Un Roe vs. Wade a la mexicana: ¿qué pasa con el aborto en México?

Oaxaca en 2019, Hidalgo en junio, Veracruz en julio y ahora Coahuila en septiembre de este año. Los estados de México, país que encabeza el listado de embarazos adolescentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), avanzan de a poco hacia una regulación del aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso gigante el martes al declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal del estado de Coahuila que castigan a quienes buscan una interrupción del embarazo. Hablamos con Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, para entender qué impacto tiene esta decisión.

¿Qué significa la decisión de la Corte?

Hubo una demanda de constitucionalidad presentada en el estado de Coahuila que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. A través de esta, el tribunal declaró inconstitucionales los artículos que castigan a quienes buscan un aborto. Ahora, si bien la decisión proviene de Coahuila, se ha creado un precedente que se aplicará de ahora en adelante a todos los estados de la nación. Es entonces una decisión muy importante. La jurisprudencia va a irradiar en todos los estados.

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Eso significa también que, además de no ser perseguidas por su deseo de abortar, a aquellas mujeres con capacidad de gestar que busquen un servicio de aborto, en cualquier otro estado de México y que les sea negado, podrán exigir su derecho por vía de amparo teniendo en cuenta el precedente de la Corte.

Eso, en pocas palabras, significa que México acaba de declarar inconstitucional la tipificación del aborto como delito y esto será aplicable para todos los estados.

No es que las restricciones queden eliminadas ipso facto, sino que se podrán iniciar procesos contra las otras normas similares a las del Código Penal de Coahuila que son inconstitucionales.

Todas las decisiones de regulación del aborto en México han llegado por vía de los tribunales, en lugar del aparato legislativo. ¿Qué implicaciones tiene eso?

En Latinoamérica, el lugar donde las mujeres han encontrado una protección de sus derechos ha sido los tribunales supremos. Estos han servido para que se despenalice el aborto y se tenga acceso a estos servicios en diferentes Estados de todo el continente. Esto ha sido así porque los congresos no han estado abiertos a avanzar en este tipo de reconocimientos. Esto tiene una virtud muy grande: que las supremas Cortes están disponibles para garantizar los derechos y acabar con cualquier ley o norma que vaya en contra de los derechos fundamentales. Es un papel legítimo que entra en su competencia.

Por supuesto, sería deseable que pudiéramos pasar la regulación a través de vías legislativas. El Congreso juega un rol mucho más democrático en donde están representados más sectores de la sociedad, por lo que se legitima más el proceso. Eso pasó en Argentina. Por otro lado, el Legislativo ayuda a crear un aparato estatal para facilitar el acceso a este servicio. Sin embargo, la decisión de la Corte es histórica.

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Desde Causa Justa, acá en Colombia, acabamos de presentar una demanda ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional el delito, tal como pasó en México. El mensaje que queremos enviar es que se elimine el delito y se declare inconstitucional; no significa que se cree un vacío legal, sino que el lugar donde debe regularse el aborto no es el Código Penal, pues este no está llamado a regular ningún servicio de salud. Entonces, el siguiente paso una vez se declare inconstitucional una norma como estas es ver cómo se regula el acceso a un servicio de salud. Esto ya es un mandato del Ejecutivo, que tiene las facultades para hacerlo.

¿Qué otros obstáculos quedan pendientes?

De aquí en adelante viene todo un proceso para implementar esa decisión. Esto implica muchas veces volver a emprender vías legales para que las mujeres pueden acceder al derecho al aborto en otros estados, por ejemplo, o acciones de amparo para que puedan acceder a servicios de salud.

Por otro lado, están las barreras históricas que las mujeres hemos estado enfrentando para acceder al aborto en toda Latinoamérica. Una de ellas es la objeción de conciencia, pero también hay obstáculos en los lugares más alejados, en las zonas más vulnerables, donde hay poca información y las mujeres no conocen sus derechos, y los profesionales de la salud no dan datos sobre los mismos. Entonces, es muy importante poder tener políticas de información, de educación sexual y reproductiva, para que todas las personas, no solo las más privilegiadas, puedan tener conocimiento de sus derechos.

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Lo que se viene ahora, y lo que México va a tener que empezar a trabajar, es definir cómo va a regular ese acceso al aborto, que en realidad ya está casi regulado con las causales, las etapas gestacionales y demás, pero eso quedaría incluido en unas iniciativas sanitarias, y no en un código penal, en donde definirán estos aspectos. Esta decisión, además, evita que las mujeres sean perseguidas penalmente por abortar, entonces van a caber muchos amparos a favor de las mujeres.

¿La decisión de México tiene alguna incidencia en Colombia?

Que una Corte tan importante a nivel regional, como la Suprema Corte mexicana, nos haya dado este precedente jurisprudencial comparado, es supremamente importante para lo que está pasando en Colombia: en este momento en el país hay una demanda ante la Corte Constitucional, presentada por Causa Justa, un movimiento compuesto por más de 90 organizaciones y más de 150 activistas en el país. Esta demanda busca que el delito de aborto sea declarado inconstitucional en el país; es decir, que se elimine el delito del Código Penal, y que el aborto sea regulado por iniciativa sanitaria. Esa demanda puede ser fallada en noviembre de este año.

Estoy segura de que la Corte Constitucional va a leer con atención esa sentencia en México, y va a revisar lo que hicieron sus pares en otro país, y esperamos ser el siguiente caso de éxito en Latinoamérica.

