Venezuela: la tragedia de un país sin alimentos

Al menos 35.000 personas, según cifras del director del Plan Fronteras para la Prosperidad del Gobierno de Colombia, Víctor Bautista, cruzaron ayer hacia Cúcuta a través de la frontera con Venezuela para comprar alimentos y medicamentos, que escasean en su país. La frontera ha estado cerrada desde hace once meses, y la autorización de su apertura por 12 horas alentó a miles de venezolanos a parquearse en las inmediaciones del Puente Simón Bolívar desde la noche antes de la apertura. Las filas en la aduana comenzaron a las tres de la mañana. Según organizaciones privadas, el desabastecimiento general en Venezuela llega a 80 % y los únicos beneficiados son los llamados bachaqueros (contrabandistas), que venden con sobreprecios de entre 1.000 % y 4.000 %.

Esta apertura llegó en un momento difícil para la política y la sociedad de ese país. Los ciudadanos están enfrentados con las políticas de Maduro por un contexto que parece en constante declive. Además de la escasez de alimentos básicos —los venezolanos fueron al centro de Cúcuta a comprar arroz, harina, pañales, aceite, champú y papel higiénico—, Venezuela enfrenta la inflación más alta del mundo: en 2015 fue de 180,9 % y, según el FMI, en 2016 subirá a 720 %. Es decir, la divisa venezolana, hasta ahora tambaleante, tendrá cada vez menos utilidad. “No hay ni medicina para los niños, se están muriendo los niños. La cúpula es la que tiene comida. Eso es mentira que el presidente (Nicolás Maduro) dice que hay comida, mentira”, dijo una mujer que cruzó hacia Cúcuta, a la agencia AFP.

La crisis ha llegado hasta tal punto que, pese a la caída de su divisa, los venezolanos encontraron más barato comprar en Cúcuta que en Venezuela. La zona limítrofe es quizá una de las más afectadas en distribución de alimentos, dado el cierre de la frontera desde agosto de 2015, tras un ataque de un supuesto grupo de paramilitares a una unidad del Ejército venezolano. No existen cifras oficiales de la escasez durante los últimos trimestres, pero, según la firma Datanálisis, promedia 82,8 %. Al menos dos tercios de la población deben recurrir al mercado negro para adquirir los productos básicos. El gobierno de Maduro ha argumentado que exista una “guerra económica” por parte de la industria venezolana, ligada a la derecha. Sin embargo, encuestas recientes —realizadas de nuevo por Datanalisis— informan que 71,8 % de los venezolanos ven “poco o nada creíble” aquella guerra.

Venezuela está enfrentado al colapso. Más de 90 % de sus divisas depende de la exportación de petróleo, que está en caída. Sin divisas no hay mercado, y sin mercado no hay cómo exportar ni producir (porque no hay dinero para materias primas) para fomentar la canasta básica. Según Fedecámaras, la asociación que agrupa a los empresarios venezolanos, más de 85 % de la industria está paralizada por falta de insumos. Eso, a su vez, fomenta un descontento general, ahora impulsado por el dominio de la oposición en la Asamblea Nacional y la posibilidad de que este año se llame a un referendo para revocar a Nicolás Maduro.

Las soluciones políticas a la crisis han sido pocas y han tenido mala suerte. Dada la carestía de medicamentos —en las farmacias no se encuentran productos esenciales para graves enfermedades—, la oposición presentó en los primeros meses de este año un proyecto para “atender la crisis humanitaria de salud”. La ley, que sugería crear una comisión de salud conformada por diputados para recibir ayuda de la OMS, fue aprobada en mayo por la Asamblea Nacional, pero el 13 de junio el Tribunal Supremo —por demanda de Maduro— la declaró inconstitucional.

Las soluciones oficiales tampoco han surtido efecto. El gobierno de Maduro ha implementado desde abril, como una medida para atacar el contrabando (“bachaqueo”) y la escasez, los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se encargan de distribuir alimentos con precios subsidiados. Un estudio de la firma Hinterlaces encontró esta semana que 74 % de la población venezolana, a pesar de estar afectada por la escasez, no es favorecida por el programa. Además, 57 % de los venezolanos considera que no es un sistema efectivo. La inacción ha producido decenas de protestas y saqueos en los últimos meses, en las que han muerto cinco personas.

Desde hace dos semanas, los ministros de Defensa de ambos países dialogan para la posible reapertura de la frontera, que se convertiría en el antídoto de la escasez venezolana.

