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A inicios de agosto se difundió un informe de Naciones Unidas señalando a Venezuela como el país con mayor pérdida de población en los últimos años, incluso más que Siria. Se calcula que el año pasado el país contaba con casi 28 millones y medio de habitantes, población similar a la que tenía en 2010, y unos cuatro millones de habitantes menos de lo que se esperaba. Esto no sorprende debido a la migración masiva y a las precarias condiciones de vida. Lo que sí sorprende es el acelerado envejecimiento de la población y los efectos que esta nueva composición de la pirámide poblacional tendrá en el futuro desarrollo económico y social del país.
La primera causa de esta reducción es la migración masiva, especialmente la que se ha dado en los últimos seis años, sin desconocer que el flujo comenzó a registrar ligeros incrementos desde el año 2000. Se estima que aproximadamente 5,6 millones de personas han huido de Venezuela y que, aún cuando se presentan flujos de retorno, especialmente por la pandemia, estos no son significativos frente a las cifras de salida.
La migración de población joven económicamente activa
Las estadísticas, realizadas en precarias condiciones por organizaciones no gubernamentales, dentro y fuera de Venezuela, así como de Naciones Unidas han permitido evidenciar que la migración está compuesta en su mayoría por población joven económicamente activa. Esto explica, en buena medida, el envejecimiento en pocos años de la población y la gran cantidad de menores de edad a cargo de sus abuelos u otros familiares mayores.
Y es que la curva poblacional empezó a descender justamente en el año 2015 cuando se dio una de las primeras oleadas masivas migratorias y se empezó a evidenciar internacionalmente el acelerado deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, producto de las políticas implementadas desde el gobierno.
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Como bien lo ha expresado la profesora venezolana en demografía, Anitza Freitez, el envejecimiento en el país se adelantó casi 20 años. Esto, sumado a una infraestructura profundamente deteriorada, ha hecho que el país no esté preparado para atender a los niños y adultos mayores que no cuentan con familiares en edad productiva.
Si para muchos sobrevivir en Venezuela resulta un drama por los desafíos físicos y psicológicos, para esta población es aún más difícil. Evidencia de ello son los numerosos casos de personas mayores que han fallecido sin atención. A esto se suma la devaluación de las pensiones que equivalen a menos de un dólar. Por esto, no es de extrañar que más del 80 % de la población adulta mayor en Venezuela vive en situación de pobreza.
Otro problema generado por esta situación es que los menores de edad quedan expuestos al reclutamiento de grupos criminales urbanos o a los peligros que representa la migración de niñas y niños sin acompañantes. Este es un fenómeno que ha aumentado en los últimos años y que expone a los menores a otra cantidad de riesgos como el tráfico de personas.
Y es que migrar no garantiza una mejora de las condiciones de vida ni de seguridad. Muchas de las personas que han salido en los últimos años del país lo hacen caminando o en barcas artesanales poco seguras sin contar con los recursos económicos mínimos para cubrir sus necesidades durante el recorrido. De esta manera, los migrantes quedan expuestos a diversos peligros y en muchos casos carecen de protección debido a su condición irregular.
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Además del tráfico de migrantes, la trata de personas y el reclutamiento forzado, los migrantes están expuestos a recurrentes expresiones de xenofobia en algunas sociedades receptoras e incluso desde las mismas autoridades. El reciente pronunciamiento de la Alcaldesa de Bogotá sobre su intención de crear un comando especial contra la criminalidad de extranjeros y de realizar “identificaciones forzosas” es un claro ejemplo de ello. Esta discriminatoria propuesta, sin embargo, parece inspirarse en una política del gobierno de Perú de 2020 que creó una brigada con la misma finalidad.
Sin embargo, también es importante reconocer el esfuerzo que han hecho gobiernos de algunos países vecinos, en especial Colombia, con la implementación del Estatuto Temporal de Protección. Este, además de otorgar a los venezolanos el beneficio de regularización, permiten conocer con mayor claridad las características de la población migrante, algo que debería provenir del régimen venezolano pero que producto de su negacionismo ha llevado a la ausencia de cifras y a una mala gestión migratoria.
La esperanza de vida
Otro aspecto a tener en cuenta son las dificultades relacionadas con la calidad de vida, particularmente la alimentación y la salud que tiene un gran impacto sobre la esperanza de vida y su retroceso en el país. La mortalidad infantil ha sufrido un retroceso de dos décadas debido a la desnutrición en niños, niñas y mujeres gestantes, mientras que la tuberculosis es una de las principales causas de muerte en las cárceles. Esto sin ahondar en las cifras de muertes violentas.
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Y en cuanto a las cifras de muertes provocadas por la pandemia, que ha generado un impacto a nivel global, en el caso de Venezuela se desconocen ya que lo reportado por medios y algunas organizaciones no gubernamentales dista de las estadísticas y registros oficiales.
Todo esto nos deja en claro que el abordaje de la crisis de la migración venezolana requiere de atención coordinada e inmediata por parte de los países de la región. Pero tampoco podemos olvidar a las más de 28 millones de personas que aún viven en Venezuela, e incluso aquellos que no desean migrar y que necesitan de toda la cooperación internacional posible para seguir trabajando para mejorar las condiciones de vidas de miles de personas en medio de una dictadura.
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*Nastassja Rojas es cientista política y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Máster en Rel. Internacionales. Candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Especializada en movimientos migratorios, estudios de género y política venezolana.
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