Oaxaca en 2019, Hidalgo en junio, Veracruz en julio y ahora Coahuila en septiembre de este año. Los estados de México, país que encabeza el listado de embarazos adolescentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), avanzan de a poco hacia una regulación del aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso gigante el martes al declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal del estado de Coahuila que castigan a quienes buscan una interrupción del embarazo. Hablamos con Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, para entender qué impacto tiene esta decisión.

¿Qué significa la decisión de la Corte?

Hubo una demanda de constitucionalidad presentada en el estado de Coahuila que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. A través de esta, el tribunal declaró inconstitucionales los artículos que castigan a quienes buscan un aborto. Ahora, si bien la decisión proviene de Coahuila, se ha creado un precedente que se aplicará de ahora en adelante a todos los estados de la nación. Es entonces una decisión muy importante. La jurisprudencia va a irradiar en todos los estados.

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Eso significa también que, además de no ser perseguidas por su deseo de abortar, a aquellas mujeres con capacidad de gestar que busquen un servicio de aborto, en cualquier otro estado de México y que les sea negado, podrán exigir su derecho por vía de amparo teniendo en cuenta el precedente de la Corte.

Eso, en pocas palabras, significa que México acaba de declarar inconstitucional la tipificación del aborto como delito y esto será aplicable para todos los estados.

No es que las restricciones queden eliminadas ipso facto, sino que se podrán iniciar procesos contra las otras normas similares a las del Código Penal de Coahuila que son inconstitucionales.

Todas las decisiones de regulación del aborto en México han llegado por vía de los tribunales, en lugar del aparato legislativo. ¿Qué implicaciones tiene eso?

En Latinoamérica, el lugar donde las mujeres han encontrado una protección de sus derechos ha sido los tribunales supremos. Estos han servido para que se despenalice el aborto y se tenga acceso a estos servicios en diferentes Estados de todo el continente. Esto ha sido así porque los congresos no han estado abiertos a avanzar en este tipo de reconocimientos. Esto tiene una virtud muy grande: que las supremas Cortes están disponibles para garantizar los derechos y acabar con cualquier ley o norma que vaya en contra de los derechos fundamentales. Es un papel legítimo que entra en su competencia.

Por supuesto, sería deseable que pudiéramos pasar la regulación a través de vías legislativas. El Congreso juega un rol mucho más democrático en donde están representados más sectores de la sociedad, por lo que se legitima más el proceso. Eso pasó en Argentina. Por otro lado, el Legislativo ayuda a crear un aparato estatal para facilitar el acceso a este servicio. Sin embargo, la decisión de la Corte es histórica.

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Desde Causa Justa, acá en Colombia, acabamos de presentar una demanda ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional el delito, tal como pasó en México. El mensaje que queremos enviar es que se elimine el delito y se declare inconstitucional; no significa que se cree un vacío legal, sino que el lugar donde debe regularse el aborto no es el Código Penal, pues este no está llamado a regular ningún servicio de salud. Entonces, el siguiente paso una vez se declare inconstitucional una norma como estas es ver cómo se regula el acceso a un servicio de salud. Esto ya es un mandato del Ejecutivo, que tiene las facultades para hacerlo.

¿Qué otros obstáculos quedan pendientes?

De aquí en adelante viene todo un proceso para implementar esa decisión. Esto implica muchas veces volver a emprender vías legales para que las mujeres pueden acceder al derecho al aborto en otros estados, por ejemplo, o acciones de amparo para que puedan acceder a servicios de salud.

Por otro lado, están las barreras históricas que las mujeres hemos estado enfrentando para acceder al aborto en toda Latinoamérica. Una de ellas es la objeción de conciencia, pero también hay obstáculos en los lugares más alejados, en las zonas más vulnerables, donde hay poca información y las mujeres no conocen sus derechos, y los profesionales de la salud no dan datos sobre los mismos. Entonces, es muy importante poder tener políticas de información, de educación sexual y reproductiva, para que todas las personas, no solo las más privilegiadas, puedan tener conocimiento de sus derechos.

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Lo que se viene ahora, y lo que México va a tener que empezar a trabajar, es definir cómo va a regular ese acceso al aborto, que en realidad ya está casi regulado con las causales, las etapas gestacionales y demás, pero eso quedaría incluido en unas iniciativas sanitarias, y no en un código penal, en donde definirán estos aspectos. Esta decisión, además, evita que las mujeres sean perseguidas penalmente por abortar, entonces van a caber muchos amparos a favor de las mujeres.

¿La decisión de México tiene alguna incidencia en Colombia?

Que una Corte tan importante a nivel regional, como la Suprema Corte mexicana, nos haya dado este precedente jurisprudencial comparado, es supremamente importante para lo que está pasando en Colombia: en este momento en el país hay una demanda ante la Corte Constitucional, presentada por Causa Justa, un movimiento compuesto por más de 90 organizaciones y más de 150 activistas en el país. Esta demanda busca que el delito de aborto sea declarado inconstitucional en el país; es decir, que se elimine el delito del Código Penal, y que el aborto sea regulado por iniciativa sanitaria. Esa demanda puede ser fallada en noviembre de este año.

Estoy segura de que la Corte Constitucional va a leer con atención esa sentencia en México, y va a revisar lo que hicieron sus pares en otro país, y esperamos ser el siguiente caso de éxito en Latinoamérica.