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Cinco décadas después del dominio de los fusiles, el autoritarismo y los desaparecidos por la dictadura, Uruguay recordó uno de los eventos que amenazaron la estabilidad del país en el siglo pasado. En un evento realizado en el Congreso, varios legisladores y expresidentes se reunieron en Montevideo para comprometerse a que el golpe de Estado, la junta cívica-militar y la autocracia queden de ahora en adelante como un capítulo ya omitido en la historia uruguaya.
Este lunes se ratificó el “compromiso democrático” de Uruguay al recordar los 12 años que la junta militar uruguaya, que dejó asesinatos selectivos y desapariciones forzadas a su paso, manejó los hilos del poder durante la década de los años 70.
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El presidente Luis Lacalle Pou y los expresidentes Julio Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica participaron en el acto realizado en la sede del Poder Legislativo, que estuvo acompañado por una vigilia en las afueras organizada por la sociedad civil. El encuentro, que pretendía recordar los errores para no repetirlos nunca más, fue una mezcla entre el pasado uruguayo y el presente, pues Mujica y Sanguinetti representan dos de las víctimas que sufrieron persecuciones de parte de los militares mientras el país vivió en dictadura.
“Hace 50 años, la dictadura quiso callar a los representantes del pueblo. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso democrático desde este Parlamento elegido democráticamente por la ciudadanía”, dijo la vicepresidenta, Beatriz Argimón, al abrir la ceremonia.
La última sesión en el Senado antes de la disolución de las Cámaras, la madrugada del 27 de junio de 1973, fue recreada con imágenes de esa noche proyectadas en la cúpula del recinto, mientras se escuchaban discursos emblemáticos de legisladores de entonces.
La presentación fue aplaudida de pie por los presentes, varios visiblemente emocionados, antes de que entonaran el himno nacional en el Salón de los Pasos Perdidos en el que los militares irrumpieron hace cinco décadas.
En la neblina invernal, la fachada del Palacio Legislativo se iluminó luego con los colores de la bandera uruguaya y las palabras “Por siempre democracia”, la frase elegida para marcar la fecha.
Alrededor del icónico edificio de mármol, cientos de velas fueron encendidas en el marco de la “jornada de reflexión” convocada por el colectivo Jacarandá, integrado por activistas sociales y sindicatos.
“Guerra interna”
La última dictadura en Uruguay comenzó el 27 de junio de 1973 cuando el entonces presidente, Juan María Bordaberry, decretó el cierre del Parlamento con apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero el quiebre institucional venía gestándose desde febrero, cuando militares se sublevaron contra el nombramiento de un ministro. El clima de “guerra interna” no era nuevo.
Historiadores señalan como antecedentes la crisis económica de mediados de los años 50 y el posterior deterioro social y económico. Fue en la década de 1960 que surgió la guerrilla urbana Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), entre otros grupos de izquierda inspirados por la Revolución cubana.
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Con las acciones de lucha armada, aumentó el peso de los militares en la política, en un contexto de Guerra Fría al que Uruguay, como el resto del Cono Sur no estuvo ajeno, coinciden analistas.
La apertura democrática tras las dictaduras de los años 70 en la región también se produjo en Uruguay. Luego de una salida pactada, el 1° de marzo de 1985 el país cerró un oscuro período de su historia, que supuso decenas de miles de opositores presos, proscriptos y exiliados.
Oficialmente se contabilizan 197 personas desaparecidas por acciones atribuidas al Estado uruguayo entre 1968 y 1985, la gran mayoría detenidos en Argentina en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre los regímenes de facto vecinos.
Junio intenso
En Uruguay se identificaron cinco detenidos desaparecidos enterrados en predios militares. Los restos de una mujer, hallados el 6 de junio en una unidad del Ejército, están aún bajo análisis.
También este mes, el 2 de junio, dos militares retirados uruguayos fueron condenados a 12 años y seis meses de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura contra militantes comunistas.
Y el 15 de junio, la Justicia argentina libró un exhorto internacional para que se preserve un avión hallado en territorio uruguayo señalado de haber trasladado a detenidos bajo el Plan Cóndor.
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En cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado uruguayo realizó dos reconocimientos públicos de su actuación ilegítima durante el pasado régimen de facto.
El acto de reparación más reciente fue el 15 de junio, cuando admitió la ejecución extrajudicial de las tres “Muchachas de abril”, así como dos desapariciones forzadas relacionadas. En 2012 había asumido su responsabilidad por la desaparición en 1976 de la argentina María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
Bordaberry, quien en 1976 fue reemplazado por mandatarios militares, murió en 2011. Estaba en arresto domiciliario desde 2007, procesado por violaciones de los derechos humanos.
Gregorio “Goyo” Álvarez, el último militar que gobernó Uruguay (1981-85) murió en 2016, mientras cumplía una condena de 25 años de cárcel por el homicidio de 37 personas en el marco del Plan Cóndor. Fue uno de los que ingresó al Salón de los Pasos Perdidos hace 50 años
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