Urge una mirada de la migración con enfoque de género entre Colombia y Venezuela

Con la llegada a la Casa de Nariño de Gustavo Petro, en diferentes ámbitos se han visto esfuerzos por normalizar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, que llegaron a un punto crítico durante la administración de Iván Duque. Ejemplo de esto es la anunciada reapertura de oficinas consulares en Caracas, Maracaibo, San Antonio de Táchira y San Cristóbal, así como los planes de abrir otros cinco. Recientemente, en materia migratoria, también se anunció una estrategia para agilizar la normalización de los migrantes del vecino país mediante la entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT).

“El objetivo es resolver la entrega de los documentos PPT que no se ha podido efectuar por deficiencias del proceso que vienen desde su inicio en 2021″, aseguró el director general de Migración Colombia, Fernando García.

De contexto: Este es el plan de Colombia para agilizar la entrega de documentos a venezolanos

En esta última semana Migración afirmó que existen 118.032 PPT disponibles en las 12 oficinas regionales del país que no han sido recogidos por sus titulares. Dicho documento, vale la pena recordar, permite a los migrantes que residen en el país ingresar, permanecer y salir de Colombia y acceder a la oferta de servicios públicos y privados.

No obstante, pese los esfuerzos por hacer más favorable el panorama para los migrantes de ambos países, los desafíos pendientes son enormes. Según Ana María Cerón, responsable de asuntos humanitarios en la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Colombia y Panamá, tan solo en enero de 2023 la cifra de venezolanos que cruzaron el Darién, buscando llegar a Panamá, una de las rutas más comunes y peligrosas para los migrantes, aumentó casi en un 400 % con respecto al mismo período en 2022.

En cuanto a quienes permanecen en Colombia, según la ONG Dejusticia, de los casi 2,5 millones de migrantes en el país hasta septiembre del año anterior, el 51 % son mujeres, la mayoría entre 5 y 40 años. Es por eso que se vuelve necesario preguntar por el enfoque de género que tengan las nuevas políticas migratorias y diplomáticas en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela.

Tanto Cerón como Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de Género de Dejusticia, señalan que muchas de las mujeres migrantes son víctimas de diferentes violencias desde que están en su sitio de origen, antes de que decidan emprender camino. “Una razón que causa la migración es la violencia que enfrentan en cuanto a atención en servicios, por ejemplo, de salud. Entonces, no hay acceso a anticonceptivos, hablando en términos de violencia institucional y vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, la falta de atención durante el embarazo a las mujeres gestantes, violencia ginecobstétrica, lo que hace que muchas mujeres vengan aquí a Colombia, sobre todo en las zonas de frontera, a solicitar servicios médicos para la atención del parto”, afirma Ramírez.

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Muchas de ellas emprenden la ruta como caminantes, grupos de personas que recorren las carreteras de todo el país buscando mejor suerte por las ciudades del territorio colombiano. Allí, andando largas distancias, también ponen en riesgo su embarazo con la actividad física prolongada, al tiempo que durante sus rutas no encuentran lo que les faltaba en el camino: acompañamiento médico.

“Muchas migrantes nunca han tenido un control prenatal hasta los cuatro o cinco meses de gestación, a veces tienen los hijos o llegan a una ciudad y no saben que es un derecho de ellas poder parir, es decir, que pueden parir así no estén regularizadas en Colombia”, explica Lina Hernández, miembro del equipo de Medical Teams en Colombia, organización que prioriza la atención a mujeres embarazadas y lactantes, menores de cinco años y mujeres en edad reproductiva.

Este panorama se agrava cuando los caminos por los que transitan no son carreteras, como en el Darién, donde las personas deben pasar jornadas muy largas en un terreno complejo, cruzando ríos y subiendo montañas, entre barrizales. En palabras de Cerón, “es una ruta difícil para cualquiera”.

