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Venezuela rechazó este martes el “grosero e indebido chantaje” de Estados Unidos tras la reactivación de sanciones a la industria petrolera y anunció en represalia que suspenderá cualquier mecanismo de cooperación, incluidos los vuelos de repatriación de migrantes, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
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“Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de EEUU”, escribió Rodríguez en la red X. “Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos” reactivados en octubre pasado tras acuerdos políticos que llevaron a la flexibilización de sanciones.
Este martes, cuatro días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de corte oficialista, mantuviera la inhabilitación de Machado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que “Estados Unidos no renovará la licencia” que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024.
El anuncio llega horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro diera de plazo hasta el próximo 13 de febrero para “liquidar cualquier transacción” pendiente con Minerven, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela.
“Falta de avances”
Washington toma estas medidas “a falta de avances” entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria, “particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año”, especificó Miller.
Las autoridades estadounidenses están muy descontentas.
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Desde octubre ha habido un canje de presos, pero en los últimos días 36 personas, entre civiles y militares, han sido detenidas, incluidos tres colaboradores de Machado. Las autoridades venezolanas los acusa de estar vinculados con cinco “conspiraciones” para asesinar a Maduro.
“Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados”, se quejó Miller.
El TSJ selló una inhabilitación política por 15 años contra Machado, quien arrasó en las elecciones primarias de la principal alianza opositora. Ella reaccionó diciendo que “Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato”.
El entorno de Machado aplaude la reacción estadounidense.
“Alternabilidad”
“Lo que me consta es que Estados Unidos cada vez más está involucrándose en la salida constitucional y democrática que Venezuela debe dar y está forzando al régimen en ese sentido a que se abra unas elecciones, unas elecciones transparentes que permita la alternabilidad que durante 24 años no ha tenido Venezuela”, dijo a la AFP Perkins Rocha, abogado de la líder opositora.
Maduro no da su brazo a torcer.
“¿Quién pidió la máxima presión? ¿Quién pidió una invasión de tropas estadounidenses a Venezuela? ¿Quién pidió que destruyeran la industria petrolera? (.....) ¿Quién pidió eso? El pueblo venezolano sabe los apellidos: los Guaidó, los López, la Machado, el Borges”, afirmó el lunes por la noche en su programa de televisión citando apellidos de varios opositores.
“Y después entonces se dan la vuelta y dicen ‘soy candidato’, ‘soy candidata’ (...) O se cumplen sus caprichos o piden otra vez sanciones”, protestó.
Por el momento Estados Unidos no ve alternativa al acuerdo de Barbados, que sigue considerando “el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga duración de Venezuela y celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, insistió Miller.
Y para eso es esencial -añadió- que la oposición pueda “elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024″, que deberían celebrarse durante la segunda mitad del año en una fecha por determinar, bajo supervisión internacional.
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Biden llevaba días sometido a presiones, incluso de su Partido Demócrata, para que reimpusiera las sanciones.
Algunos congresistas republicanos van más allá e instan al gobierno a “buscar cooperación internacional para el arresto y extradición de Nicolás Maduro”, a quien Washington ha acusado hace años de narcotráfico.
El Departamento de Justicia estadounidense ha ofrecido incluso una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.
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