Venezuela apeló la decisión de la CPI de investigar crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, inició una investigación formal en noviembre de 2021 por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las autoridades insisten en que los atropellos a los derechos humanos fueron castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial.
El gobierno de Venezuela apeló la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar que el fallo está sustentado en “falencias”, informó la Cancillería el martes. La decisión de Caracas fue notificada el lunes a la Sala de Apelaciones de la CPI, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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“En las próximas semanas y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación, denunciando cada una de las falencias de la citada decisión (...), que resulta claramente contraria a la verdad y la justicia”, añadió el texto. La Sala de Cuestiones Preliminares del máximo tribunal decidió el martes pasado autorizar la reanudación de la investigación por las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La CPI, con sede en La Haya, inició una investigación formal en noviembre de 2021 por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las autoridades venezolanas insisten en que los atropellos a los derechos humanos fueron castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial, aunque opositores y expertos sostienen que las condenas a agentes del orden solo se emitieron para evitar el juicio.
La corte internacional considera que Venezuela “no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”. “Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior”, agregó la CPI en su decisión. El gobierno de Maduro lamentó esa decisión y sostuvo que forma parte de una “ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad” de la CPI con “fines políticos”. Las autoridades venezolanas ratificaron que continuarán haciendo uso de “todas las acciones disponibles” para “defender la verdad”.
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El gobierno de Venezuela apeló la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar que el fallo está sustentado en “falencias”, informó la Cancillería el martes. La decisión de Caracas fue notificada el lunes a la Sala de Apelaciones de la CPI, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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“En las próximas semanas y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación, denunciando cada una de las falencias de la citada decisión (...), que resulta claramente contraria a la verdad y la justicia”, añadió el texto. La Sala de Cuestiones Preliminares del máximo tribunal decidió el martes pasado autorizar la reanudación de la investigación por las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La CPI, con sede en La Haya, inició una investigación formal en noviembre de 2021 por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las autoridades venezolanas insisten en que los atropellos a los derechos humanos fueron castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial, aunque opositores y expertos sostienen que las condenas a agentes del orden solo se emitieron para evitar el juicio.
La corte internacional considera que Venezuela “no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”. “Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior”, agregó la CPI en su decisión. El gobierno de Maduro lamentó esa decisión y sostuvo que forma parte de una “ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad” de la CPI con “fines políticos”. Las autoridades venezolanas ratificaron que continuarán haciendo uso de “todas las acciones disponibles” para “defender la verdad”.
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