Según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), que encuestó a mujeres en tránsito y les preguntó a qué tipo de violencias se enfrentaban en el camino, el 35 % de las consultadas respondieron haber sido víctimas de violencia física, mientras que un 10 %, de violencia sexual. “Se enfrentan a todos estos riesgos al tener que cruzar por pasos no formalizados. Luego, cuando llegan a las comunidades de acogida, también son víctimas de violencias como explotación sexual, acoso y estigmatización, a lo que se suma una creciente hipersexualización de sus cuerpos”, asevera Ramírez.

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“Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada en la carga de trabajo de cuidados. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que viajan con varios niños y niñas a su cargo, lo que las carga de un desgaste emocional asociado al estar viajando con esos menores, quienes tienen necesidades que ellas no pueden cubrir. El saber que tienen hambre y no tienen comida para darles, el ver que se enferman, que sufren o que tienen miedo y ellas no pueden apoyarles en esa necesidad, porque ellas también lo están viviendo. Entonces, hay como un desgaste doble”, continúa Cerón.

Según un estudio de la Universidad del Norte, el 63 % de las familias migrantes de Venezuela que deciden establecerse en Colombia están lideradas por madres cabeza de hogar. El 67 % de esos hogares, además, de acuerdo con el mismo estudio, se quedan en ciudades capitales.

Muchas de estas familias ven fragmentado su estatus migratorio: padres que cruzaron de forma irregular y no pueden acceder a servicios como los que otorga el PPT, pero cuyos hijos sí logran regularizar su situación por acceder al sistema educativo; núcleos familiares que no cruzan juntos sino a destiempo, entrando unos de forma irregular y otros por los pasos migratorios autorizados... Todos son escenarios posibles y documentados.

“Eso hace que sea necesario que haya unas rutas de regularización permanentes y que además tengan en cuenta el principio de la unidad familiar, porque esto genera una desprotección en los núcleos familiares, no tenemos todos el mismo acceso al trabajo, a la salud, a la educación, eso puede generar muchos riesgos”, comenta Lucía Ramírez, quien remarca la necesidad de contar con mecanismos que brinden protección especial a víctimas de violencia sexual y trata de personas.

“Este es un tipo de violencia que afecta principalmente a las mujeres, eso requiere tener una respuesta con enfoque de género. Sería un tema importante para revisar, porque como está planteado, el estatuto temporal es un proceso de regularización que no necesariamente reconoce situaciones de violencia”, cuenta.

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Ramírez también hace explícita la importancia de promover y garantizar la participación de las mujeres en espacios de decisión de la política migratoria, esto a pesar de que la ley de política migratoria que fue expedida en 2021 cuenta con varios como comités y espacios de discusión con este enfoque.

“Es clave garantizar que haya una representación paritaria para que las necesidades de las mujeres estén presentes, las dificultades para garantizar una estabilidad socioeconómica, que se fortalezca y amplíe la cobertura de programas de política social como Familias en Acción o lo que era antes el programa de Ingreso Solidario. Que se extienda a las personas migrantes, lo que a su vez permitiría que las mujeres migrantes puedan superar ciertas barreras, desigualdades y brechas salariales a las que se enfrentan”, asegura.

En cuanto a estas brechas, el estudio de Dejusticia “Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?” afirma que “por cada peso que recibe una mujer colombiana por su ingreso laboral mensual ($987.407,8), una venezolana recibe el 59,2 % de ese ingreso ($584.814,8). Sin embargo, son las mujeres venezolanas las que más horas trabajan a la semana (45,16), y su remuneración por hora trabajada es de apenas $14.109. Esto hace que la brecha salarial se acentúe, puesto que las migrantes reciben 43,74 % menos por hora trabajada que sus pares colombianas”.

Por todas estas razones es pertinente que ahora que se buscan nuevas políticas que beneficien el intercambio y la convivencia de las poblaciones colombianas y venezolanas se tenga presente la agenda de género en las mesas de discusión. “Está muy bien lo del restablecimiento de las relaciones, y eso puede generar unos efectos hacia allá, pero no podemos dejar de lado que la migración continúa y que la situación de las migrantes es bastante precaria. Por eso es clave que haya una política pública migratoria con enfoque de género. La ley de política migratoria al final tiene un par de artículos que mencionan el tema, pero hay que ir mucho más allá”, concluye Ramírez.

