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La toma de un autobús cargado de droga oculta pudo ser el móvil del ataque armado y la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala hace casi un año, señalaron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El grupo que investiga el caso hace seis meses indicó en un informe presentado en la capital mexicana que la noche del 26 de septiembre de 2014 los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para trasladarse, pero la investigación no da cuenta de uno de ellos.
Según testimonios de los estudiantes que sobrevivieron a los ataques de esa noche en Iguala por parte de policías y documentos contradictorios en torno a dicho vehículo de la empresa Estrella Roja, entre otras evidencias, muestran que este autobús es "central" en la investigación.
La toma de los autobuses en Iguala para desplazarse a la capital mexicana a fin de participar en una manifestación podría haberse cruzado con la "existencia de drogas ilícitas (o dinero)" en una de las unidades, específicamente en la de Estrella Roja, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En una comparecencia de prensa, el experto Carlos Beristain aseguró que "el patrón de actuación" de los perpetradores de los ataques aquella noche muestra una intención de "no dejar salir los buses de Iguala" y "acabar con cualquier posibilidad de huida".
En el informe se indica también que el resto de explicaciones posibles, como la confusión con un grupo del narcotráfico, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con que los jóvenes iban desarmados y con su llegada a Iguala para sabotear un acto público, destacó.
Los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aseguró el experto, no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población, como se señaló en distintas versiones.
Nada de ello, ni el supuesto castigo a los normalistas como represalia por la toma de autobuses, explican "la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses", apunta el GIEI en el documento.
La noche del 26 de septiembre de 2014 seis personas, entre ellos tres estudiantes, murieron en los ataques y 43 más fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron en un basurero de Colula.
El GIEI destacó que el modo de actuar "tan atroz y sofisticado" de esa noche, "sin contar con las directrices", métodos, materiales para "convertir en cenizas" a los estudiantes para que no pudieran ser identificados, "no tiene precedentes" entre los miembros del cártel de Guerreros Unidos.
En cambio, añadió, el nivel de intervención de policías de dos municipios (Iguala y Cocula) en los ataques en diversos escenarios, como muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, revelan la "necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes".