El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, pidió a las autoridades de Nicaragua que respeten la “libertad de culto” tras la represión del gobierno contra miembros de la Iglesia católica en el país.
La Santa Sede está “particularmente preocupada” con “las medidas adoptadas contra el personal y las instituciones de la iglesia, que afectan directamente a la sensible cuestión de la libertad religiosa”, dijo el cardenal en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El cardenal instó al gobierno de Ortega, a que “garantice adecuadamente esta libertad junto con otros derechos fundamentales”, antes de manifestar la disposición del Vaticano a entablar un “diálogo respetuoso y constructivo” con las autoridades del país.
El gobierno de Daniel Ortega expulsó el pasado 7 de agosto a siete sacerdotes nicaragüenses del país.
Ortega y su esposa Rosario Murillo acusan a la Iglesia católica de apoyar las protestas de 2018 contra el gobierno que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que Managua considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Los siete sacerdotes formaban parte de un grupo de 13 religiosos que habían sido detenidos por la policía nicaragüense días antes en la ciudad de Matagalpa, en el norte del país, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, se habrían producido al menos 73 detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, según el periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos Emiliano Chamorro.
El gobierno de Ortega excarceló en enero a dos obispos católicos, entre ellos Rolando Álvarez, y a otros religiosos y los envió a Roma.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Suben a 45 los “presos políticos”
Al menos 45 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua se encuentran en las cárceles del país centroamericano “por razones políticas”, incluidos nueve adultos mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De los 45 reconocidos como presos políticos hasta el 25 de septiembre, 8 son mujeres y 37 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Los perfiles de estas personas reflejan la amplia represión ejercida por el régimen, que incluye a guardabosques, líderes indígenas, opositores políticos, laicos religiosos y trabajadores del Estado”, indicó el Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, además de abogados defensores.
“Esta diversidad evidencia el control social generalizado que se impone en todo el país”, agregó.
Entre los detenidos se encuentran nueve adultos mayores, quienes enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad debido a sus condiciones de salud, según el informe.
“La mayoría (de los adultos mayores) padecen enfermedades crónicas y no reciben atención médica adecuada, lo que agrava aún más su situación en las cárceles del régimen”, advirtió.
Asimismo, ese organismo anotó que “la práctica de desapariciones forzadas continúa agravándose, con casos en los que familiares no han podido ver a sus seres queridos durante meses”.
“Casos alarmantes como el de Brooklyn Rivera (exdiputado y líder indígena miskito), Carmen María Sáenz Martínez, Lesbia Gutiérrez Poveda y otras seis personas, de quienes no se ha podido verificar ni su paradero ni su estado de salud, lo que genera gran preocupación sobre su integridad física”, puntualizó.
Por otro lado, según el Mecanismo, “la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ensaña con los familiares de las personas desterradas que están en Nicaragua”, a través de control social, hostigamiento y amenazas de confiscación de sus propiedades.
El 5 de septiembre pasado las autoridades nicaragüenses excarcelaron a 135 personas presas políticas, quienes fueron desterradas a Guatemala, tras una negociación con Estados Unidos.
Luego de esa excarcelación masiva, la segunda en los últimos dos años, ese organismo contabilizó 36 personas en las cárceles.
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