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Con la llegada a la Casa de Nariño de Gustavo Petro, en diferentes ámbitos se han visto esfuerzos por normalizar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, que llegaron a un punto crítico durante la administración de Iván Duque. Ejemplo de esto es la anunciada reapertura de oficinas consulares en Caracas, Maracaibo, San Antonio de Táchira y San Cristóbal, así como los planes de abrir otros cinco. Recientemente, en materia migratoria, también se anunció una estrategia para agilizar la normalización de los migrantes del vecino país mediante la entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT).

“El objetivo es resolver la entrega de los documentos PPT que no se ha podido efectuar por deficiencias del proceso que vienen desde su inicio en 2021″, aseguró el director general de Migración Colombia, Fernando García.

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En esta última semana Migración afirmó que existen 118.032 PPT disponibles en las 12 oficinas regionales del país que no han sido recogidos por sus titulares. Dicho documento, vale la pena recordar, permite a los migrantes que residen en el país ingresar, permanecer y salir de Colombia y acceder a la oferta de servicios públicos y privados.

No obstante, pese los esfuerzos por hacer más favorable el panorama para los migrantes de ambos países, los desafíos pendientes son enormes. Según Ana María Cerón, responsable de asuntos humanitarios en la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Colombia y Panamá, tan solo en enero de 2023 la cifra de venezolanos que cruzaron el Darién, buscando llegar a Panamá, una de las rutas más comunes y peligrosas para los migrantes, aumentó casi en un 400 % con respecto al mismo período en 2022.

En cuanto a quienes permanecen en Colombia, según la ONG Dejusticia, de los casi 2,5 millones de migrantes en el país hasta septiembre del año anterior, el 51 % son mujeres, la mayoría entre 5 y 40 años. Es por eso que se vuelve necesario preguntar por el enfoque de género que tengan las nuevas políticas migratorias y diplomáticas en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela.

Tanto Cerón como Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de Género de Dejusticia, señalan que muchas de las mujeres migrantes son víctimas de diferentes violencias desde que están en su sitio de origen, antes de que decidan emprender camino. “Una razón que causa la migración es la violencia que enfrentan en cuanto a atención en servicios, por ejemplo, de salud. Entonces, no hay acceso a anticonceptivos, hablando en términos de violencia institucional y vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, la falta de atención durante el embarazo a las mujeres gestantes, violencia ginecobstétrica, lo que hace que muchas mujeres vengan aquí a Colombia, sobre todo en las zonas de frontera, a solicitar servicios médicos para la atención del parto”, afirma Ramírez.

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Muchas de ellas emprenden la ruta como caminantes, grupos de personas que recorren las carreteras de todo el país buscando mejor suerte por las ciudades del territorio colombiano. Allí, andando largas distancias, también ponen en riesgo su embarazo con la actividad física prolongada, al tiempo que durante sus rutas no encuentran lo que les faltaba en el camino: acompañamiento médico.

“Muchas migrantes nunca han tenido un control prenatal hasta los cuatro o cinco meses de gestación, a veces tienen los hijos o llegan a una ciudad y no saben que es un derecho de ellas poder parir, es decir, que pueden parir así no estén regularizadas en Colombia”, explica Lina Hernández, miembro del equipo de Medical Teams en Colombia, organización que prioriza la atención a mujeres embarazadas y lactantes, menores de cinco años y mujeres en edad reproductiva.

Este panorama se agrava cuando los caminos por los que transitan no son carreteras, como en el Darién, donde las personas deben pasar jornadas muy largas en un terreno complejo, cruzando ríos y subiendo montañas, entre barrizales. En palabras de Cerón, “es una ruta difícil para cualquiera”.

Según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), que encuestó a mujeres en tránsito y les preguntó a qué tipo de violencias se enfrentaban en el camino, el 35 % de las consultadas respondieron haber sido víctimas de violencia física, mientras que un 10 %, de violencia sexual. “Se enfrentan a todos estos riesgos al tener que cruzar por pasos no formalizados. Luego, cuando llegan a las comunidades de acogida, también son víctimas de violencias como explotación sexual, acoso y estigmatización, a lo que se suma una creciente hipersexualización de sus cuerpos”, asevera Ramírez.

