Venezuela, eje del tráfico de drogas

 

Las relaciones de altos funcionarios del gobierno venezolano no suponen un descubrimiento. De hecho, los jueces federales de ambas ciudades habían anunciado la apertura de esta investigación un año atrás, cuando decidieron inquirir sobre las actividades de Hugo Carvajal, exagente de inteligencia venezolano. Carvajal fue capturado y luego quedó en libertad; sin embargo, las especulaciones sobre las relaciones entre militares y miembros del narcotráfico colombiano y mexicano siguen en la mira de las autoridades estadounidenses. El gobierno venezolano ha dicho ya que no duda de la integridad de sus militares y que si existen algunas relaciones con bandas de narcotráfico éstas son “manzanas podridas, actuaciones individuales”, en palabras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas entregan cifras sobre capturas de narcotraficantes, decomiso de drogas y desarme de puntos de transporte en las zonas fronterizas con Colombia. Sin embargo, de acuerdo con el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Venezuela se ha convertido en un corredor esencial para el tráfico de drogas hacia las islas más cercanas y de allí a los grandes puntos de distribución.

 

El conflicto, aunque parece tener un pico en la actualidad —según organizaciones como Insight Crime—, se remonta a la presidencia de Hugo Chávez. En 2002, luego de la caída de los diálogos de paz en la presidencia de Andrés Pastrana, las Farc se desplazaron hacia la frontera con Venezuela, un lugar menos vigilado por las autoridades de ambos países dada su extensión —más de 2.000 kilómetros—. Insight Crime asegura que el gobierno de Chávez produjo un crecimiento gradual de la influencia de las Farc en la zona y que esto impulsó los vínculos entre militares y guerrilleros, que llegaron incluso a intercambiar drogas por armas. “Un informe de 2011 de la oficina antidrogas del país —dice Insight Crime— señaló que los aviones con cargamentos de droga viajan a través de un extensa red de rutas aéreas entre los estados fronterizos venezolanos de Apure y Zulia a destinos como República Dominicana y Haití. Si bien las autoridades hicieron alarde de la cantidad récord de narcóticos ilícitos decomisados el año pasado, los números sólo sirvieron para resaltar la cantidad total de cocaína que se cree, viaja a través del país”.

 

En un informe de 2014, la cadena CNN recordó que más de cien policías y militares venezolanos han sido investigados por tráfico de drogas en los últimos cinco años. Algunos de ellos todavía son procesados por casos como las “narcomaletas” de Air France: 1,3 toneladas de cocaína fueron transportadas en maletas a través de esa aerolínea y fueron incautadas en París. La participación de militares no se puso en duda, ya que el vuelo provenía del aeropuerto Simón Bolívar en Caracas, el principal del país, y ese cargamento pudo recorrer todo el país por tierra desde la frontera colombo-venezolana. Por eso, los puntos centrales del tráfico son los departamentos de Zulia, Táchira, Amazonas y Apure. “Las últimas cifras internacionales indican que por Venezuela pasan cinco toneladas semanales de estupefacientes —indicó ayer el diario ABC de España—. El 90 por ciento de la droga producida por Colombia pasa por territorio venezolano”. Nicolás Maduro ha dicho que el narcotráfico en Venezuela ha crecido gracias a las estrategias de la “derecha fascista” en Colombia y al aumento de las bandas criminales, o bacrim, con influencia en Venezuela. Insight Crime, por su parte, recuerda que las Farc son uno de los mayores productores del narcótico en el país y que sobre ellos la Presidencia de Venezuela no ha puesto ninguna responsabilidad.

 

Los vínculos entre militares y narcotraficantes parecen certeros por la facilidad con que la droga es transportada a través de Venezuela hacia los puertos. No existe, sin embargo, ninguna certeza sobre el cartel de los Soles ni se tiene ninguna prueba sobre su organización. “Hay células en las principales ramas de las Fuerzas Armadas —el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, desde el más bajo hasta el más alto nivel— que esencialmente funcionan como organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, describirlas como un cartel en el estricto sentido de la palabra sería exagerado. No está claro cuál es el modus operandi entre estas células, aunque al parecer las rivalidades entre éstas han sido letales en el pasado”, dice Insight Crime en una publicación reciente. Lo cierto es que ha habido un cambio en los modos en que la droga va de un lugar a otro. Antes los narcotraficantes pagaban a los militares para conseguir un acceso a la zona, pagaban por su silencio. Ahora —según informes recientes de diarios en Venezuela y en España— los militares se encargan del transporte y también reciben parte de su pago en droga, lo que produce una nueva red de tráfico para conseguir una solvencia económica de dicha droga.

 

En 2012 —en tiempos del gobierno de Chávez—, el diario The New York Times reveló una serie de mapas que mostraban las rutas de la droga desde Apure y aseguraba que esto era una evidencia de que el gobierno no prestaba la importancia necesaria al tráfico de drogas y que, por otra parte, los ciudadanos de esas zonas debían quedarse en silencio a pesar de ver que los militares ayudaban a cargar los aviones y a distribuir hacia el exterior. Una de las acusaciones puntuales de Leamsy Salazar es que Cabello habría supervisado el momento en que un avión era cargado con cocaína en la península de Paraguaná. Cabello respondió que toda esta estratagema provenía de la oposición política, que incluso —según Cabello— fue la encargada de poner cerca de US$10 millones en efectivo en un camión detenido en Puerto Cabello. El dinero provendría del tráfico. Analistas sugieren que tanto sus declaraciones como las de Maduro apuntan a la creación de un enemigo exterior —sean los narcotraficantes colombianos, sea la oposición— para sostener el gobierno en un momento de crisis política causada por la escasez de los productos básicos y el racionamiento de energía. A eso vendrían, también, las acusaciones contra 22 directivos de medios de comunicación y periodistas por replicar la información sobre sus presuntos nexos con el cartel de los Soles. Los fiscales estadounidenses no han presentado imputaciones.