La plena identificación no solo es una garantía para la comunidad receptora de que los migrantes que participen en actividades ilegales serán sometidos a la justicia, sino que protege a los migrantes en caso de ser víctimas y facilita su acceso a las rutas de protección. Lamentablemente la victimización de la población migrante está creciendo aceleradamente en los últimos años.
Asimismo, otro importante resultado del primer año desde el anuncio del Estatuto se desprende de la encuesta de caracterización socioeconómica, tenemos información de más del 98 % de los migrantes venezolanos en Colombia al 31 de agosto de 2021. Quienes han respondido 27 preguntas relacionadas a estudios y ocupación, 18 preguntas de salud, 13 preguntas de grupo familiar, 12 a condiciones de vida, cinco a identificación personal -pertenencia étnica e identidad-, cuatro a vulnerabilidad, tres a la precepción de integración, dos preguntas a reconocimiento de refugio y permanencia, y una pregunta referida a los motivos de la migración.
Más que una encuesta es un censo de la población migrante y el instrumento que más información ha recogido de la diáspora venezolana en el mundo. Pero ha faltado socializar la información, sobre todo con las autoridades locales, para quienes esta información es fundamental en la formulación de política pública en los territorios. Si bien procesar estos datos es en sí un reto, sobre todo para una institución pequeña como Migración Colombia, quizá se podría apoyar en el DANE y su amplia experiencia en la materia.
Pero el registro es solo el inicio de un proceso que ha de materializar la integración de los migrantes en la próxima década. Ya se han aprobado poco menos de medio millón de Permisos por Protección Temporal (PPT), el documento de identidad que el Estatuto confiere a los ciudadanos venezolanos que se regularicen en nuestro país. Sin embargo, la mayoría de la sociedad colombiana no sabe qué es el PPT y hasta el propio presidente Duque lo llama “carné”, demeritando su carácter de documento de identidad oficial en el Estado colombiano.
Al finalizar el gobierno Duque se espera tener más de 1,8 millones de venezolanos con su PPT y al próximo presidente de los colombianos le corresponderá la tarea de hacer efectiva la integración no solo posicionando el PPT como documento de identidad, sino estableciendo las rutas para la residencia permanente de la población migrante en nuestro país.
Si comparamos la experiencia colombiana, logramos en los últimos años lo que al Estado venezolano le tomó más de cinco décadas con nuestra diáspora, por ejemplo, en materia de protección infantil y acceso a la educación, y ni hablar de la regularización, la cual para el caso venezolano solo fue masiva cuando Chávez la instrumentalizó con fines políticos en la llamada Misión Identidad. El Estado colombiano ha priorizado a los niños, las niñas y los adolescentes, agilizando su proceso de registro en el Estatuto y se ha cuidado de no instrumentalizar políticamente la población migrante.
El camino recorrido es valioso y el método colombiano de recepción migratoria ya supera experiencias precedentes en la región en solidaridad, en registro y en acceso a derechos, no se puede negar que se han presentado dificultades, pero se puede decir que en materia migratoria lo estamos haciendo bien.
* Coordinador de la Bitácora migratoria del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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