Más sobre migración: (Análisis) El próximo gran paso con los migrantes es lograr su integración laboral

“Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada en la carga de trabajo de cuidados. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que viajan con varios niños y niñas a su cargo, lo que las carga de un desgaste emocional asociado al estar viajando con esos menores, quienes tienen necesidades que ellas no pueden cubrir. El saber que tienen hambre y no tienen comida para darles, el ver que se enferman, que sufren o que tienen miedo y ellas no pueden apoyarles en esa necesidad, porque ellas también lo están viviendo. Entonces, hay como un desgaste doble”, continúa Cerón.

Según un estudio de la Universidad del Norte, el 63 % de las familias migrantes de Venezuela que deciden establecerse en Colombia están lideradas por madres cabeza de hogar. El 67 % de esos hogares, además, de acuerdo con el mismo estudio, se quedan en ciudades capitales.

Muchas de estas familias ven fragmentado su estatus migratorio: padres que cruzaron de forma irregular y no pueden acceder a servicios como los que otorga el PPT, pero cuyos hijos sí logran regularizar su situación por acceder al sistema educativo; núcleos familiares que no cruzan juntos sino a destiempo, entrando unos de forma irregular y otros por los pasos migratorios autorizados... Todos son escenarios posibles y documentados.

“Eso hace que sea necesario que haya unas rutas de regularización permanentes y que además tengan en cuenta el principio de la unidad familiar, porque esto genera una desprotección en los núcleos familiares, no tenemos todos el mismo acceso al trabajo, a la salud, a la educación, eso puede generar muchos riesgos”, comenta Lucía Ramírez, quien remarca la necesidad de contar con mecanismos que brinden protección especial a víctimas de violencia sexual y trata de personas.

“Este es un tipo de violencia que afecta principalmente a las mujeres, eso requiere tener una respuesta con enfoque de género. Sería un tema importante para revisar, porque como está planteado, el estatuto temporal es un proceso de regularización que no necesariamente reconoce situaciones de violencia”, cuenta.

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Ramírez también hace explícita la importancia de promover y garantizar la participación de las mujeres en espacios de decisión de la política migratoria, esto a pesar de que la ley de política migratoria que fue expedida en 2021 cuenta con varios como comités y espacios de discusión con este enfoque.

“Es clave garantizar que haya una representación paritaria para que las necesidades de las mujeres estén presentes, las dificultades para garantizar una estabilidad socioeconómica, que se fortalezca y amplíe la cobertura de programas de política social como Familias en Acción o lo que era antes el programa de Ingreso Solidario. Que se extienda a las personas migrantes, lo que a su vez permitiría que las mujeres migrantes puedan superar ciertas barreras, desigualdades y brechas salariales a las que se enfrentan”, asegura.

En cuanto a estas brechas, el estudio de Dejusticia “Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?” afirma que “por cada peso que recibe una mujer colombiana por su ingreso laboral mensual ($987.407,8), una venezolana recibe el 59,2 % de ese ingreso ($584.814,8). Sin embargo, son las mujeres venezolanas las que más horas trabajan a la semana (45,16), y su remuneración por hora trabajada es de apenas $14.109. Esto hace que la brecha salarial se acentúe, puesto que las migrantes reciben 43,74 % menos por hora trabajada que sus pares colombianas”.

Por todas estas razones es pertinente que ahora que se buscan nuevas políticas que beneficien el intercambio y la convivencia de las poblaciones colombianas y venezolanas se tenga presente la agenda de género en las mesas de discusión. “Está muy bien lo del restablecimiento de las relaciones, y eso puede generar unos efectos hacia allá, pero no podemos dejar de lado que la migración continúa y que la situación de las migrantes es bastante precaria. Por eso es clave que haya una política pública migratoria con enfoque de género. La ley de política migratoria al final tiene un par de artículos que mencionan el tema, pero hay que ir mucho más allá”, concluye Ramírez.

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