Al menos 35.000 personas, según cifras del director del Plan Fronteras para la Prosperidad del Gobierno de Colombia, Víctor Bautista, cruzaron ayer hacia Cúcuta a través de la frontera con Venezuela para comprar alimentos y medicamentos, que escasean en su país. La frontera ha estado cerrada desde hace once meses, y la autorización de su apertura por 12 horas alentó a miles de venezolanos a parquearse en las inmediaciones del Puente Simón Bolívar desde la noche antes de la apertura. Las filas en la aduana comenzaron a las tres de la mañana. Según organizaciones privadas, el desabastecimiento general en Venezuela llega a 80 % y los únicos beneficiados son los llamados bachaqueros (contrabandistas), que venden con sobreprecios de entre 1.000 % y 4.000 %.

Esta apertura llegó en un momento difícil para la política y la sociedad de ese país. Los ciudadanos están enfrentados con las políticas de Maduro por un contexto que parece en constante declive. Además de la escasez de alimentos básicos —los venezolanos fueron al centro de Cúcuta a comprar arroz, harina, pañales, aceite, champú y papel higiénico—, Venezuela enfrenta la inflación más alta del mundo: en 2015 fue de 180,9 % y, según el FMI, en 2016 subirá a 720 %. Es decir, la divisa venezolana, hasta ahora tambaleante, tendrá cada vez menos utilidad. “No hay ni medicina para los niños, se están muriendo los niños. La cúpula es la que tiene comida. Eso es mentira que el presidente (Nicolás Maduro) dice que hay comida, mentira”, dijo una mujer que cruzó hacia Cúcuta, a la agencia AFP.

La crisis ha llegado hasta tal punto que, pese a la caída de su divisa, los venezolanos encontraron más barato comprar en Cúcuta que en Venezuela. La zona limítrofe es quizá una de las más afectadas en distribución de alimentos, dado el cierre de la frontera desde agosto de 2015, tras un ataque de un supuesto grupo de paramilitares a una unidad del Ejército venezolano. No existen cifras oficiales de la escasez durante los últimos trimestres, pero, según la firma Datanálisis, promedia 82,8 %. Al menos dos tercios de la población deben recurrir al mercado negro para adquirir los productos básicos. El gobierno de Maduro ha argumentado que exista una “guerra económica” por parte de la industria venezolana, ligada a la derecha. Sin embargo, encuestas recientes —realizadas de nuevo por Datanalisis— informan que 71,8 % de los venezolanos ven “poco o nada creíble” aquella guerra.

Venezuela está enfrentado al colapso. Más de 90 % de sus divisas depende de la exportación de petróleo, que está en caída. Sin divisas no hay mercado, y sin mercado no hay cómo exportar ni producir (porque no hay dinero para materias primas) para fomentar la canasta básica. Según Fedecámaras, la asociación que agrupa a los empresarios venezolanos, más de 85 % de la industria está paralizada por falta de insumos. Eso, a su vez, fomenta un descontento general, ahora impulsado por el dominio de la oposición en la Asamblea Nacional y la posibilidad de que este año se llame a un referendo para revocar a Nicolás Maduro.

Las soluciones políticas a la crisis han sido pocas y han tenido mala suerte. Dada la carestía de medicamentos —en las farmacias no se encuentran productos esenciales para graves enfermedades—, la oposición presentó en los primeros meses de este año un proyecto para “atender la crisis humanitaria de salud”. La ley, que sugería crear una comisión de salud conformada por diputados para recibir ayuda de la OMS, fue aprobada en mayo por la Asamblea Nacional, pero el 13 de junio el Tribunal Supremo —por demanda de Maduro— la declaró inconstitucional.

Las soluciones oficiales tampoco han surtido efecto. El gobierno de Maduro ha implementado desde abril, como una medida para atacar el contrabando (“bachaqueo”) y la escasez, los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se encargan de distribuir alimentos con precios subsidiados. Un estudio de la firma Hinterlaces encontró esta semana que 74 % de la población venezolana, a pesar de estar afectada por la escasez, no es favorecida por el programa. Además, 57 % de los venezolanos considera que no es un sistema efectivo. La inacción ha producido decenas de protestas y saqueos en los últimos meses, en las que han muerto cinco personas.

Desde hace dos semanas, los ministros de Defensa de ambos países dialogan para la posible reapertura de la frontera, que se convertiría en el antídoto de la escasez venezolana.