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La fiscalía general de Venezuela emitió una orden de captura en contra de los líderes de la oposición. A través de un comunicado, el fiscal general, Tarek William Saab, explicó que ya se realizaron los trámites judiciales para que se oficialice la orden de captura en contra de varios miembros de la oposición.
El requerimiento de captura se extendió hacia la Interpol, máxima autoridad policial a nivel internacional.
Dentro del radar de las órdenes de captura están varios de los miembros directivos de la Asamblea Nacional (AN) paralela, principal órgano opositor en Venezuela. Entre ellos está Dinorah Figuera, presidenta que reemplazó a Juan Guaidó; Marianella Fernández, vicepresidenta; y Auristela Vásquez, segunda vicepresidenta.
Cabe mencionar que Figuera, Vásquez y Fernández recién se posesionan en los cargos directivos del parlamento paralelo, elegidos el pasado 5 de enero. Esto sucede luego de las divisiones internas de la oposición, que llevaron a la salida de Juan Guaidó como presidente interino.
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Desde 2015, vale la pena recordar, la Asamblea paralela hace oposición a las acciones y decisiones provenientes del Palacio de Miraflores, bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Basan su legitimidad en la convicción de que las elecciones legislativas de 2020 fueron un fraude.
Las órdenes de captura emitidas ahora justifican la petición mencionando que a estas personas “se les acusa de usurpación de bienes, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales” contra el gobierno de Nicolás Maduro y las leyes venezolanas.
La petición de captura también está dirigida hacia José Figueredo Márquez, secretario de la AN paralela y Luis Alberto Bustos, subsecretario de la organización.
Cabe recordar que ninguno de los cinco acusados por la Fiscalía se encuentra en Venezuela. Por ejemplo, Dinorah Figuera se exilió en España desde 2018. Por su parte, los otros miembros están refugiados en Estados Unidos y otras ciudades españolas.
En las peticiones que hace el Ministerio Público venezolano se pide que se incauten los bienes de los integrantes de la junta directiva de la AN. Además, desde Venezuela se pide que se bloqueen e inmovilicen las cuentas bancarias de estas personas. De acuerdo con la fiscalía general, estas solicitudes tienen fundamento en que las personas buscadas han estado involucradas en “el robo de activos venezolanos en el exterior”.
Es importante recordar que el 30 de diciembre de 2022 la junta directiva de la Asamblea paralela decidió crear una comisión que administre los activos venezolanos en el exterior. Entre ellos están todos los ingresos provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su sede en el exterior Citgo. La junta también designó que dicha comisión tenga control sobre la junta del Banco Central de Venezuela.
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Dinorah Figuera expresó su inconformidad frente a la orden de captura. A través de una rueda de prensa, la nueva presidenta de la Asamblea paralela explicó que “si pretenden hacer acciones contra la directiva legítima, no van a poder”. En un intento de dar pistas sobre el futuro de la AN paralela, Figuera amplió que “seguiremos (en la Asamblea) con más fuerza brindando acciones”.
Por su parte, la Asamblea paralela condenó los actos de la fiscalía venezolana. En un comunicado difundido el pasado domingo, expresó que “se considera esta acción como violatoria de todo proceso y otro atentado más en contra de los derechos humanos de Venezuela”.
Finalmente, el comunicado hace “un llamado a la comunidad democrática nacional y a los gobiernos democráticos del mundo a alzar su voz”.
De acuerdo con los reportes de la ONG Venezuela Foro Penal, hasta noviembre de 2022 había registrados 257 presos políticos dentro del país. Los informes de la organización también hablan sobre el fenómeno de persecución en Venezuela y su aumento, pues desde “2014 se registraron 15.777´detenciones políticas´”.
¿Efectos nulos?
La orden de captura contra la junta directiva de la Asamblea Nacional paralela parece no tener futuro alguno. En primer lugar, países como Estados Unidos reconocen su legitimidad y han dicho que mantendrán interlocución con dicho órgano.
Además, la decisión de apartar a Juan Guaidó de su cargo como presidente interino ha sido respetada por gran parte de la comunidad internacional. Por ende, la junta directiva que la fiscalía venezolana busca capturar es la cabeza de la “organización legítima” de Venezuela.
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