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Una nueva orden de captura contra miembros de la oposición fue emitida en Venezuela. A través de la Fiscalía se acusó al antiguo presidente de la Asamblea opositora de “traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir”. El objetivo de esta medida es nuevamente Julio Borges, antiguo miembro del Parlamento. La decisión es la tercera que el gobierno de Maduro y la Fiscalía emiten contra Borges en menos de cinco años.
Una de estas órdenes se dio debido a la “participación” de Borges “en el robo de la república depositado en Inglaterra”. La segunda, datada en 2018, acusa al venezolano “por la planificación y financiamiento del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro”. Borges además ha declarado que tiene “siete juicios abiertos por distintos motivos”.
Como explicación a la persecución política tiene desde hace años, Borges explicó que “en mi caso personal, la animadversión se da porque hemos tenido siempre una oposición muy firme del cambio político en Venezuela”.
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El aviso se dio en medio de una transmisión televisiva de parte de Tarek William Saab, el fiscal general venezolano. Para el ente judicial, Borges habría participado en un intento de “levantamiento militar en 2019″, según aseguró la agencia EFE.
Julio Borges le contó a El Espectador su opinión frente a esta acusación. “Fue un caso público y notorio. Pero con ese episodio en concreto no tuve ningún tipo de relación, pero eso al régimen no le importa”.
Las pruebas que reúne la Fiscalía consisten en “un video difundido el 13 de enero en el que el prófugo Leopoldo López señala que Julio Borges tuvo una participación directa y esencial en los hechos de abril de 2019″. Para este órgano, Borges, que está exiliado en Colombia desde hace varios años, fue partícipe de estos delitos.
“Lo que busca Maduro es buscar cualquier mínima excusa para etiquetarte o abrirte un juicio, como en mi caso”, amplió Borges.
No obstante, Borges comentó que observa que una de las razones por las cuales hay una nueva circular de captura en su contra se debe a un episodio datado en 2018. “El daño que se le hizo (a Maduro) al no firmar el acuerdo en República Dominicana que llevó al proceso de deslegitimación mundial y de desconocimiento de las elecciones de ese año″, fue, para el hoy exiliado, el motivo fundamental del acoso judicial que hoy tiene en su contra. “Eso ha sido, quizás, uno de los golpes más fuertes que Maduro ha recibido en todos estos años”, puntualizó.
En su momento, Jorge Rodríguez, portavoz del gobierno venezolano, insistió en que Colombia debe respetar “el derecho internacional” y “entregue al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración, Julio Borges”.
Saab explicó que las pesquisas del ente judicial han tenido un balance de: 93 personas investigadas; 38 prófugos: 19 privadas de la libertad; y 7 han sido condenadas.
Otros “requeridos” por la justicia venezolana
No es, pues, la primera ocasión en 2023 que la Fiscalía venezolana emite boletas de captura contra miembros y dirigentes de la oposición. Solo en lo que va de enero, toda la cúpula directiva de la Asamblea Nacional paralela fue requerida por la justicia de Venezuela.
Dentro de este grupo de personas se hallaba Dinorah Figuera, presidenta que reemplazó a Juan Guaidó; Marianella Fernández, vicepresidenta; y Auristela Vásquez, segunda vicepresidenta.
La petición de captura también está dirigida hacia José Figueredo Márquez, secretario de la Asamblea paralela, y Luis Alberto Bustos, subsecretario de la organización.
Con el nuevo requerimiento para capturar a Borges, Venezuela registra más de 250 presos políticos y miles de exiliados. Borges también se manifestó ante esto al dejar en claro que “la situación de supuesta estabilidad se ha hecho pedazos. Y por eso Maduro lo único que tiene es la fuerza bruta para aplacar alguna demanda social”.
A la fecha se han documentado más de 250 presos políticos y 15.000 detenciones políticas en el país latinoamericano. De acuerdo con la ONG Venezuela Foro Penal, desde 2014 el país ha aumentado la persecución contra los disidentes, de tal manera que “se registraron 15.777 detenciones políticas”.
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Desde 2015, vale la pena recordar, la Asamblea paralela hace oposición a las acciones y decisiones provenientes del Palacio de Miraflores, bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Basan su legitimidad en la convicción de que las elecciones legislativas de 2020 fueron un fraude.
¿Y las negociaciones entre gobierno y oposición?
Desde noviembre de 2022, el oficialismo y los partidos opositores anunciaron nuevos diálogos y acuerdos “históricos” acerca del futuro social y económico de Venezuela. Sin embargo, un mes después esas declaraciones y pactos no se han visto cumplidas en las calles del país petrolero.
Por ejemplo, en las calles de Caracas y otras ciudades se cumplieron este martes una semana de huelgas contra los bajísimos salarios de funcionarios públicos y trabajadores fundamentales como los profesores o los siderúrgicos. A todo eso, cabe mencionar el fuerte impacto de la inflación en dólares que ha recibido Venezuela desde inicio de año.
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“Ellos incluso han prometido en el marco de esas negociaciones gestos importantes sobre temas de derechos humanos, presos políticos militares y civiles y no lo han hecho. Se han comprometido en la discusión de la agenda política, pero tampoco lo han hecho”, explica Borges frente a un nuevo intento de diálogos en el país.
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