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La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo gobernante, inició este lunes un proceso de consulta entre dirigentes políticos y la sociedad civil para elaborar una propuesta de cronograma para las elecciones presidenciales, que será entregada a la autoridad competente para convocarlas. En la reunión no participará la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque antichavista, que ha denunciado la intención del Ejecutivo de “distorsionar” las garantías acordadas para estas votaciones.
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El gobierno y la oposición suscribieron en octubre pasado un acuerdo para que las elecciones se celebraran en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europea.
Las elecciones en Venezuela son convocadas por la autoridad electoral, acusada por la oposición de servir al chavismo, pero “resulta sumamente sano y fortalece el proceso democrático de Venezuela que los partidos políticos, que las precandidatas y precandidatos puedan fijar posición, puedan emitir opinión”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
“Y en última instancia podamos, entre todas y entre todos, construir un cronograma, un calendario electoral que le sirva de sugerencia a el Consejo Nacional Electoral”, añadió.
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La Cámara concretará sus encuentros -que incluyen una reunión con el sector empresarial, religioso y de los trabajadores- para presentar esta misma semana una propuesta de cronograma ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que luego se tomará el tiempo que considere necesario para anunciar la fecha de los comicios. El chavismo ha adelantado que celebrará estas reuniones durante el lunes, martes y miércoles para que “sea el pueblo el que fije la fecha de las presidenciales”.
Este proceso de consulta -que no tiene un lapso específico de tiempo- se convocó después de que Estados Unidos decidiera restablecer sanciones al petróleo y gas de Venezuela, suspendidas tras el acuerdo sobre las elecciones firmado en Barbados con mediación de Noruega. Rodríguez encabezó la delegación del gobierno.
La Casa Blanca tomó esta decisión en respuesta al fallo de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, también de línea oficialista, de mantener una inhabilitación política por 15 años contra María Corina Machado, que arrasó en las internas de la oposición para ser su candidata en los comicios de este año. Machado descartó participar de esta consulta, que tildó de “maniobra” hacia “una ruta electoral fraudulenta”.
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Expertos coinciden en que el chavismo quiere celebrar elecciones lo antes posible, aprovechando la situación de inelegibilidad de Machado. El presidente Nicolás Maduro aparece por su parte como candidato natural a la reelección.
Fuerzas disidentes de la oposición, tachadas de colaboracionistas, hablan de elecciones entre mayo y septiembre. La toma de posesión es en enero de 2025.
Entretanto, se espera que las partes instalen, con ayuda de Noruega como país facilitador, una comisión de verificación de lo pactado, si bien el Gobierno insiste en que la inhabilitación de Machado, que acapara la intención de voto en la mayoría de las encuestas, es una sentencia “definitivamente firme” que no será revertida.
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