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Un juez federal concluyó que el gobierno estadounidense no puede usar una norma sanitaria para bloquear la entrada de los migrantes irregulares que solicitan asilo. En ese sentido, Emmet Sullivan dictaminó que el Título 42, que ha sido utilizado para expulsar a más de 1 millón de migrantes que han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México, es una medida “arbitraria” que viola las normas federales.
Así las cosas, el juez del distrito encontró que la orden del Título 42 era “arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo”. Además, culpó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que emitieron la orden de salud pública, por “su decisión de ignorar el daño que podría causar” emitir la política. Dijo que los CDC tampoco consideraron enfoques alternativos, como permitir que los migrantes se pongan en cuarentena en hogares de amigos, familiares o refugios en Estados Unidos. La agencia, aseguró, debería haber reexaminado su enfoque cuando las vacunas y las pruebas estuvieron ampliamente disponibles.
“El Título 42 nunca se trató de la salud pública, y este fallo finalmente pone fin a la farsa de usarlo para impedir que los solicitantes de asilo desesperados incluso obtengan una audiencia”, dijo en un comunicado el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, quien defendió el caso. Y es que la autoridad de salud pública ha sido criticada por defensores de los inmigrantes, abogados y expertos en salud, pues ellos han argumentado que aquella no tiene base en la salud y pone a los migrantes en peligro.
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¿Qué es el Título 42?
En marzo 20 de 2020, al comienzo de la pandemia del COVID-19, el entonces presidente Donald Trump anunció a su país y al mundo que a partir de ese momento Estados Unidos podía expulsar a los migrantes y a quienes buscaban asilo en su territorio y devolverlos a sus países de origen. Estas expulsiones fronterizas se iban a llevar a cabo bajo una ley de salud de Estados Unidos, bajo la sección 265 del título 42. Pese al cambio de administración, el nuevo presidente, Joe Biden, ha seguido usando esta medida migratoria.
Esta política migratoria fue realizada, en teoría, bajo la orden del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, quienes alegaron que esta orden era necesaria para proteger al país desde una perspectiva de salud pública. Sin embargo, varios informes públicos reportan que el título 42 provino del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca, que estaba bajo las órdenes de Donald Trump.
Según estos reportes públicos, los científicos de la CDC se opusieron a esta nueva normativa, aduciendo que no existía evidencias en la salud pública para respaldarlo. Hasta el momento, expertos que no pertenecen a esta institución siguen argumentando lo mismo: no existe la necesidad de rechazar a los refugiados y migrantes y regresarlos a sus países de origen. No obstante, el gobierno de Joe Biden sigue insistiendo en que sí lo es, bajo el argumento de salud pública.
Por otro lado, pese a la insistencia del actual presidente de continuar recurriendo a esta normativa migratoria, los tribunales federales la han rechazado. Varios jueces han indicado que la ley de este país no permite las expulsiones. Además, estas leyes solo le permiten al gobierno el poder de rechazar a personas que no han ingresado al país o imponer cuarentena a quienes ya estén dentro del territorio estadounidense.
¿Cómo fue implementada?
Al comienzo de la pandemia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos creó un reglamento de emergencia para ser implementado bajo la ley de la salud, en la sección 265, título 42, la cual le prohíbe el ingreso al país a cualquier persona que el director considere que es “un grave peligro, ya que puede introducir una enfermedad transmisible a los Estados Unidos”. Esta normativa permite que cualquier oficial de aduanas y los agentes de la Patrulla Fronteriza implementen esta y cualquier otra orden emitida por la CDC.
Desde que esta nueva política migratoria fue efectuada ha sido modificada por la nueva administración de Joe Biden y en su mayoría solo exime a los menores sin acompañantes que llegan al país. Así las cosas, el resto de personas que solicitan asilo o que no tienen un estado migratorio regulado son devueltos a sus países de origen.
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