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El debate sobre una intervención que acabe con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha tomado un rumbo errado. Discusiones sobre la conveniencia se han mezclado con los de la posibilidad de una operación de una envergadura sin precedentes en las Américas. Además, en la memoria reciente siguen frescas las imágenes de Afganistán, Irak y Libia, las grandes intervenciones de lo que va del siglo XXI. Esos recuerdos alteran el análisis y no permiten ver con claridad lo que podría ocurrir en el país vecino. En esta nota pretendo reencauzar el debate sobre las intervenciones, yendo más allá del esquema de zonas de exclusión aérea y marines en el terreno, contextualizando histórica y geopolíticamente el tipo de operación que parece estarse gestando desde los Estados Unidos con la participación de Colombia.
En primer lugar hay que dejar en claro que una intervención convencional (al estilo de las mencionadas en Asia Central, Medio Oriente y Norte de África) no es viable, y al no serlo, es inconveniente. Las razones comúnmente expuestas para esto tienen que ver con la legalidad internacional, por un lado, y los apoyos extra-regionales de Venezuela (China y Rusia), por el otro. Además, se incluyen las tradicionales aprehensiones latinoamericanas con respecto a acciones de fuerza directas de los Estados Unidos en la región. Pero la viabilidad de una operación como la que se plantea en este desviado debate tienen que ver también con un factor táctico generalmente ignorado, y es la capacidad defensiva antiaérea venezolana. Mucho se habla, a ambos lado de la frontera, de los poderosos Sukhoi SU-30. La opacidad de la información sólo nos permite presumir que apenas cuatro (4) de esos veinticuatro (24) cazas-bombarderos estarían en condiciones operativas de combate. Así, la capacidad ofensiva aérea venezolana estaría limitada.
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Distinto es el caso de las capacidades antiaéreas. Venezuela adquirió de Rusia trece (13) sistemas S-300, lo que le permitiría interceptar blancos aéreos a una altura máxima de 30 km, con un alcance máximo de 200 km, y con una precisión de hasta un 95%, incluso contra objetivos supersónicos. No olvidemos que los sistemas de defensa rusos han sido desarrollados teniendo como objetivo neutralizar las capacidades ofensivas de los sistemas de la Otan. Por si fuera poco, Venezuela podría contar con hasta 2,500 Igla Manpads, lanzaderas manuales de cohetes tierra-aire, de corto alcance y capaces de ser operadas por una persona. Ambos sistemas defensivos son móviles, lo que los hace virtualmente invulnerables. La superioridad antiaérea venezolana, de manufactura rusa, es un factor con el cual no contaron los talibanes, Gadafi, ni Saddam, y haría que el establecimiento de una zona de exclusión aérea fuese muy riesgosa, sobre todo para un gobierno asediado desde dentro, como lo es el de Trump. Estos datos tácticos son ampliamente conocidos por los estrategas militares, razón por la cual el tipo de intervención de la que se habla no corresponde a las clásicas ya mencionadas.
Bajo estas circunstancias tenemos dos fuentes de información que nos ayudarían a anticipar el tipo de intervención que se prepararía. Una es la historia de las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica y Caribe, y la otra son las declaraciones recientes de altos funcionarios de los Estados Unidos. Cuando se repasan las acciones de fuerza de la superpotencia en nuestra región, salta a la vista que en Centroamérica y el Caribe se han dado operaciones directas y acompañadas por ocupación. Las dimensiones y capacidades de los Estados intervenidos (Dominicana, Granada o Panamá, por ejemplo) han facilitado este patrón. Mientras que en Suramérica la aproximación ha sido indirecta, requiriendo en todos los casos de fuerzas locales que lleven adelante la labor. De además de ese patrón histórico de diferenciación geográfica, tenemos que la administración Trump no sólo ha sancionado, sino que además ha ofrecido a los militares venezolanos la posibilidad de gozar de reconocimiento internacional y amnistía, siempre que, a cambio, derroquen a Maduro.
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Esta aproximación indirecta es la que está operando, y Colombia, como el principal vecino de Venezuela y aliado regional de los Estados Unidos, es clave en esta operación. De allí se puede explicar por qué el gobierno Duque no firmó la declaración del Grupo de Lima en la que se rechazaba cualquier acto de fuerza para promover un cambio de régimen. En este marco de análisis geoestratégico, no sería coincidencia que Guyana, el vecino occidental de Venezuela, tampoco haya firmado la declaración.
Aunque en teoría es menos costosa para los Estados involucrados, el tipo de operación que presumiblemente se estaría diseñando, un golpe alentado desde el exterior, no está exento de dificultades. Un golpe de Estado es una operación político-militar compleja que requiere coordinación táctica y acuerdos sólidos basados en intereses, lealtad y obediencia. La Fuerza Armada venezolana ha sido purgada y politizada regularmente desde 2002, habiéndose impuesto la figura del comisariato político y la frecuente rotación de mandos. Lo que la historia de las dictaduras modernas ha demostrado es que un golpe fallido puede convertirse en la mayor bendición para un régimen decadente. Los costos para la sociedad venezolana serían aún mayores de lo que ya han sido, y la oleada migratoria se potenciaría, poniendo a prueba las capacidades de los Estados y la tolerancia de las sociedades en los países vecinos. No obstante, el régimen chavista no está dejando otra opción, apostando al doble o nada con el fin de inhibir a sus enemigos internos y externos, y así seguir viviendo un día a la vez.
Víctor M. Mijares es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Email: vm.mijares@uniandes.edu.co