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Unos 80 jóvenes hospitalizados, 24 de ellos muertos en pocas horas por cocaína adulterada. Hace un año la tragedia horrorizó a Argentina, pero la causa judicial prácticamente se extinguió mientras el Estado lidia para evitar que se repita algo similar y los sobrevivientes se sienten desprotegidos.
“No hubo nada de ayuda (oficial). En ese momento solo se acercó la policía y se terminó todo”, dijo compungida un año después a la AFP Mónica Barco, madre de Cristian, de 23 años, uno de los sobrevivientes. Mónica rompe en llanto porque la condición de su hijo se ha agravado consumiendo ‘paco’ (pasta base de cocaína).
El caso de Puerta 8, en alusión al nombre del barrio de bajos recursos de la periferia de Buenos Aires donde se vendió la cocaína adulterada con el opioide sintético carfentanilo, “es el paradigma del fracaso de las políticas públicas sobre consumo y narcotráfico”, dijo a la AFP la fiscal federal de delitos complejos y drogas Mónica Cuñarro.
Entre el 1 y el 2 de febrero de 2022, unas 80 personas en condiciones muy graves fueron atendidas en Buenos Aires y su periferia. Nadie sabía cuánta de esa droga adulterada con el carfentanilo, una sustancia mucho más potente que el fentanilo y la heroína, circulaba todavía por las calles y las autoridades hacían llamados urgentes a los adictos para que desecharan la que tuviesen.
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La policía arrestó a una docena de traficantes, pero ninguno pudo ser imputado. Solo 11 de las 24 muertes fueron enjuiciadas.
Sin culpables
En marzo, un tribunal de San Martín (periferia) desvinculó de las muertes —no del tráfico— a una banda que la policía ya investigaba en Puerta 8, pero desconectada de la adulteración.
En octubre, una cámara de apelaciones hizo lo mismo con los únicos cinco procesados, vendedores callejeros de la cocaína adulterada. “No fue demostrado” que los acusados supieran que la cocaína estaba cortada con carfentanilo, dictaminó el tribunal sobre lo que llamó “novedosa combinación de drogas” para “expandir la oferta”.
Argentina hoy es un “país de tránsito” consolidado de drogas ilegales, explicó Cuñarro. “Lo que sale del país es de buena calidad. Lo que queda va al mercado interno, es de baja calidad y lo consumen los sectores populares”, agregó.
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Tendencia al alza
En Argentina, la cocaína “siempre” fue adulterada —para abaratarla— hasta el 25 % de su pureza, según el toxicólogo Carlos Damín, del Hospital Fernández de Buenos Aires.
En el año transcurrido no se han detectado nuevos cortes con carfentanilo, según las autoridades.
Según la última estadística nacional sobre drogas de 2017, 5,3 % de la población había probado la cocaína. Mientras se procesa una octava encuesta, la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas, Gabriela Torres, anticipó que “en general, la tendencia del consumo viene subiendo”.
El país tiene puntos críticos, como Rosario (300 km de Buenos Aires), de 1,3 millones de habitantes y 31,2 % de pobreza, que en 2022 registró un récord de 288 asesinatos vinculados con el narcotráfico, según el Observatorio de Seguridad Pública local.
El gobierno nacional anunció que relanzará un Sistema de Alerta Temprana creado en 2016 y que desde 2020 llevó los dispositivos públicos de asistencia a adictos de 300 a más de 800.
“No es un problema de voluntad individual, necesitamos que la sociedad se pregunte cómo queremos vivir en relación con los consumos” en general, no sólo de drogas, señaló Torres.
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Problema social
Damín destacó que en Argentina hay un abordaje sanitario de cuadros de intoxicación o crónicos, pero falta la “prevención basada en la promoción de hábitos saludables de forma masiva”.
“El consumo problemático de sustancias atraviesa todas las clases sociales”, indicó Damín, al recordar el caso de una fiesta rave en 2016 en Buenos Aires, en la que cinco jóvenes de clase media y alta murieron por consumo de estupefacientes.
Días atrás, en Santa Fe (500 km al noroeste de Buenos Aires), se reportaron nuevos casos graves de intoxicación por consumo de cocaína adulterada con un antiparasitario veterinario.
“No hemos aprendido nada. O no hemos querido hacerlo. No se implementó ninguna medida con la que podamos evitar” otro caso como el de 2022, dijo a la AFP el titular de la Asociación de Reducción de Daños (ARDA), Gustavo Zbuczinsky.
Hace tres meses, Mónica Barco le consiguió a su hijo tratamiento psiquiátrico en un hospital, donde “hablaba y le daban pastillas”, pero siguió consumiendo paco. “Eso no me sirve”, se lamentó, pero promete “nunca bajar los brazos hasta que mi hijo se recupere”.
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